La deuda desde una perspectiva ambiental

Desconocer los límites materiales y energéticos del mundo que habitamos y los cuerpos que nos cuidan, es suicida. Sin embargo, las sociedades que habitamos están construidas a espaldas de las bases materiales que sostienen la vida. El modelo extractivo y de producción y consumo que las sostiene es incompatible con la regeneración de la vida.

En la contradicción entre el proceso de acumulación del capital y los cuidados básicos necesarios para la supervivencia, generamos una cultura que desvaloriza tanto el trabajo de reproducción y cuidados como la existencia misma de la naturaleza, generando una invisibilización de ambas. Sin embargo, se continúan desarrollando intensivos procesos colonialistas y extractivistas de las mujeres y la naturaleza. Como resultado existe una tensión constante e irresoluble entre el capital y la vida, la cual siempre está bajo amenaza.

La deuda se convierte en una herramienta de esclavización individual y colectiva, en una herramienta de disciplinamiento de las mujeres y disidencias, pero también de los territorios completos. Así resulta encontrarse en la base de un extractivismo que saquea bienes comunes para pagar una deuda al desarrollo.

Es en este sistema donde se generan los mecanismos de deuda externa de países soberanos, pero también existe una deuda ecológica, invisibilizada,  que no es más ni menos que la importación de bienes comunes, energía y servicios necesarios para mantener una calidad de vida ostentosa de los sectores dominantes, expoliando a los sectores menos poderosos. Sin embargo, con la generación de deuda externa, el poder económico reclama la devolución de una deuda monetizada, a quienes debe una cuantiosa deuda en bienes comunes indispensables para la vida… ¿Quién debe a quién? 

Existe al interior de las sociedades otra deuda también invisibilizada:  así cómo se hace un análisis de la deuda ecológica, se puede llegar a visibilizar una deuda de cuidados resultado del desigual impacto que tiene la división sexual del trabajo entre los varones y las mujeres. 

Argentina se encuentra en un proceso de reestructuración de deuda pública en un contexto único de pandemia. Si bien la deuda en Argentina es estructural, entre 2015 y 2019 la colocación de deuda sufrió un récord de más de 159.000 millones de USD. Debemos USD 7300 por habitante. Es difícil de comprender cómo un país con tantos bienes, capacidades, potencialidades y extensión como Argentina enfrenta una deuda impagable a más de 100 años, una deuda intergeneracional con la que nacerán nuestros descendientes por varias generaciones. Esta deuda tiene responsables políticos que deben ser investigados.

La deuda  pública siempre se traduce en ajustes que finalizan derramando hacia abajo, generando más precariedad en las clases populares por ausencia del Estado y fuentes laborales dignas, con serias falencias en lo relativo a la vivienda, la tierra, educación, la alimentación y la salud. Desde la deuda macroeconómica hacia la deuda microeconómica, el endeudamiento de los núcleos familiares, termina funcionando como un gran impulsor de la privatización, y la posterior mercantilización y consecuente financiarización de los bienes comunes, generando un nuevo tipo de  extractivismo: el  financiero (ganancias especulativas extraídas de las clases populares) que se vincula a los históricos extractivismos de bienes comunes, mal llamados recursos naturales,  en los territorios.

Los organismos financieros internacionales y las empresas transnacionales no están en cuarentena y siguen operando aún en pandemia; Profundizan nuestro rol de sociedades exportadoras de naturaleza. En nuestra región y también en Argentina el modelo productivista del desarrollo impuesto desde arriba hacia abajo se  naturaliza, así como la obligación de pagar la deuda externa sin una discusión pública y profunda acerca de su origen y su legitimidad.

La imposición de un relato extractivista y pagador no permite la democratización de las decisiones en los territorios. El pago de la deuda se vincula las exportaciones como generadoras de divisas, y las exportaciones al aumento del extractivismo en los territorios  para generar más commodities para el mercado internacional, cuyos ingresos no son suficientes para una economía en constante crisis que vuelve a endeudarse, en un ciclo sin fin de extracción y endeudamiento.

Cuando se utilizaba para fines desarrollistas, históricamente el préstamo público se redireccionó a mega proyectos vinculados a la extracción de bienes comunes, generando que tanto la deuda como otros mecanismos y herramientas de la arquitectura financiera internacional, como los tratados de libre comercio y los acuerdos resolución de controversias entre los inversores y el estado terminan siendo condicionantes estructurales de los modelos de desarrollo que necesitamos discutir democráticamente en nuestros países. Toda esta arquitectura global se vende como una falsa cooperación internacional donde la Lex mercatoria se encuentra por encima de los Derechos Humanos.

Autor: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/

Actualmente existe una campaña multisectorial en la cual muchas organizaciones argentinas solicitamos la suspensión del pago para la investigación de la deuda. Se propone una campaña por la suspensión inmediata del pago de la deuda unido una simultánea realización de una auditoría con participación ciudadana para identificar y anular la parte ilegítima de la deuda, entendiendo a ésta como un mecanismo esencial de subordinación, reconociendo que fue contraída en contra de los intereses de la nación o de la població, que es injusta, inadecuada y abusiva.

El mismo Fondo Monetario Internacional reconoce que es imposible de pagar, y sin embargo concedió el préstamo.  Estos condicionamientos económicos  generan tensiones y contradicciones que claramente no pretenden ser abordadas y solucionadas, y nos hacen visualizar los límites de la democratización de las decisiones soberanas. Argentina nunca fue capaz de consensuar un modelo de desarrollo endógeno y popular, sino más bien siempre el modelo impuesto  benefició a las élites nacionales y sus socios internacionales.

Varias generaciones de argentinos y argentinas convivimos toda la vida con deudas, con crisis cíclicas y estructurales.  Pero a estos hechos históricos, ahora se le suma la crisis mundial provocada por la pandemia. Ni la crisis ni la deuda son únicas.  A esta deuda externa, debemos contraponer necesariamente la deuda ecológica de la que somos acreedores y la deuda interna de cuidados, de la que son acreedoras las mujeres y disidencias. Y a la crisis de salud debemos anteponer la crisis ambiental, social, climática, todas entrelazadas desembocando en una pandemia de la cual se analizan las consecuencias pero no las causas.

Actualmente en este contexto es necesario rediscutir esto una vez más para que las alternativas que parecen utópicas se vuelvan posibles. Una de ellas es el no pago e investigación de la deuda. Generando un nuevo ámbito para la disputa de imaginarios, para cambiar de la vieja normalidad de la precariedad y el ecocidio, a una nueva normalidad para la vida.

En medio de una grave crisis económica y social, agravada por la pandemia y la crisis sanitaria, es fundamental poner la prioridad en los intereses de las mayorías, no del capital financiero. La deuda es con el pueblo; especialmente con las mujeres y con la naturaleza.

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: sus consecuencias en la soberanía alimentaria

El acuerdo Unión Europea – Mercosur  se negoció a puertas cerradas durante 20 años, bajo un proceso absurdamente largo, con ocultamientos que impidieron la participación ciudadana de los pueblos de ambos bloques económicos y que, consecuentemente se generó un gran desconocimiento popular de sus posibles impactos. Durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri se cerró un preacuerdo en sólo seis meses a través de negociaciones poco transparentes y con una gran carencia de información pública. El tratado favorece el comercio privado y disminuye el control público, proponiendo  garantías sólo para el poder económico y propiciando la reprimarización de las economías y las políticas extractivistas en la región. Por ende, debilita las democracias que ya se encuentran bajo ataque en nuestro continente.

 


Al contrario de lo que los grandes grupos económicos proponen, la aprobación de este acuerdo de libre comercio no trae soluciones para la actual crisis profundizada por los estragos de la pandemia del COVID-19, sino que generaría graves consecuencias sociales y ambientales que se traducen en la pérdida de soberanía en términos económicos, políticos, productivos y alimentarios para nuestro país y la región.

El Acuerdo pone en jaque la soberanía y seguridad alimentaria, generando condiciones para la expansión del agronegocio y el monocultivo agrario (especialmente el de soja). El aumento de la frontera para cultivo y pastura provocará el incremento de desmontes e incendios forestales, atentando contra la biodiversidad de nuestra región, disminuyendo la disponibilidad de agua potable, y aumentando la emisión de gases de efecto invernadero. En la misma línea, se liberaría aún más la importación de agrotóxicos producidos (y no consumidos) en Europa. Esto constituirá, además de una amenaza a la salud, un tratamiento aún más desigual entre países periféricos y centrales 

En materia de comercialización, una de las cláusulas que este acuerdo plantea es la apertura a empresas europeas para el abastecimiento de la compra pública, lo que  afectaría gravemente la producción local y popular que hoy abastece al Estado que, de concretarse, debería competir en licitaciones públicas con empresas europeas en absoluta desigualdad de condiciones.

El sector rural mediano y pequeño se verá afectado por la importación de productos agrícolas europeos, mientras que los grandes monopolios exportadores de agrocomodities se verán beneficiados con la reducción de aranceles, profundizando la concentración de riquezas y desigualdades del sector rural. Este acuerdo va en contra del propio espíritu de integración y cooperación regional del Mercosur, dado que la apertura al mercado europeo rompería las dinámicas internas de comercio entre los países de la región. Es decir, se avanzaría  con una esencia fuertemente extractivista y neocolonial  generando  despojos, desindustrialización y  dolarización de nuestros alimentos e insumos como impacto directo en la vida cotidiana.

 

Sostenemos que atenta contra las democracias de nuestros pueblos porque el acuerdo condiciona enormemente  el rol del Estado y su capacidad para  ejercer  soberanamente  políticas públicas y brindar servicios públicos. A su vez, en materia de empleo,  el acuerdo no otorga ningún papel a los sindicatos para monitorear y garantizar el respeto de los  compromisos con las normas laborales internacionales fundamentales y no reconoce la creación de un Foro Laboral específico impulsado por los sindicatos, que supervise la implementación de la dimensión laboral. En consecuencia, el acuerdo desconoce el rol democrático de los interlocutores sociales como agentes fundamentales del desarrollo sustentable.

Estas consecuencias en el ámbito del trabajo remunerado, afectarían más a las mujeres, aumentando la brecha salarial, la informalidad laboral, la feminización de la pobreza e incluso la violencia de género, al profundizar la dependencia económica de muchas mujeres precarizadas o desocupadas. 

El escenario para frenar este acuerdo es desfavorable: actualmente la mayoría de los gobiernos del MERCOSUR estarían votando a favor de su ratificación definitiva, incluso en detrimento del propio bloque económico. Luego de cerrado, acordado y aprobado por el Congreso de la Nación, los gobiernos deben cumplir el acuerdo, sean cuales fueran las consecuencias en nuestra vida cotidiana. 

Mientras nos organizamos para construir poder popular en contra del acuerdo junto a   organizaciones campesinas, sociales y de base, buscamos visibilizar que otra forma de producción es posible, trabajando simultáneamente para la construcción de políticas de producción y comercialización de alimentos que estén regidas por los principios de la justicia ambiental, social, de género y económica y en consecuencia,  se opongan taxativamente a las políticas que impondría la ratificación del acuerdo UE-MERCOSUR. 

 

Acuerdo UNIÓN EUROPEA – MERCOSUR. Impactos en los derechos colectivos de los pueblos

La ratificación del acuerdo entre la UE y el MERCOSUR conllevaría graves consecuencias ambientales, sociales y económicas para nuestra región. En eso coincidieron los oradores del conversatorio “Acuerdo UE – MERCOSUR. Impactos en los derechos colectivos de los pueblos” organizado por Amigxs de la Tierra en el marco de la semana de acción de la Jornada Continental por la Democracia y en contra del Neoliberalismo.

Gonzalo Manzullo es desde el 2015 director de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores Autónoma de la Argentina (CTA-A) y Delegado titular por la misma central en el Foro Consultivo Económico y Social (FCES) del MERCOSUR, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y la Red Sindical del Sur Global (SIGTUR). En su exposición hizo eje en los aspectos laborales que la ratificación del acuerdo implicaría para la región: “No sólo estamos hablando de algunos impactos negativos en la industria sino que podríamos hablar de poner en riesgo la supervivencia de muchos sectores industriales, empleos industriales, la destrucción de de puestos de trabajo. No tenemos mecanismos de protección para pymes, que en países como el nuestro son los principales creadores de puestos de trabajo”.

En cuanto a las incidencias ambientales del acuerdo, Natalia Salvático, educadora ambiental, Presidenta de la Fundación Amigxs de la Tierra Argentina y coordinadora del programa de Agua comentó: “No deja de ser llamativo que la cuestión ambiental sea la mayor objeción a un acuerdo netamente comercial, y que a primera vista, por el cumplimiento de las metas de la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático y el escándalo de las quemas en el Amazonas, que eso sería lo que los medios hegemónicos y los gobiernos nos muestran como problema. Pero lo que decimos es, a no engañarnos, porque no es un acuerdo de protección del ambiente, sino que es claramente contradictorio con el cuidado de los territorios y fomenta el daño ambiental”.

Por último, Beverly Keene economista, coordinadora de Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina, y docente de la Cátedra Cultura de Paz y DDHH de la Facultad de Ciencias  Sociales de la Universidad de Buenos Aires llamó la atención sobre la cosificación de los pueblos en función de los intereses corporativos: “Estos acuerdos nos convierten a todos en consumidores, no somos más que eso, somos consumidores, somos objetos de las prácticas de las empresas transnacionales que van a operar bajo ese marco. Este acuerdo ha sido muy celebrado remarcando un comercio basado en normas, pero esas no son  las normativas del derecho humano, de protección de derechos laborales, de derechos ambientales… son las normas que protegen al capital”.

La inminente presidencia pro tempore de Argentina en Mercosur abre una posibilidad para que las organizaciones y movimientos sociales locales puedan lograr una mayor incidencia en el rechazo al acuerdo, “tenemos la necesidad, la obligación y la posibilidad de incidir con mayor fuerza” manifestó Beverly Keene. 

Podés ver el webinario completo haciendo clic aquí: https://youtu.be/5fHIOqkD5iw