Principios para una recuperación con justicia ambiental, social, de género y económica

Ante la parálisis productiva y el desconcierto social, perteneciendo a un sistema que prioriza el lucro por encima de los derechos de los pueblos, el ambiente y los sistemas democráticos, nos resultó esencial aunar voces de todos los continentes, reflexionar, debatir y proponer soluciones enmarcadas en la recuperación, construida sobre las bases de la justicia ambiental, social, de género y económica.

Estas propuestas  fueron elaboradas de manera colectiva con aportes de grupos y estructuras de Amigos de la Tierra Internacional, una federación de organizaciones presente en los 5 continentes, con 73 grupos miembros, y de la participamos desde Amigxs de la Tierra Argentina.

Marcha por el Clima, durante la COP25 en Madrid, España 2019 © Babawale Obayanju, ERA-Amigos de la Tierra Nigeria

 

Consideramos que para  hacerle frente a todos los impactos derivados de la crisis actual del COVID-19, es urgente y necesaria una  recuperación justa; centrada en el bienestar de  los pueblos y el planeta y que también contribuya a solucionar las otras crisis sistémicas subyacentes. Se proponen cuatro principios:

  1. Abandonar el neoliberalismo y la austeridad para adoptar políticas y medidas inmediatas basadas en  la justicia, reconociendo los límites ecológicos.
  1. Las medidas de recuperación deben fundarse  en la cooperación multilateral y la solidaridad  internacionalista y potenciarlas.
  1. Construir y fortalecer la democracia y garantizar la  realización de los derechos humanos y de los pueblos.
  1. Los gobiernos tienen que responder a las múltiples  crisis sistémicas -de la pandemia, desigualdad,  climática, de la alimentación y biodiversidad, y  de los cuidados- y a sus causas estructurales,  proponiéndole una agenda transformadora de  cambio de sistema.

 

La recuperación justa de ninguna manera puede significar volver a lo que se consideraba normalidad antes de  la crisis del COVID-19, ya que tal “normalidad” fue precisamente el origen de esta crisis y de sus impactos. Nuestras sociedades han sido estructuradas  por sistemas de opresión (patriarcado, racismo, clase,  neocolonialismo, imperialismo, heteronormatividad) con  profundas injusticias ambientales, sociales, de género y  económicas, y una nociva concentración del poder y los bienes comunes.

Este es el momento de reconstruir nuestras sociedades y un nuevo tipo de economía fundada en otros paradigmas que prioricen la sustentabilidad de la vida, la realización de los derechos de los pueblos y la justicia de género. Pensar un futuro colectivo y cooperativo es necesario para las sociedades fundadas y las que siempre estuvieron al margen.

Lxs invitamos a leer el documento entero, que es de distribución libre y gratuita :  Recuperación Justa

UE-Mercosur: un acuerdo sobre la desigualdad

El acuerdo Unión Europea – Mercosur se negoció por 20 años. Sin embargo, bajo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri se cerró un preacuerdo en 6 meses, a través de negociaciones poco transparentes y con una enorme falta de información. Este tratado, tal como se encuentra actualmente, propicia las políticas extractivistas en América Latina, y por ende debilita las democracias que ya se encuentran bajo ataque en nuestro continente.

En Argentina, la tercera economía del cono sur, no sólo fue ratificado, sino impulsado fuertemente, sin existir estudios de impacto ni información pública. Los beneficiarios son sectores minoritarios que participan del comercio exterior, no las mayorías trabajadoras.

La asimetría entre el Mercosur y la Unión Europea es evidente. El presente acuerdo sólo profundiza las desigualdades entre ambos bloques, y no incentiva ni la industria nacional ni la del Mercosur. La gestión del gobierno actual, bajo la presidencia de Alberto Fernández  no ve con buenos ojos este tratado, debido justamente a su disparidad. La posición argentina en este escenario es clave, ya que el signo político de los demás miembros del Mercosur  ha virado a la derecha, lo que propicia las políticas neoliberales, entre las que se encuentra este tratado.

Es necesaria asimismo una articulación internacional con marcada solidaridad internacionalista, ya que estas asimetrías y doble estándar en materias como protección ambiental y DDHH entre los pueblos de Europa y América Latina no pueden ser validadas bajo la forma de un tratado comercial.

El 28 de junio de 2019, se anunció la conclusión de las negociaciones luego de dos décadas de idas, venidas, tensiones y negociaciones entre los dos bloques económicos. En la actualidad, uno de los ámbitos más destacados del debate sobre el tratado es el ambiental. Nunca antes el cuidado del ambiente había tenido un perfil tan alto en las negociaciones internacionales para tratados de libre comercio. Esto se materializó el miércoles 7 de octubre,  cuando los eurodiputados impugnaron el acuerdo presentado,  en una votación que presenta por primera vez cuál es la opinión mayoritaria en ese organismo, sin cuyo visto bueno no puede formalizarse el convenio comercial. El rechazo de los eurodiputados al acuerdo comercial no significa un veto al tratado, que aún no fue oficialmente sometido al Parlamento, pero sí muestra por primera vez que la mayoría de los legisladores europeos se resiste a la idea de aprobarlo. El eje de la impugnación al acuerdo fue la preocupación por el cambio climático, un tema que se ha vuelto central en el debate político europeo de los últimos años y que es una bandera levantada en alto por varios partidos[1]. Sin embargo, este no es su único lado oscuro.

El rechazo actual se centra en el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pero lo que se impugna es el mismo problema que tiene Argentina: los incendios forestales para la extensión de la frontera agroexportadora. El acuerdo,  es de por sí contradictorio con las políticas climáticas acordadas en París por los líderes mundiales y ratificada por nuestro país, y este cumplimiento es una condición del acuerdo comercial. Sin embargo,  no incluye mecanismos exigibles o sanciones por incumplimiento a la protección del monte nativo.

Además, la deforestación y el incumplimiento de las metas de reducción de emisiones,  no serían el único impacto ambiental: la liberalización del comercio en el clima implica múltiples efectos negativos, incluidas emisiones de gas metano, aumento del transporte y contaminación marítima, aumento de uso de agrotóxicos, etc.

A estos impactos se sumarían los económicos, laborales e industriales, dado que el acuerdo implica la reducción de la matriz productiva interna a favor de la apertura de importaciones en rubros clave para el sector productivo nacional.

Si bien la firma del acuerdo implica un grado de avance significativo hacia su concreción, aún es necesario dar el debate en el Congreso, y la dirigencia política del gobierno actual se ha pronunciado en contra antes de asumir sus funciones en 2019.

Por otro lado, el gobierno nacional ha impulsado, durante el contexto actual de crisis pandémica, una serie de medidas para la recuperación económica vinculadas a la protección al mercado interno, la promoción de la industria nacional y el control de retenciones, medidas que se contraponen a la lógica intervencionista del acuerdo por sobre la soberanía de las naciones del Mercosur.

La posición de Argentina en el contexto político regional es fundamental para frenar la ratificación de este acuerdo claramente dañino para nuestra región, dado que el resto de los países que componen el Mercosur ya han dado claras intenciones de acompañar la iniciativa europea. Organizaciones socioambientales de ambos bloques nos organizamos en contra de un acuerdo que no respete la integridad de nuestros territorios ni nuestros derechos democráticos a una vida digna.

[1]https://www.tiempoar.com.ar/nota/bolsonaro-eje-del-rechazo-europeo-al-acuerdo-ue-mercosur (consultada el 10/10/2020)

La deuda es con nosotras y la naturaleza

Compartimos nuestra denuncia en el Juicio Popular contra la Deuda y el FMI, presentada el 17 de septiembre .

Denunciamos el conflicto capital-vida y las crisis interrelacionadas

El modelo extractivo y de producción y consumo que sostiene las sociedades que habitamos es incompatible con la regeneración de la vida y genera una cultura que desvaloriza tanto el trabajo de cuidados como la importancia de la naturaleza, provocando una invisibilización de ambos, pero sin embargo desarrollando intensos procesos colonialistas y extractivistas de los cuerpos y territorios. Como resultado existe una tensión constante e irresolvible entre el capital y la vida, la cual siempre está bajo amenaza.

Este sistema económico desemboca hoy en una crisis pandémica como la que atravesamos, que no es más que la manifestación explícita de las crisis interrelacionadas que enfrentamos desde hace muchos años: la crisis del clima, del agua, de la biodiversidad, el escándalo de la pobreza, la crisis de cuidados, la crisis de salud. Todas estas crisis tienen sus  causas estructurales en el sistema capitalista, que ha demostrado su incapacidad  y su desinterés por preservar la vida digna y cuidar de los pueblos la naturaleza y los territorios.

Denunciamos las falsas soluciones

Hoy una vez más la responsabilidad de solución se carga sobre el trabajo invisibilizado y precarizado de las mujeres y proveedoras de cuidados,  así como también se aprovecha para un avance más profundo sobre la naturaleza, ofreciendo falsas soluciones a la crisis económica, mediante incendios de humedales, minería declarada como actividad esencial y proyectos para granjas industriales de cerdos.

No resulta viable ni ético que los organismos internacionales de crédito e inversionistas ofrezcan las mismas recetas y falsas soluciones que nunca funcionaron, ante una crisis inédita generada por ellos mismos y sus políticas.

Reclamamos medidas de recuperación justa

En primer lugar, abandonar neoliberalismo y la austeridad propuesta por organismos como el FMI, y adoptar políticas inmediatas basadas en la justicia distributiva pero reconociendo los límites ecológicos. Es imprescindible que los gobiernos no socialicen las pérdidas de las grandes empresas y garanticen los servicios públicos para toda la población.  Los gobiernos deben cerrar las negociaciones de liberalización comercial e inversiones cuyo propósito es apuntalar aún más el poder de las empresas transnacionales a expensas del sur global. Asimismo se deben comprometer a aprobar legislación jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos a nivel internacional.

En segundo lugar las medidas de recuperación deben fundarse la solidaridad internacionalista. Es necesario anular todas las deudas del sur global, porque el sur es acreedor de una deuda ecológica histórica. Tiene que aplicarse un principio de pago y reparaciones por la deuda climática y la deuda ecológica garantizando fondos como subvenciones no reembolsables, sin condicionalidades agregadas y no como préstamos.

En tercer lugar es fundamental fortalecer la democracia y garantizar los derechos humanos y de los pueblos. Fortaleciendo la lucha internacionalista contra la derecha, el fascismo y el racismo, revertir los golpes de estado que se vinieron dando en nuestra región con fuertes vínculos al poder económico y con avances de la agenda extractivista.

Por último, en cuarto lugar necesitamos que los gobiernos respondan a esta crisis múltiple con una agenda transformadora de cambio de sistema para no volver a la vieja normalidad racista, neocolonial, patriarcal, violenta y ecocida.

La crisis de coronavirus pone al descubierto que la destrucción de los ecosistemas está facilitando la propagación de patógenos que afectan nuestra salud. Esta no es la primera pandemia que enfrentamos ni será la última, porque el modelo extractivo, fundamentalmente el agronegocio, genera enormes problemas de salud pública y se le debe poner freno, a la vez que se fomenta la agricultura agroecológica y se detienen los desalojos de comunidades campesinas e indígenas. Ahora tenemos que responder a la  crisis del clima y a la crisis de salud de manera simultánea, esto implica dejar de subvencionar a las empresas de energía sucia sustituyéndola por una matriz 100% renovable.

Nos rehusamos a volver a la vieja normalidad de la dominación.

Exigimos una transformación que respete profundamente los principios de cuidados, reorganizando los mismos de manera tal que esa responsabilidad sea compartida entre hombres mujeres y el estado mediante los servicios públicos suficientes y accesibles para todas y todos, y el fin del ecocidio mediante el falso paradigma del desarrollo, recreando una transición hacia otros mundos posibles, donde podamos vivir vidas dignas de ser vividas.

Llamamos a la semana de acción global contra la deuda del 10 al 17 octubre de este año.

Más información:

https://www.foei.org/news/covid-19-coronavirus-crisis-system-change

https://www.foei.org/news/system-change-human-rights-corporations-un-treaty

https://www.foei.org/news/letter-world-trade-organization-wto-covid19-coronavirus-medicine

https://www.foei.org/es/noticias/recuperacion-justa-crisis-covid-19

https://autoconvocatoriadeuda.blogspot.com/

Soberanía alimentaria en disputa: la recuperación de Vicentín

Entendemos la recuperación de la empresa Vicentín como un paso hacia la soberanía alimentaria porque pone en la escena pública la discusión sobre las dinámicas y los impactos de las empresas monopólicas que controlan al sector agrícola en el país. La aplicación de modelos económicos neoliberales en la Argentina, y la manipulación genética en manos de las multinacionales con la producción de cultivos transgénicos y uso indiscriminado de agrotóxicos, ha constituido una herramienta fundamental en la implantación, durante las últimas décadas, de un modelo de desarrollo agropecuario netamente productivista, basado en la maximización de la ganancia en el corto plazo, y que nos está conduciendo a una profunda crisis económica, social y ambiental.
Por otro lado, la recuperación estatal se constituye como un caso testigo que permite disputar el esquema de precios internos impuesto por la exportación, en base a criterios de soberanía económica que permitiría producir y comercializar al interior de nuestro país a precios más justos.
Es nuestro desafío como pueblo exigir una recuperación justa y sustentable.

El caso Vicentín

Durante el 2015, la empresa Vicentín se ubicaba en el puesto n° 19 de mayor facturación en la Argentina. Para el año 2019 ya había ascendido al puesto n° 6. Actualmente exporta casi el 10% de los cereales, oleaginosas y subproductos y es la primera cerealera del país. Además gestiona carnes, curtiembres, lácteos y algodón; y tiene un puerto privado en San Lorenzo, Santa Fé.
Mientras que Vicentín ascendía hasta convertirse en las firmas líderes que más facturaron entre 2015 y 2019 en nuestro país, su endeudamiento con el Banco Nación aumentó a casi 350 millones de dólares por préstamos otorgados de forma irregular, que le facilitaron la prefinanciación de exportaciones, y que nunca se han devuelto. Una semana después del último desembolso, la empresa se declaró en cesación de pagos.
Sumado a esto, Vicentín contrajo también deuda con bancos extranjeros y cooperativas nacionales proveedoras de la empresa que jamás cobraron por ello, y se registraron operaciones millonarias entre empresas vinculadas al grupo días antes de que se declarara en cesación de pagos.

Vicentín, complejo industrial de Avellaneda, Santa Fe. Foto publicada por Infobae

En este contexto, Vicentín no hace más que aportar a la concentración de un mercado dominado por empresas transnacionales, acompañado por una gran evasión impositiva con triangulación de empresas.

No sólo se trata de capitales nacionales, uno de los proyectos de Vicentín es Renova, una megaempresa productora y comercializadora de biodiesel de la cual su principal accionista es Glencore, cuyas operaciones abarcan hoy toda la cadena de producción, transformación, almacenamiento y transporte de materias primas en tres principales sectores de negocio: metales–minerales, energéticos y productos agrícolas. La diversificación de su operación le da ventajas de mercado incomparables. Sus capacidades de almacenamiento y transporte son tan grandes que se la ha acusado de especular con los precios de los commodities sacando provecho de sus importes futuros en el mercado. Es la cuarta empresa minera más grande del mundo y la primera comercializadora de materias primas a nivel global  que acumula denuncias por contaminación, violación a derechos humanos y corrupción a nivel internacional (1).
De acuerdo a las magnitudes de comercialización de Vicentín -el 85% del total facturado-, la cantidad de empresas en las que tiene participación, sumado al volumen de empleadxs directamente vinculados y productorxs asociados,  constituye un eslabón fundamental en el sistema agroalimentario de Argentina.

Una recuperación justa para una transición hacia la soberanía alimentaria

Para que una recuperación sea justa es necesario que la  ayuda estatal esté sujeta a condiciones estrictas. Todos los fondos públicos destinados a ese fin tienen que usarse priorizando a las mujeres, a los pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes, lxs trabajadorxs, campesinxs, productorxs familiares y artesanales, el clima,  la biodiversidad y la salud a largo plazo de los pueblos y de nuestro planeta.
Dada la urgencia de prescindir de la economía dependiente de combustibles fósiles, es indispensable apoyar y acompañar a quienes trabajan en industrias contaminantes (como es el caso de la agroexportadora Vicentín) en su transición hacia nuevas funciones en industrias limpias mientras las economías se reconstruyen. Es en este sentido, que creemos que la recuperación de Vicentín es una gran oportunidad para plantear una transición hacia un modelo de producción agroecológica a nivel nacional.

Organizaciones campesinas en el “banderazo nacional por la expropiación de Vicentín” Foto publicada por Tiempo Argentino

Para fortalecer la soberanía alimentaria con este hecho, y lograr que la empresa pase de productora de commodities a productora de alimentos sanos, es indispensable una participación popular de cooperativas y organizaciones en la gestión de la empresa, que permita  una mejor y más justa distribución de ingresos y ganancias, como así también, que permita agregar valor a la cadena de producción, fomentar el desarrollo local, mejorar la situación de pequeños productores y pymes y que las divisas permanezcan en Argentina.

Además una recuperación justa significa también que le empresa podrá seguir trabajando y eso beneficiaría tanto a sus más de 5.000 trabajadorxs como a los 2.600 productorxs que le venden a Vicentin.
Desde Amigos de la Tierra Argentina, sostenemos que es innegable que la producción de Vicentín está profundamente ligada a los commodities de granos del agronegocio transnacional y sus socios locales que poco tienen que ver con la soberanía alimentaria. Sin embargo, la posibilidad de que el Estado recupere la empresa logra poner en disputa el modelo agroexportador monopólico, regido por intereses especulativos, a la vez que propicia un escenario de discusión y planificación de la producción agrícola, que incorpora voces y actores para la construcción de una política alimentaria articulada, descentralizada y nacional.

En un contexto de emergencia alimentaria, agudizada aún más por la pandemia del Covid-19 y la depresión de nuestra economía, es necesario que la alimentación esté presente en las discusiones públicas. No solamente por la atención urgente a las necesidades alimenticias de la población, sino además para poner en evidencia que relegar el diseño de la estructura productiva nacional de alimentos al sector privado, conlleva necesariamente a estos escenarios críticos.

La construcción de soberanía alimentaria implica la participación de todos los actores del esquema de producción y comercialización de alimentos, una disputa real de la tenencia de tierras a favor de las familias campesinas -que son las que sostienen actualmente el 80% de la producción de alimentos para consumo en el país- y la erradicación de sistemas productivos insustentables a base del uso de agrotóxicos y transgénicos patentados por empresas monopólicas.

Por otro lado, se torna fundamental la participación de las organizaciones campesinas que cuentan con experiencia suficiente como para realizar grandes aportes a la gestión y proponer dinámicas acordes a formas más sustentables y equitativas de producción.

Un escenario de transición hacia la soberanía alimentaria no se logra únicamente con la tenencia por parte del Estado de una empresa clave del sector, esta transición debe involucrar la reestructuración de los diferentes eslabones productivos y comerciales que la componen, modificar los sistemas de producción hegemónicos y cuestionar profundamente para qué y para quiénes se produce.

(1)https://elabcrural.com/glencore-ofrece-usd-325-millones-para-sacar-a-vicentin-de-renova/