La deuda es con nosotras y la naturaleza

Compartimos nuestra denuncia en el Juicio Popular contra la Deuda y el FMI, presentada el 17 de septiembre .

Denunciamos el conflicto capital-vida y las crisis interrelacionadas

El modelo extractivo y de producción y consumo que sostiene las sociedades que habitamos es incompatible con la regeneración de la vida y genera una cultura que desvaloriza tanto el trabajo de cuidados como la importancia de la naturaleza, provocando una invisibilización de ambos, pero sin embargo desarrollando intensos procesos colonialistas y extractivistas de los cuerpos y territorios. Como resultado existe una tensión constante e irresolvible entre el capital y la vida, la cual siempre está bajo amenaza.

Este sistema económico desemboca hoy en una crisis pandémica como la que atravesamos, que no es más que la manifestación explícita de las crisis interrelacionadas que enfrentamos desde hace muchos años: la crisis del clima, del agua, de la biodiversidad, el escándalo de la pobreza, la crisis de cuidados, la crisis de salud. Todas estas crisis tienen sus  causas estructurales en el sistema capitalista, que ha demostrado su incapacidad  y su desinterés por preservar la vida digna y cuidar de los pueblos la naturaleza y los territorios.

Denunciamos las falsas soluciones

Hoy una vez más la responsabilidad de solución se carga sobre el trabajo invisibilizado y precarizado de las mujeres y proveedoras de cuidados,  así como también se aprovecha para un avance más profundo sobre la naturaleza, ofreciendo falsas soluciones a la crisis económica, mediante incendios de humedales, minería declarada como actividad esencial y proyectos para granjas industriales de cerdos.

No resulta viable ni ético que los organismos internacionales de crédito e inversionistas ofrezcan las mismas recetas y falsas soluciones que nunca funcionaron, ante una crisis inédita generada por ellos mismos y sus políticas.

Reclamamos medidas de recuperación justa

En primer lugar, abandonar neoliberalismo y la austeridad propuesta por organismos como el FMI, y adoptar políticas inmediatas basadas en la justicia distributiva pero reconociendo los límites ecológicos. Es imprescindible que los gobiernos no socialicen las pérdidas de las grandes empresas y garanticen los servicios públicos para toda la población.  Los gobiernos deben cerrar las negociaciones de liberalización comercial e inversiones cuyo propósito es apuntalar aún más el poder de las empresas transnacionales a expensas del sur global. Asimismo se deben comprometer a aprobar legislación jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos a nivel internacional.

En segundo lugar las medidas de recuperación deben fundarse la solidaridad internacionalista. Es necesario anular todas las deudas del sur global, porque el sur es acreedor de una deuda ecológica histórica. Tiene que aplicarse un principio de pago y reparaciones por la deuda climática y la deuda ecológica garantizando fondos como subvenciones no reembolsables, sin condicionalidades agregadas y no como préstamos.

En tercer lugar es fundamental fortalecer la democracia y garantizar los derechos humanos y de los pueblos. Fortaleciendo la lucha internacionalista contra la derecha, el fascismo y el racismo, revertir los golpes de estado que se vinieron dando en nuestra región con fuertes vínculos al poder económico y con avances de la agenda extractivista.

Por último, en cuarto lugar necesitamos que los gobiernos respondan a esta crisis múltiple con una agenda transformadora de cambio de sistema para no volver a la vieja normalidad racista, neocolonial, patriarcal, violenta y ecocida.

La crisis de coronavirus pone al descubierto que la destrucción de los ecosistemas está facilitando la propagación de patógenos que afectan nuestra salud. Esta no es la primera pandemia que enfrentamos ni será la última, porque el modelo extractivo, fundamentalmente el agronegocio, genera enormes problemas de salud pública y se le debe poner freno, a la vez que se fomenta la agricultura agroecológica y se detienen los desalojos de comunidades campesinas e indígenas. Ahora tenemos que responder a la  crisis del clima y a la crisis de salud de manera simultánea, esto implica dejar de subvencionar a las empresas de energía sucia sustituyéndola por una matriz 100% renovable.

Nos rehusamos a volver a la vieja normalidad de la dominación.

Exigimos una transformación que respete profundamente los principios de cuidados, reorganizando los mismos de manera tal que esa responsabilidad sea compartida entre hombres mujeres y el estado mediante los servicios públicos suficientes y accesibles para todas y todos, y el fin del ecocidio mediante el falso paradigma del desarrollo, recreando una transición hacia otros mundos posibles, donde podamos vivir vidas dignas de ser vividas.

Llamamos a la semana de acción global contra la deuda del 10 al 17 octubre de este año.

Más información:

https://www.foei.org/news/covid-19-coronavirus-crisis-system-change

https://www.foei.org/news/system-change-human-rights-corporations-un-treaty

https://www.foei.org/news/letter-world-trade-organization-wto-covid19-coronavirus-medicine

https://www.foei.org/es/noticias/recuperacion-justa-crisis-covid-19

https://autoconvocatoriadeuda.blogspot.com/

Soberanía alimentaria en disputa: la recuperación de Vicentín

Entendemos la recuperación de la empresa Vicentín como un paso hacia la soberanía alimentaria porque pone en la escena pública la discusión sobre las dinámicas y los impactos de las empresas monopólicas que controlan al sector agrícola en el país. La aplicación de modelos económicos neoliberales en la Argentina, y la manipulación genética en manos de las multinacionales con la producción de cultivos transgénicos y uso indiscriminado de agrotóxicos, ha constituido una herramienta fundamental en la implantación, durante las últimas décadas, de un modelo de desarrollo agropecuario netamente productivista, basado en la maximización de la ganancia en el corto plazo, y que nos está conduciendo a una profunda crisis económica, social y ambiental.
Por otro lado, la recuperación estatal se constituye como un caso testigo que permite disputar el esquema de precios internos impuesto por la exportación, en base a criterios de soberanía económica que permitiría producir y comercializar al interior de nuestro país a precios más justos.
Es nuestro desafío como pueblo exigir una recuperación justa y sustentable.

El caso Vicentín

Durante el 2015, la empresa Vicentín se ubicaba en el puesto n° 19 de mayor facturación en la Argentina. Para el año 2019 ya había ascendido al puesto n° 6. Actualmente exporta casi el 10% de los cereales, oleaginosas y subproductos y es la primera cerealera del país. Además gestiona carnes, curtiembres, lácteos y algodón; y tiene un puerto privado en San Lorenzo, Santa Fé.
Mientras que Vicentín ascendía hasta convertirse en las firmas líderes que más facturaron entre 2015 y 2019 en nuestro país, su endeudamiento con el Banco Nación aumentó a casi 350 millones de dólares por préstamos otorgados de forma irregular, que le facilitaron la prefinanciación de exportaciones, y que nunca se han devuelto. Una semana después del último desembolso, la empresa se declaró en cesación de pagos.
Sumado a esto, Vicentín contrajo también deuda con bancos extranjeros y cooperativas nacionales proveedoras de la empresa que jamás cobraron por ello, y se registraron operaciones millonarias entre empresas vinculadas al grupo días antes de que se declarara en cesación de pagos.

Vicentín, complejo industrial de Avellaneda, Santa Fe. Foto publicada por Infobae

En este contexto, Vicentín no hace más que aportar a la concentración de un mercado dominado por empresas transnacionales, acompañado por una gran evasión impositiva con triangulación de empresas.

No sólo se trata de capitales nacionales, uno de los proyectos de Vicentín es Renova, una megaempresa productora y comercializadora de biodiesel de la cual su principal accionista es Glencore, cuyas operaciones abarcan hoy toda la cadena de producción, transformación, almacenamiento y transporte de materias primas en tres principales sectores de negocio: metales–minerales, energéticos y productos agrícolas. La diversificación de su operación le da ventajas de mercado incomparables. Sus capacidades de almacenamiento y transporte son tan grandes que se la ha acusado de especular con los precios de los commodities sacando provecho de sus importes futuros en el mercado. Es la cuarta empresa minera más grande del mundo y la primera comercializadora de materias primas a nivel global  que acumula denuncias por contaminación, violación a derechos humanos y corrupción a nivel internacional (1).
De acuerdo a las magnitudes de comercialización de Vicentín -el 85% del total facturado-, la cantidad de empresas en las que tiene participación, sumado al volumen de empleadxs directamente vinculados y productorxs asociados,  constituye un eslabón fundamental en el sistema agroalimentario de Argentina.

Una recuperación justa para una transición hacia la soberanía alimentaria

Para que una recuperación sea justa es necesario que la  ayuda estatal esté sujeta a condiciones estrictas. Todos los fondos públicos destinados a ese fin tienen que usarse priorizando a las mujeres, a los pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes, lxs trabajadorxs, campesinxs, productorxs familiares y artesanales, el clima,  la biodiversidad y la salud a largo plazo de los pueblos y de nuestro planeta.
Dada la urgencia de prescindir de la economía dependiente de combustibles fósiles, es indispensable apoyar y acompañar a quienes trabajan en industrias contaminantes (como es el caso de la agroexportadora Vicentín) en su transición hacia nuevas funciones en industrias limpias mientras las economías se reconstruyen. Es en este sentido, que creemos que la recuperación de Vicentín es una gran oportunidad para plantear una transición hacia un modelo de producción agroecológica a nivel nacional.

Organizaciones campesinas en el “banderazo nacional por la expropiación de Vicentín” Foto publicada por Tiempo Argentino

Para fortalecer la soberanía alimentaria con este hecho, y lograr que la empresa pase de productora de commodities a productora de alimentos sanos, es indispensable una participación popular de cooperativas y organizaciones en la gestión de la empresa, que permita  una mejor y más justa distribución de ingresos y ganancias, como así también, que permita agregar valor a la cadena de producción, fomentar el desarrollo local, mejorar la situación de pequeños productores y pymes y que las divisas permanezcan en Argentina.

Además una recuperación justa significa también que le empresa podrá seguir trabajando y eso beneficiaría tanto a sus más de 5.000 trabajadorxs como a los 2.600 productorxs que le venden a Vicentin.
Desde Amigos de la Tierra Argentina, sostenemos que es innegable que la producción de Vicentín está profundamente ligada a los commodities de granos del agronegocio transnacional y sus socios locales que poco tienen que ver con la soberanía alimentaria. Sin embargo, la posibilidad de que el Estado recupere la empresa logra poner en disputa el modelo agroexportador monopólico, regido por intereses especulativos, a la vez que propicia un escenario de discusión y planificación de la producción agrícola, que incorpora voces y actores para la construcción de una política alimentaria articulada, descentralizada y nacional.

En un contexto de emergencia alimentaria, agudizada aún más por la pandemia del Covid-19 y la depresión de nuestra economía, es necesario que la alimentación esté presente en las discusiones públicas. No solamente por la atención urgente a las necesidades alimenticias de la población, sino además para poner en evidencia que relegar el diseño de la estructura productiva nacional de alimentos al sector privado, conlleva necesariamente a estos escenarios críticos.

La construcción de soberanía alimentaria implica la participación de todos los actores del esquema de producción y comercialización de alimentos, una disputa real de la tenencia de tierras a favor de las familias campesinas -que son las que sostienen actualmente el 80% de la producción de alimentos para consumo en el país- y la erradicación de sistemas productivos insustentables a base del uso de agrotóxicos y transgénicos patentados por empresas monopólicas.

Por otro lado, se torna fundamental la participación de las organizaciones campesinas que cuentan con experiencia suficiente como para realizar grandes aportes a la gestión y proponer dinámicas acordes a formas más sustentables y equitativas de producción.

Un escenario de transición hacia la soberanía alimentaria no se logra únicamente con la tenencia por parte del Estado de una empresa clave del sector, esta transición debe involucrar la reestructuración de los diferentes eslabones productivos y comerciales que la componen, modificar los sistemas de producción hegemónicos y cuestionar profundamente para qué y para quiénes se produce.

(1)https://elabcrural.com/glencore-ofrece-usd-325-millones-para-sacar-a-vicentin-de-renova/