Carta al MERCOSUR: no queremos el Acuerdo con la Unión Europea

En el marco de la semana de acción contra el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, elevamos como representantes de organizaciones pertenecientes a los países del Mercosur, una carta a la presidencia pro-témpore del bloque regional, a cargo del presidente de Argentina Alberto Fernández, para manifestar nuestra preocupación por las graves consecuencias para nuestro país y nuestra región, que la ratificación de este acuerdo implica.

La carta detalla los impactos ambientales y territoriales del acuerdo, vinculados a la expansión de la matriz extractivista, que provocará mayores emisiones de gases de efecto invernadero, un incremento en el uso de agrotóxicos y semillas transgénicas, desmontes e incendios de bosque nativo, incrementará el acaparamiento de tierras y el despojo de familias campesinas y comunidades indígenas de sus territorios.  

Hemos manifestado nuestra preocupación por la afectación del trabajo y la industria tras la liberalización del mercado en ramas claves de nuestra matriz productiva, la pérdida de miles de puestos de trabajo, la ruptura de la estructura de comercio entre países del Mercosur y el desincentivo a la producción de bienes de valor agregado.

También mencionamos nuestra alarma por la falta de garantías en cuanto a derechos humanos y de las comunidades que el acuerdo supone, a la vez que otorga grandes garantías al sector privado. En este sentido, también denunciamos la ausencia absoluta de participación pública en las negociaciones, incluso de los sectores más afectados, como trabajadores, campesines, la pequeña y mediana empresa y la economía popular.

Manifestamos nuestra grave preocupación en torno a las nuevas condiciones para las contrataciones públicas, que serán sometidas a las reglas del libre mercado, restringiendo la posibilidad de fomentar las industrias nacionales a través de la compra pública, y sometiendo a la economía popular y las pequeñas y medianas empresas locales, a la competencia con empresas europeas para el abastecimiento al Estado.

Finalizamos reafirmando que este tipo de acuerdos han teñido la historia de América Latina de pobreza y desigualdad, afectando gravemente no sólo la economía de los países del Sur Global, sino también socavando su soberanía política ante los bloques del Norte Global.

Podrán leer la carta completa a continuación.

 

 

26 de mayo del 2021, Buenos Aires. Argentina

 

Su Excelencia,

Presidente Pro témpore MERCOSUR

Dr. Alberto Fernández,

De nuestra mayor consideración: 

 

Nos dirigimos a usted como parte de organizaciones sociales y ambientales de países del MERCOSUR con la intención de hacerle llegar nuestras preocupaciones sobre el tratado de libre comercio (TLC) entre dicho bloque económico y la Unión Europea.

 

Estas negociaciones que comenzaron en el año 2000 y finalizaron en julio del 2019 esperan ser ratificadas en los próximos meses por los países miembros de ambos bloques. Si esto sucede, sería el mayor acuerdo comercial jamás aplicado en ambos bloques en cuanto al número de ciudadanos/as afectados/as. 

 

Este acuerdo va a tener un alto impacto en la región, tanto para la sociedad en su conjunto como para el ambiente que habitamos. Ante la ausencia de estudios de impacto oficiales en el Mercosur es que nos gustaría exponer ante usted algunas problemáticas de vital importancia que creemos que se verán agravadas por este TLC, analizadas de manera extensa por numerosos especialistas y organizaciones de ambos lados del Atlántico, en base a los textos publicados tardíamente al finalizar esas negociaciones en 2019, y que no son todos los textos ni los textos finales.

 

1- Impactos ambientales y territoriales

La agricultura intensiva, la producción intensiva de carne y a gran escala y el transporte de mercancías por vía marítima son actividades que empeoran la actual crisis ecológica y productiva que atravesamos como humanidad y como sociedades altamente globalizadas. La quema de combustibles fósiles y las actividades agroindustriales son las principales causas del calentamiento global y este acuerdo sólo acelera estos procesos que son una amenaza para la biodiversidad (incluida la biodiversidad agrícola) y los ecosistemas de cuya salud y equilibrio dependen en gran medida nuestras poblaciones indígenas y campesinas y la vida en todo el planeta. Asimismo, entran en franca contradicción con las metas nacionales para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (NDC) de nuestros países, comprometidas en el Acuerdo de París de la Convención de las Partes.

El TLC pone en jaque la soberanía y seguridad alimentaria, generando condiciones para la profundización de un modelo productivo extractivo y primarizador de la economía basado fundamentalmente en el  agronegocio y el monocultivo agrario, especialmente soja transgénica, caña de azúcar y ganadería. El aumento de la frontera para cultivos y pasturas para aumentar las exportaciones previstas en el TLC, provocará el incremento de desmontes e incendios forestales, atentando contra la biodiversidad de nuestra región, disminuyendo la disponibilidad de agua potable, y aumentando la emisión de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, aumentará los conflictos por la tierra y profundizará el avance empresarial sobre territorios de pueblos originarios y del campesinado, concentrando la tenencia de la tierra y su usufructo en grandes empresas y propietarios, aumentando la especulación financiera y posibilitando también la concentración de la exportación de productos en manos de unos pocos empresarios. 

 

Existe una relación profunda entre el modelo del agronegocio (y su paquete tecnológico), la deforestación y el cambio climático, vastamente documentada en análisis científicos y sociales. Se estima que entre el 25 y el 30% de los gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera cada año se deben a la deforestación, actividad que se vería potenciada por este acuerdo. 

 

Por lo antedicho sostenemos que el TLC aumentará las injusticias ambientales, socioeconómicas y de género dentro del MERCOSUR y entre ambas regiones, en beneficio de las grandes empresas transnacionales.  Además, la solución planteada desde la UE para viabilizar la firma final y ratificación posterior del acuerdo es un protocolo ambiental anexo que en el mejor de los casos es poco más que “maquillaje verde” que implicaría sanciones sólo para los países del MERCOSUR. Estas relaciones son históricas y un TLC, que resultaría activo en un período de décadas, debería mirar las necesidades presentes y futuras de los pueblos, no solo sugerir falsas soluciones que no cambian el carácter colonial del acuerdo. 

               

La preocupación pública -legítima- por los impactos ambientales que implica el acuerdo está siendo utilizada por mandatarios europeos para sus propios fines electorales y por la Comisión Europea para reforzar el sistema de solución de controversias contemplado en el TLC agregándole competencias y atribuciones que no le corresponden pero que sí responden a los intereses de sus empresas transnacionales y a sus propios intereses neocoloniales. La solución que plantea la UE es someter a los países del MERCOSUR al cumplimiento de cláusulas ambientales a través del mecanismo de solución de controversias del TLC entre ambas regiones. De esta manera supedita y subordina la protección de los derechos humanos y ambientales a las reglas y mecanismos de aplicación del libre mercado. Nuestra región tiene vasta experiencia sobre los efectos de los mecanismos de solución de controversias en materia de comercio e inversión en las políticas públicas, la soberanía y los derechos humanos. Cientos de organizaciones sociales han denunciado los efectos nocivos de estos mecanismos y demandado la moratoria y evaluación de los mismos. Es inadmisible que se supediten y subordinen los derechos humanos, incluidos los relacionados al ambiente a este tipo de mecanismos. 

 

2- Impactos en el trabajo y la industria

El TLC entre el Mercosur y la UE profundizará la inserción periférica de nuestra región a la economía y comercio internacional. De entrar en vigencia, el TLC fijaría un patrón de relacionamiento con Europa en el que el MERCOSUR se concentrará en la exportación de productos primarios de origen extractivo, mientras que se libera el ingreso de bienes de origen europeo en algunos sectores especialmente sensibles para pensar en una perspectiva de desarrollo productivo industrial futuro. La vigencia del TLC será un claro obstáculo en la necesaria transformación de la matriz productiva para mejorar las condiciones en las que los países del MERCOSUR se insertan en la economía mundial.      

Nuestro bloque acordó liberalizar el 91% de su comercio bilateral con la UE en un período que, para la gran mayoría de los productos, será solo de diez años, con una pequeña canasta de exclusiones. Se abrirán sectores sensibles clave para el Mercosur, como automóviles, repuestos, textil,  maquinaria, productos químicos y medicamentos. Sectores que podrían permitir, con políticas públicas adecuadas, encadenamientos regionales de complementación productiva. Además, se trata de sectores más intensivos en conocimiento, calificación, tecnología, innovación y mano de obra calificada. Todos elementos virtuosos para permitir un cambio en la matriz productiva y mejoras sustantivas de la calidad del empleo.

En el caso de Argentina, un estudio de impacto sobre el acuerdo realizado en diciembre de 2017 por el Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior de la Universidad Metropolitana (ODEP, 2017) estimó que 186.000 empleos del sector industrial están en riesgo en el país. Los principales sectores afectados en términos absolutos serían la metalmecánica (se perderían 48.000 empleos), calzado, textiles, artículos de cuero y muebles (47.000), autopartes (32.500), químicos (1.000) y automotores (9.500). En el sector metalmecánico, la fabricación de motores, bombas, compresores y válvulas, así como maquinaria agrícola y la producción de equipos eléctricos, se verían particularmente afectados.  Estos empleos no podrían ser reemplazados por empleos generados en el sector agroindustria, principal beneficiado del acuerdo. El sector agroindustrial, en especial el que tiene destino a la exportación, tiene escasa capacidad de generación de empleo y se caracteriza por desarrollar relaciones laborales con propensión a la precarización y el no cumplimiento de los derechos laborales básicos a las trabajadoras y trabajadores empleados. Realidad por mucho contrastante con la agricultura campesina, crecientemente acorralada por el agronegocio y que provee alimentos sanos empleando una gran fuerza de trabajo en condiciones más adecuadas en términos de derechos y respeto a las formas de vida y ocupación del territorio.      .

Entre los perjudicados del sector agroalimentario del Mercosur se encuentra el sector lácteo. El arancel pasará del 28% al 0% una vez que el acuerdo entre en vigor. La Comisión Europea explicó que el sector lácteo europeo es uno de los “beneficiados” de este tratado. Empresarios de todo el sector del Mercosur, reunidos en el Congreso Panamericano de la Leche en noviembre de 2018 plantearon su objeción a la inclusión de este tema en el acuerdo. La liberalización en el mercado del queso y de leche tendrá un impacto en la venta de productos lácteos de Argentina y Uruguay a Brasil. En el caso de Argentina, Brasil es el principal comprador de sus productos lácteos: el 40% de la producción láctea va a ese país. Actualmente, los quesos europeos pagan una tarifa de entrada al Mercosur del 28%. La liberalización podría provocar el reemplazo de los quesos argentinos y uruguayos por los europeos, afectando a la industria  láctea, a sus trabajadores y a los pequeños productores lecheros en ambos países. 

Las personas trabajadoras se encuentran desamparadas bajo este acuerdo ya que no otorga ningún papel a los sindicatos para monitorear y garantizar el respeto de los  compromisos con las normas laborales internacionales fundamentales y no reconoce la creación de un Foro Laboral específico que supervisaría la implementación de la dimensión laboral; en consecuencia,  el acuerdo desconoce el rol democrático de los interlocutores sociales como actores fundamentales del desarrollo sustentable y pilares de un verdadero y efectivo diálogo social.  

En síntesis, beneficia solamente a las grandes empresas e impide la diversificación de la matriz productiva, profundizando la actual, concentrada en productos primarios, que implican uso intensivo de la tierra y aplicación de agrotóxicos; restringe la posibilidad de desarrollo de sectores industriales con mayor valor agregado, desarrollo tecnológico y capacidad de generación de empleo con mejores condiciones laborales, mayor calificación y mejores salarios. Este tratado nos lleva, como región, a una gran desindustrialización y reprimarización de nuestras economías. 

 

3-Impactos en la sociedad democrática y los derechos

La falta de estudios de impacto de este Tratado por parte de MERCOSUR ha sido sistemática. Más notoria es aún la ausencia de mecanismos robustos y efectivos por fuera del TLC pero como parte del Acuerdo de Asociación en sus pilares político y de cooperación que garanticen la primacía de los Derechos Humanos y los derechos de las comunidades por sobre el TLC que constituye el pilar comercial del acuerdo     .

Hay un total desequilibrio entre los derechos económicos y políticos que se garantizan para las empresas con los derechos de la ciudadanía y de las comunidades. Entonces, al igual que en otros tratados de libre comercio, los derechos humanos quedan por debajo de los derechos de las corporaciones y los inversores. 

También es notoria la ausencia de participación pública. El acuerdo se negoció por 20 años en secreto y sin control democrático, pese a tener un impacto potencial enorme en las condiciones de vida y trabajo de los pueblos  de ambos bloques económicos. La sociedad civil de MERCOSUR  fue mantenida  a distancia o ignorada, no hubo consultas con organizaciones sindicales, sociales, ambientales, de derechos humanos, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), los pueblos originarios ni a los pequeños productores agrarios locales. 

 

El texto acordado en julio de 2019 no es enteramente de conocimiento público; gran parte de los compromisos entre las partes no fueron publicados y se desconocen completamente. En todo el proceso de negociación el MERCOSUR no generó análisis oficiales de medición de impactos que pudieran haber alimentado el debate con los actores sociales. También quedaron marginados del debate, instancias de representación democrática claves como es el Parlamento del MERCOSUR. El secretismo y la falta de transparencia son enemigos de la democracia y atentan contra el acceso a la información que permitiría un debate público necesario en materias tan sensibles como las que compromete este tratado con la UE.

 

El texto en su forma actual prácticamente no da espacio para su participación. La población no tendrá ningún poder de control, y todavía menos poder para influir en las decisiones tomadas sobre los posibles problemas que surjan al implementar el acuerdo. Su “participación” se limita a ser notificada de decisiones tomadas, no hay un rol de poder en donde se pueda incidir en la toma de decisiones dentro del acuerdo. Por lo tanto, las instituciones administrativas establecidas se crearon para que las élites políticas y económicas garanticen sus propios intereses.

 

La firma de este TLC también implicará justificar las terribles violaciones de derechos humanos en Brasil y mostrar apoyo a un gobierno que está socavando la democracia y el Estado de derecho. 

En la década comprendida entre 2009 y 2018 tuvieron lugar 363 asesinatos de activistas medioambientales y por la defensa de la tierra en Brasil. De hecho, se trata con diferencia del país en el que se cometen más delitos de este tipo: Brasil es el tercer país del mundo con más muertes de activistas medioambientales, sólo por detrás de Filipinas y Colombia. La impunidad sigue siendo la norma, ya que estos delitos casi nunca se investigan ni juzgan. Según el Informe de la ONG Global Witness el país contabilizó 24 muertes en 2019, cuatro más que el año anterior. El 90% de los casos se produjeron en la Amazonia, donde la destrucción de las tierras indígenas se ha acelerado en la gestión de Bolsonaro.

Si hay algo que caracteriza al acuerdo entre el Mercosur y la UE es la falta de consenso. Los incendios en la Amazonía han abierto los ojos de muchos sectores progresistas en los países europeos. El foco ha sido puesto especialmente en todo lo que sucede en el Brasil gobernado por Jair Bolsonaro. Los desplazamientos de los pueblos originarios y campesinos y la violencia ejercida contra ellos han sido de público conocimiento. A partir de esto, varios países europeos, así como regiones subnacionales, comenzaron a quitarle el apoyo al tratado, como una especie de penalización comercial a cuestiones de derechos.

Tampoco se contempla la cuestión de género: vía la profundización del patrón de producción y comercio primario extractivo, las consecuencias en el ámbito del trabajo remunerado afectarían más a las mujeres, aumentando la brecha salarial, la informalidad laboral, la feminización de la pobreza, e incluso la violencia de género, al profundizar la dependencia económica de muchas mujeres precarizadas o desocupadas. 

4- Impactos en el rol del Estado

Las disposiciones del capítulo de Contratación Pública ponen fin a la posibilidad de que los gobiernos nacionales o provinciales desarrollen políticas públicas específicas que fomenten y beneficien las economías locales. Esto podría evitar la generación de empleo público o incluso privado basado en contratos con el Estado. Al igual que con la reducción de los aranceles para los productos industriales, las disposiciones del acuerdo relativas a la contratación pública en su forma actual probablemente debilitarán las cadenas de valor locales y regionales, limitarán severamente el espacio de los gobiernos para utilizar esta herramienta de política pública para apoyar a la industria y el empleo nacional y regional, al tiempo que aumentarán la dependencia de las empresas transnacionales para la provisión pública, como la construcción de carreteras. Más allá de esta preocupación, ni este capítulo ni el no vinculante sobre pequeñas y medianas empresas les asegura trato especial y diferenciado a los productores de bienes y provedores de servicios del MERCOSUR, para corregir las enormes asimetrías que existen entre ambas regiones.

El capítulo de contratación pública somete las compras gubernamentales a la lógica y reglas del libre mercado, restringiendo severamente la posibilidad de usar este instrumento para promover el empleo y la industria nacionales.  Además, el TLC establece que las pequeñas y medianas empresas locales deben competir en igualdad de condiciones con las multinacionales europeas en la contratación pública, lo que implica en cómo los Programas de Compra de Alimentos (PAA) y de Alimentación Escolar (PNAE) tienen como principales beneficiarias a las mujeres agricultoras (protagonistas en la gestión de la producción y comercialización de alimentos saludables), siendo las más afectadas por el Acuerdo.

 

El tratado pone en peligro el ámbito de lo público. Establece que todos los servicios públicos quedan sometidos a las disposiciones generales del acuerdo. Es decir, que los servicios públicos provistos por el Estado en régimen de competencia con proveedores privados deberán someterse a las reglas del libre mercado y administrarse con arreglo a criterios meramente comerciales. Así, los servicios públicos dejan de ser derechos humanos garantizados por el Estado y pasan a ser mercancías a las que sólo tiene acceso quien pueda pagar por ellas.

El TLC restringe la posibilidad del Estado de controlar, abre nuevos mercados especialmente para las empresas de la UE, al tiempo que impide el uso de políticas públicas para regular las inversiones, los servicios, el comercio electrónico o el movimiento de capitales. Tales medidas afectarán particularmente a los países del Mercosur y conducirán a una mayor destrucción de las cadenas de valor locales y regionales, al mismo tiempo que aumentan la dependencia de las empresas transnacionales. Mientras tanto, estas compañías no estarán obligadas a hacer compromisos vinculantes para cumplir con los derechos humanos o las normas ambientales, ya que el acuerdo no establece mecanismos de responsabilidad exigibles para las corporaciones, sino que se basa en medidas de responsabilidad social empresaria opcionales y autorreferenciales, que las corporaciones mismas puede definir.

 

5-Impactos en la integración regional

 

El tratado es un obstáculo para la integración regional en América Latina, ya que desconoce las asimetrías históricas que aún persisten entre ambas regiones y enfatiza la actual división internacional del trabajo, extractivista de bienes primarios en el Sur global e importadora de bienes industriales con alto valor agregado y productos agrícolas fuertemente subsidiados de la producción local europea.

 

Profundiza nuestro rol periférico, porque se perfora el mercado regional cediendo compromisos como bloque a favor de la UE. Un ejemplo de ello son las disposiciones en materia de contratación pública y compras gubernamentales.

Los negociadores de este acuerdo se aseguraron de que la sociedad civil no tuviera ningún rol dentro del proceso de negociaciones, por lo que carece de consenso y legitimidad social entre la población de ambos bloques. No es democrático ni hay interés alguno de que se genere debate real; es menester de la sociedad civil manifestarse en la instancia que le corresponda. Por ello, miles de personas, comunidades y pueblos afectados por los Tratados de Libre Comercio alzan sus voces en contra de este acuerdo. Más allá de los evidentes puntos sensibles del acuerdo, no poder garantizar una intervención en caso de violaciones de derechos, por ejemplo, es todo lo contrario de lo que se puede llamar democrático. 

 

La historia latinoamericana ha demostrado que los Tratados de Libre Comercio son sumamente perjudiciales para el Sur Global, dejando pasivos sociales, ambientales y económicos de difícil recuperación. A través de la presente nota dejamos constancia de  nuestra profunda preocupación por la cuestiones planteadas anteriormente, nuestra oposición taxativa a la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea – MERCOSUR, y quedamos a disposición para abrir canales de diálogo verdaderamente democráticos donde podamos aportar nuestra visión y nuestra buena voluntad para el impulso de un modelo de integración con justicia, tanto social, ambiental, económica como de género, que beneficie a todos los habitantes de nuestro bloque, fortaleciendo un Mercosur que beneficie a las grandes mayorías y por sobretodo nos brinde garantías para nuestros pueblos.

 

Saludan cordialmente,

 


Amigos de la Tierra Argentina

Amigos de la Tierra Brasil

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay

SOBREVIVENCIA – Amigos de la Tierra Paraguay

ATALC – Amigos de la Tierra Latinoamérica y el Caribe 

Soberanía Alimentaria: “Producir local y consumir local, de esa manera se hace universal”. Entrevista a Miryam Gorban

Por Wanda Olivares, Amigxs de la Tierra Argentina

Nutricionista, investigadora y militante, con sus 89 años Miryam Gorban es una de las voces más escuchadas  para pensar la problemática del hambre desde una perspectiva soberana.
Creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, con dos doctorados Honoris Causa que reconocen su compromiso con la humanidad, Miryam Gorban se convirtió en una indiscutible referenta de la soberanía alimentaria en el país.
En la Cumbre Mundial por la Alimentación de 1996, Miryam conoció el concepto de Soberanía Alimentaria junto a la Vía Campesina, y desde allí inició un trabajo fundamental por la lucha contra el hambre y la malnutrición, la concentración económica y la dependencia alimentaria.
Discute el modelo económico y propone programas de Estado desde la interpretación del marco político que define la producción, comercialización y distribución de alimentos, pero fundamentalmente, desde el conocimiento profundo del hambre en los barrios.

Imagen publicada por Slow Food International

¿Cómo definirías el rol de las organizaciones que hacen a la soberanía alimentaria en la emergencia del hambre?

Yo creo que acá hay un rol muy importante que está jugando la solidaridad de todo nuestro pueblo, que es un signo de distinción para decirlo así, y por eso me siento muy orgullosa de ser argentina. Este desarrollo de los comedores populares, que no se da en otros países con la misma intensidad que acá, aunque haya más hambre, es un ejemplo a tener en cuenta porque realmente esto lo hemos aprendido en la crisis de la hiperinflación, y sobre todo en la crisis de 2001. En estos procesos, fuimos encontrando recursos en la emergencia que son la base hoy de la economía social, fueron alternativas para salir de la situación en ese momento, y ahora está pasando lo mismo.
La soberanía alimentaria nosotros no la planteamos en un marco de emergencia, la marcamos como política general, política pública que marque el destino de la autosuficiencia alimentaria de un país, que sea soberano realmente y que resuelve el problema de la alimentación. Pero acá tenemos una crisis económica, una crisis ambiental, y además de todo eso, tenemos encima una situación de hambre a la que nos arrastró el neoliberalismo.
Entonces todas las fuerzas están pensadas, están coordinándose y enlazándose para superar esta situación, buscando distintas alternativas. La de los comedores populares son una, las cooperativas son otras, las empresas recuperadas también lo son, toda esta suma de acciones son las que están aportando a superar la crisis.

¿Cómo es posible transitar hacia una mejora en la dieta de los comedores y de los sectores populares? ¿Cómo reemplazamos los alimentos ultraprocesados por alimentos sanos y accesibles para el pueblo?

En ese sentido es muy importante el aporte de la huerta comunitaria, la granja comunitaria, producción de pollo y huevos, desde ya. Nadie habla del huevo, los huevos son fundamentales porque tienen alto valor biológico, son las proteínas más baratas y más fáciles de conseguir. Cuando fue la crisis del 2001 intentamos con la producción de conejos pero los chicos los querían para jugar y no para comer, son cosas que pasan, cuestiones culturales y sociales que tenemos que atender también.
Yo participo asesorando en el comité que se ha formado con el programa “Argentina contra el hambre”. La idea es que cada escuela tenga su granja, y en este sentido se avanzó en muchos comedores comunitarios, que ya tienen su propia huerta. Tenemos que ir hacia la producción local, que cada municipio tenga o recupere algún tambo que se perdió. Que se abastezca a los comedores escolares con leche fresca, los chicos no quieren leche en polvo y terminan tomando agua hervida. Hay que plantear mataderos municipales y huertas cubriendo los alrededores de cada municipio, para que todo sea abastecido en la zona, sin recurrir al costo tremendo que es la logística para abastecer a cada una de nuestras ciudades. Producir local y consumir local, de esa manera se hace universal. Esa es la política que nosotros estamos desarrollando, “describe tu aldea y serás universal” decía Tolstoi.

¿Cómo podría el Estado acompañar esta transición?

Hay que incentivar la producción local, no es lo mismo producir para 50 familias que producir para 2000 alumnos, apostar a la producción local es fundamental, y eso se logra con huertas, mataderos y tambos en cada municipio.
El Ministerio de Desarrollo está en ese camino, comprando a los agricultores familiares, pero  nosotros tenemos que profundizar, seguir el ejemplo de Brasil donde el 30% de las compras públicas de alimentos se hace a productores locales. Tenemos que persistir y profundizar en ese camino pero al mismo tiempo, a los productores y agricultores familiares tenemos que darles acceso a la tierra y créditos blandos, como el que ha dado ahora la provincia de Buenos Aires, que se llama Alimentos Bonaerenses que promueve el desarrollo productivo y brinda créditos blandos para la producción agropecuaria y la pesca.
Esta es la intervención del estado, la promoción de la agenda y los mercados populares. Pero lo más importante sería el control de los precios, no basta con Precios Cuidados ni Precios Máximos, hace falta seguir la trazabilidad de los verdaderos precios, porque las que realmente marcan los precios de los alimentos son las empresas del sector que están muy concentradas y los manejan como quieren.

¿Qué visibiliza la pandemia en torno a la mujer campesina?

Yo creo que en este contexto de pandemia salió a la luz el tema del trabajo de cuidados, que está totalmente descuidado, parafraseando. Pero nos encontramos con otra realidad que no estaba suficientemente visibilizada que es el rol de las mujeres productoras rurales, y desde el trabajo del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) empezamos a ver el rol importante de las mujeres productoras. Ellas se levantan a las 4 de la mañana, con hijos chicos, sin vivienda, en condiciones muy difíciles y estando codo a codo con sus compañeros en las huertas, resolviendo el problema de la producción y la comercialización.
Las mujeres campesinas se ocupan de los cuidados de los mayores, de los menores y de la población en su conjunto a través de los comedores, atendiendo los problemas de salud y todas las problemáticas que se puedan presentan. Gracias a las organizaciones campesinas y a esta visibilización que ocurrió con la pandemia, hay algunas leyes que se están promoviendo para darle valor al trabajo de las mujeres, hay un panorama alentador, esperemos que así sea.

Soberanía alimentaria en disputa: la recuperación de Vicentín

Entendemos la recuperación de la empresa Vicentín como un paso hacia la soberanía alimentaria porque pone en la escena pública la discusión sobre las dinámicas y los impactos de las empresas monopólicas que controlan al sector agrícola en el país. La aplicación de modelos económicos neoliberales en la Argentina, y la manipulación genética en manos de las multinacionales con la producción de cultivos transgénicos y uso indiscriminado de agrotóxicos, ha constituido una herramienta fundamental en la implantación, durante las últimas décadas, de un modelo de desarrollo agropecuario netamente productivista, basado en la maximización de la ganancia en el corto plazo, y que nos está conduciendo a una profunda crisis económica, social y ambiental.
Por otro lado, la recuperación estatal se constituye como un caso testigo que permite disputar el esquema de precios internos impuesto por la exportación, en base a criterios de soberanía económica que permitiría producir y comercializar al interior de nuestro país a precios más justos.
Es nuestro desafío como pueblo exigir una recuperación justa y sustentable.

El caso Vicentín

Durante el 2015, la empresa Vicentín se ubicaba en el puesto n° 19 de mayor facturación en la Argentina. Para el año 2019 ya había ascendido al puesto n° 6. Actualmente exporta casi el 10% de los cereales, oleaginosas y subproductos y es la primera cerealera del país. Además gestiona carnes, curtiembres, lácteos y algodón; y tiene un puerto privado en San Lorenzo, Santa Fé.
Mientras que Vicentín ascendía hasta convertirse en las firmas líderes que más facturaron entre 2015 y 2019 en nuestro país, su endeudamiento con el Banco Nación aumentó a casi 350 millones de dólares por préstamos otorgados de forma irregular, que le facilitaron la prefinanciación de exportaciones, y que nunca se han devuelto. Una semana después del último desembolso, la empresa se declaró en cesación de pagos.
Sumado a esto, Vicentín contrajo también deuda con bancos extranjeros y cooperativas nacionales proveedoras de la empresa que jamás cobraron por ello, y se registraron operaciones millonarias entre empresas vinculadas al grupo días antes de que se declarara en cesación de pagos.

Vicentín, complejo industrial de Avellaneda, Santa Fe. Foto publicada por Infobae

En este contexto, Vicentín no hace más que aportar a la concentración de un mercado dominado por empresas transnacionales, acompañado por una gran evasión impositiva con triangulación de empresas.

No sólo se trata de capitales nacionales, uno de los proyectos de Vicentín es Renova, una megaempresa productora y comercializadora de biodiesel de la cual su principal accionista es Glencore, cuyas operaciones abarcan hoy toda la cadena de producción, transformación, almacenamiento y transporte de materias primas en tres principales sectores de negocio: metales–minerales, energéticos y productos agrícolas. La diversificación de su operación le da ventajas de mercado incomparables. Sus capacidades de almacenamiento y transporte son tan grandes que se la ha acusado de especular con los precios de los commodities sacando provecho de sus importes futuros en el mercado. Es la cuarta empresa minera más grande del mundo y la primera comercializadora de materias primas a nivel global  que acumula denuncias por contaminación, violación a derechos humanos y corrupción a nivel internacional (1).
De acuerdo a las magnitudes de comercialización de Vicentín -el 85% del total facturado-, la cantidad de empresas en las que tiene participación, sumado al volumen de empleadxs directamente vinculados y productorxs asociados,  constituye un eslabón fundamental en el sistema agroalimentario de Argentina.

Una recuperación justa para una transición hacia la soberanía alimentaria

Para que una recuperación sea justa es necesario que la  ayuda estatal esté sujeta a condiciones estrictas. Todos los fondos públicos destinados a ese fin tienen que usarse priorizando a las mujeres, a los pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes, lxs trabajadorxs, campesinxs, productorxs familiares y artesanales, el clima,  la biodiversidad y la salud a largo plazo de los pueblos y de nuestro planeta.
Dada la urgencia de prescindir de la economía dependiente de combustibles fósiles, es indispensable apoyar y acompañar a quienes trabajan en industrias contaminantes (como es el caso de la agroexportadora Vicentín) en su transición hacia nuevas funciones en industrias limpias mientras las economías se reconstruyen. Es en este sentido, que creemos que la recuperación de Vicentín es una gran oportunidad para plantear una transición hacia un modelo de producción agroecológica a nivel nacional.

Organizaciones campesinas en el “banderazo nacional por la expropiación de Vicentín” Foto publicada por Tiempo Argentino

Para fortalecer la soberanía alimentaria con este hecho, y lograr que la empresa pase de productora de commodities a productora de alimentos sanos, es indispensable una participación popular de cooperativas y organizaciones en la gestión de la empresa, que permita  una mejor y más justa distribución de ingresos y ganancias, como así también, que permita agregar valor a la cadena de producción, fomentar el desarrollo local, mejorar la situación de pequeños productores y pymes y que las divisas permanezcan en Argentina.

Además una recuperación justa significa también que le empresa podrá seguir trabajando y eso beneficiaría tanto a sus más de 5.000 trabajadorxs como a los 2.600 productorxs que le venden a Vicentin.
Desde Amigos de la Tierra Argentina, sostenemos que es innegable que la producción de Vicentín está profundamente ligada a los commodities de granos del agronegocio transnacional y sus socios locales que poco tienen que ver con la soberanía alimentaria. Sin embargo, la posibilidad de que el Estado recupere la empresa logra poner en disputa el modelo agroexportador monopólico, regido por intereses especulativos, a la vez que propicia un escenario de discusión y planificación de la producción agrícola, que incorpora voces y actores para la construcción de una política alimentaria articulada, descentralizada y nacional.

En un contexto de emergencia alimentaria, agudizada aún más por la pandemia del Covid-19 y la depresión de nuestra economía, es necesario que la alimentación esté presente en las discusiones públicas. No solamente por la atención urgente a las necesidades alimenticias de la población, sino además para poner en evidencia que relegar el diseño de la estructura productiva nacional de alimentos al sector privado, conlleva necesariamente a estos escenarios críticos.

La construcción de soberanía alimentaria implica la participación de todos los actores del esquema de producción y comercialización de alimentos, una disputa real de la tenencia de tierras a favor de las familias campesinas -que son las que sostienen actualmente el 80% de la producción de alimentos para consumo en el país- y la erradicación de sistemas productivos insustentables a base del uso de agrotóxicos y transgénicos patentados por empresas monopólicas.

Por otro lado, se torna fundamental la participación de las organizaciones campesinas que cuentan con experiencia suficiente como para realizar grandes aportes a la gestión y proponer dinámicas acordes a formas más sustentables y equitativas de producción.

Un escenario de transición hacia la soberanía alimentaria no se logra únicamente con la tenencia por parte del Estado de una empresa clave del sector, esta transición debe involucrar la reestructuración de los diferentes eslabones productivos y comerciales que la componen, modificar los sistemas de producción hegemónicos y cuestionar profundamente para qué y para quiénes se produce.

(1)https://elabcrural.com/glencore-ofrece-usd-325-millones-para-sacar-a-vicentin-de-renova/