Carta al MERCOSUR: no queremos el Acuerdo con la Unión Europea

En el marco de la semana de acción contra el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, elevamos como representantes de organizaciones pertenecientes a los países del Mercosur, una carta a la presidencia pro-témpore del bloque regional, a cargo del presidente de Argentina Alberto Fernández, para manifestar nuestra preocupación por las graves consecuencias para nuestro país y nuestra región, que la ratificación de este acuerdo implica.

La carta detalla los impactos ambientales y territoriales del acuerdo, vinculados a la expansión de la matriz extractivista, que provocará mayores emisiones de gases de efecto invernadero, un incremento en el uso de agrotóxicos y semillas transgénicas, desmontes e incendios de bosque nativo, incrementará el acaparamiento de tierras y el despojo de familias campesinas y comunidades indígenas de sus territorios.  

Hemos manifestado nuestra preocupación por la afectación del trabajo y la industria tras la liberalización del mercado en ramas claves de nuestra matriz productiva, la pérdida de miles de puestos de trabajo, la ruptura de la estructura de comercio entre países del Mercosur y el desincentivo a la producción de bienes de valor agregado.

También mencionamos nuestra alarma por la falta de garantías en cuanto a derechos humanos y de las comunidades que el acuerdo supone, a la vez que otorga grandes garantías al sector privado. En este sentido, también denunciamos la ausencia absoluta de participación pública en las negociaciones, incluso de los sectores más afectados, como trabajadores, campesines, la pequeña y mediana empresa y la economía popular.

Manifestamos nuestra grave preocupación en torno a las nuevas condiciones para las contrataciones públicas, que serán sometidas a las reglas del libre mercado, restringiendo la posibilidad de fomentar las industrias nacionales a través de la compra pública, y sometiendo a la economía popular y las pequeñas y medianas empresas locales, a la competencia con empresas europeas para el abastecimiento al Estado.

Finalizamos reafirmando que este tipo de acuerdos han teñido la historia de América Latina de pobreza y desigualdad, afectando gravemente no sólo la economía de los países del Sur Global, sino también socavando su soberanía política ante los bloques del Norte Global.

Podrán leer la carta completa a continuación.

 

 

26 de mayo del 2021, Buenos Aires. Argentina

 

Su Excelencia,

Presidente Pro témpore MERCOSUR

Dr. Alberto Fernández,

De nuestra mayor consideración: 

 

Nos dirigimos a usted como parte de organizaciones sociales y ambientales de países del MERCOSUR con la intención de hacerle llegar nuestras preocupaciones sobre el tratado de libre comercio (TLC) entre dicho bloque económico y la Unión Europea.

 

Estas negociaciones que comenzaron en el año 2000 y finalizaron en julio del 2019 esperan ser ratificadas en los próximos meses por los países miembros de ambos bloques. Si esto sucede, sería el mayor acuerdo comercial jamás aplicado en ambos bloques en cuanto al número de ciudadanos/as afectados/as. 

 

Este acuerdo va a tener un alto impacto en la región, tanto para la sociedad en su conjunto como para el ambiente que habitamos. Ante la ausencia de estudios de impacto oficiales en el Mercosur es que nos gustaría exponer ante usted algunas problemáticas de vital importancia que creemos que se verán agravadas por este TLC, analizadas de manera extensa por numerosos especialistas y organizaciones de ambos lados del Atlántico, en base a los textos publicados tardíamente al finalizar esas negociaciones en 2019, y que no son todos los textos ni los textos finales.

 

1- Impactos ambientales y territoriales

La agricultura intensiva, la producción intensiva de carne y a gran escala y el transporte de mercancías por vía marítima son actividades que empeoran la actual crisis ecológica y productiva que atravesamos como humanidad y como sociedades altamente globalizadas. La quema de combustibles fósiles y las actividades agroindustriales son las principales causas del calentamiento global y este acuerdo sólo acelera estos procesos que son una amenaza para la biodiversidad (incluida la biodiversidad agrícola) y los ecosistemas de cuya salud y equilibrio dependen en gran medida nuestras poblaciones indígenas y campesinas y la vida en todo el planeta. Asimismo, entran en franca contradicción con las metas nacionales para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (NDC) de nuestros países, comprometidas en el Acuerdo de París de la Convención de las Partes.

El TLC pone en jaque la soberanía y seguridad alimentaria, generando condiciones para la profundización de un modelo productivo extractivo y primarizador de la economía basado fundamentalmente en el  agronegocio y el monocultivo agrario, especialmente soja transgénica, caña de azúcar y ganadería. El aumento de la frontera para cultivos y pasturas para aumentar las exportaciones previstas en el TLC, provocará el incremento de desmontes e incendios forestales, atentando contra la biodiversidad de nuestra región, disminuyendo la disponibilidad de agua potable, y aumentando la emisión de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, aumentará los conflictos por la tierra y profundizará el avance empresarial sobre territorios de pueblos originarios y del campesinado, concentrando la tenencia de la tierra y su usufructo en grandes empresas y propietarios, aumentando la especulación financiera y posibilitando también la concentración de la exportación de productos en manos de unos pocos empresarios. 

 

Existe una relación profunda entre el modelo del agronegocio (y su paquete tecnológico), la deforestación y el cambio climático, vastamente documentada en análisis científicos y sociales. Se estima que entre el 25 y el 30% de los gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera cada año se deben a la deforestación, actividad que se vería potenciada por este acuerdo. 

 

Por lo antedicho sostenemos que el TLC aumentará las injusticias ambientales, socioeconómicas y de género dentro del MERCOSUR y entre ambas regiones, en beneficio de las grandes empresas transnacionales.  Además, la solución planteada desde la UE para viabilizar la firma final y ratificación posterior del acuerdo es un protocolo ambiental anexo que en el mejor de los casos es poco más que “maquillaje verde” que implicaría sanciones sólo para los países del MERCOSUR. Estas relaciones son históricas y un TLC, que resultaría activo en un período de décadas, debería mirar las necesidades presentes y futuras de los pueblos, no solo sugerir falsas soluciones que no cambian el carácter colonial del acuerdo. 

               

La preocupación pública -legítima- por los impactos ambientales que implica el acuerdo está siendo utilizada por mandatarios europeos para sus propios fines electorales y por la Comisión Europea para reforzar el sistema de solución de controversias contemplado en el TLC agregándole competencias y atribuciones que no le corresponden pero que sí responden a los intereses de sus empresas transnacionales y a sus propios intereses neocoloniales. La solución que plantea la UE es someter a los países del MERCOSUR al cumplimiento de cláusulas ambientales a través del mecanismo de solución de controversias del TLC entre ambas regiones. De esta manera supedita y subordina la protección de los derechos humanos y ambientales a las reglas y mecanismos de aplicación del libre mercado. Nuestra región tiene vasta experiencia sobre los efectos de los mecanismos de solución de controversias en materia de comercio e inversión en las políticas públicas, la soberanía y los derechos humanos. Cientos de organizaciones sociales han denunciado los efectos nocivos de estos mecanismos y demandado la moratoria y evaluación de los mismos. Es inadmisible que se supediten y subordinen los derechos humanos, incluidos los relacionados al ambiente a este tipo de mecanismos. 

 

2- Impactos en el trabajo y la industria

El TLC entre el Mercosur y la UE profundizará la inserción periférica de nuestra región a la economía y comercio internacional. De entrar en vigencia, el TLC fijaría un patrón de relacionamiento con Europa en el que el MERCOSUR se concentrará en la exportación de productos primarios de origen extractivo, mientras que se libera el ingreso de bienes de origen europeo en algunos sectores especialmente sensibles para pensar en una perspectiva de desarrollo productivo industrial futuro. La vigencia del TLC será un claro obstáculo en la necesaria transformación de la matriz productiva para mejorar las condiciones en las que los países del MERCOSUR se insertan en la economía mundial.      

Nuestro bloque acordó liberalizar el 91% de su comercio bilateral con la UE en un período que, para la gran mayoría de los productos, será solo de diez años, con una pequeña canasta de exclusiones. Se abrirán sectores sensibles clave para el Mercosur, como automóviles, repuestos, textil,  maquinaria, productos químicos y medicamentos. Sectores que podrían permitir, con políticas públicas adecuadas, encadenamientos regionales de complementación productiva. Además, se trata de sectores más intensivos en conocimiento, calificación, tecnología, innovación y mano de obra calificada. Todos elementos virtuosos para permitir un cambio en la matriz productiva y mejoras sustantivas de la calidad del empleo.

En el caso de Argentina, un estudio de impacto sobre el acuerdo realizado en diciembre de 2017 por el Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior de la Universidad Metropolitana (ODEP, 2017) estimó que 186.000 empleos del sector industrial están en riesgo en el país. Los principales sectores afectados en términos absolutos serían la metalmecánica (se perderían 48.000 empleos), calzado, textiles, artículos de cuero y muebles (47.000), autopartes (32.500), químicos (1.000) y automotores (9.500). En el sector metalmecánico, la fabricación de motores, bombas, compresores y válvulas, así como maquinaria agrícola y la producción de equipos eléctricos, se verían particularmente afectados.  Estos empleos no podrían ser reemplazados por empleos generados en el sector agroindustria, principal beneficiado del acuerdo. El sector agroindustrial, en especial el que tiene destino a la exportación, tiene escasa capacidad de generación de empleo y se caracteriza por desarrollar relaciones laborales con propensión a la precarización y el no cumplimiento de los derechos laborales básicos a las trabajadoras y trabajadores empleados. Realidad por mucho contrastante con la agricultura campesina, crecientemente acorralada por el agronegocio y que provee alimentos sanos empleando una gran fuerza de trabajo en condiciones más adecuadas en términos de derechos y respeto a las formas de vida y ocupación del territorio.      .

Entre los perjudicados del sector agroalimentario del Mercosur se encuentra el sector lácteo. El arancel pasará del 28% al 0% una vez que el acuerdo entre en vigor. La Comisión Europea explicó que el sector lácteo europeo es uno de los “beneficiados” de este tratado. Empresarios de todo el sector del Mercosur, reunidos en el Congreso Panamericano de la Leche en noviembre de 2018 plantearon su objeción a la inclusión de este tema en el acuerdo. La liberalización en el mercado del queso y de leche tendrá un impacto en la venta de productos lácteos de Argentina y Uruguay a Brasil. En el caso de Argentina, Brasil es el principal comprador de sus productos lácteos: el 40% de la producción láctea va a ese país. Actualmente, los quesos europeos pagan una tarifa de entrada al Mercosur del 28%. La liberalización podría provocar el reemplazo de los quesos argentinos y uruguayos por los europeos, afectando a la industria  láctea, a sus trabajadores y a los pequeños productores lecheros en ambos países. 

Las personas trabajadoras se encuentran desamparadas bajo este acuerdo ya que no otorga ningún papel a los sindicatos para monitorear y garantizar el respeto de los  compromisos con las normas laborales internacionales fundamentales y no reconoce la creación de un Foro Laboral específico que supervisaría la implementación de la dimensión laboral; en consecuencia,  el acuerdo desconoce el rol democrático de los interlocutores sociales como actores fundamentales del desarrollo sustentable y pilares de un verdadero y efectivo diálogo social.  

En síntesis, beneficia solamente a las grandes empresas e impide la diversificación de la matriz productiva, profundizando la actual, concentrada en productos primarios, que implican uso intensivo de la tierra y aplicación de agrotóxicos; restringe la posibilidad de desarrollo de sectores industriales con mayor valor agregado, desarrollo tecnológico y capacidad de generación de empleo con mejores condiciones laborales, mayor calificación y mejores salarios. Este tratado nos lleva, como región, a una gran desindustrialización y reprimarización de nuestras economías. 

 

3-Impactos en la sociedad democrática y los derechos

La falta de estudios de impacto de este Tratado por parte de MERCOSUR ha sido sistemática. Más notoria es aún la ausencia de mecanismos robustos y efectivos por fuera del TLC pero como parte del Acuerdo de Asociación en sus pilares político y de cooperación que garanticen la primacía de los Derechos Humanos y los derechos de las comunidades por sobre el TLC que constituye el pilar comercial del acuerdo     .

Hay un total desequilibrio entre los derechos económicos y políticos que se garantizan para las empresas con los derechos de la ciudadanía y de las comunidades. Entonces, al igual que en otros tratados de libre comercio, los derechos humanos quedan por debajo de los derechos de las corporaciones y los inversores. 

También es notoria la ausencia de participación pública. El acuerdo se negoció por 20 años en secreto y sin control democrático, pese a tener un impacto potencial enorme en las condiciones de vida y trabajo de los pueblos  de ambos bloques económicos. La sociedad civil de MERCOSUR  fue mantenida  a distancia o ignorada, no hubo consultas con organizaciones sindicales, sociales, ambientales, de derechos humanos, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), los pueblos originarios ni a los pequeños productores agrarios locales. 

 

El texto acordado en julio de 2019 no es enteramente de conocimiento público; gran parte de los compromisos entre las partes no fueron publicados y se desconocen completamente. En todo el proceso de negociación el MERCOSUR no generó análisis oficiales de medición de impactos que pudieran haber alimentado el debate con los actores sociales. También quedaron marginados del debate, instancias de representación democrática claves como es el Parlamento del MERCOSUR. El secretismo y la falta de transparencia son enemigos de la democracia y atentan contra el acceso a la información que permitiría un debate público necesario en materias tan sensibles como las que compromete este tratado con la UE.

 

El texto en su forma actual prácticamente no da espacio para su participación. La población no tendrá ningún poder de control, y todavía menos poder para influir en las decisiones tomadas sobre los posibles problemas que surjan al implementar el acuerdo. Su “participación” se limita a ser notificada de decisiones tomadas, no hay un rol de poder en donde se pueda incidir en la toma de decisiones dentro del acuerdo. Por lo tanto, las instituciones administrativas establecidas se crearon para que las élites políticas y económicas garanticen sus propios intereses.

 

La firma de este TLC también implicará justificar las terribles violaciones de derechos humanos en Brasil y mostrar apoyo a un gobierno que está socavando la democracia y el Estado de derecho. 

En la década comprendida entre 2009 y 2018 tuvieron lugar 363 asesinatos de activistas medioambientales y por la defensa de la tierra en Brasil. De hecho, se trata con diferencia del país en el que se cometen más delitos de este tipo: Brasil es el tercer país del mundo con más muertes de activistas medioambientales, sólo por detrás de Filipinas y Colombia. La impunidad sigue siendo la norma, ya que estos delitos casi nunca se investigan ni juzgan. Según el Informe de la ONG Global Witness el país contabilizó 24 muertes en 2019, cuatro más que el año anterior. El 90% de los casos se produjeron en la Amazonia, donde la destrucción de las tierras indígenas se ha acelerado en la gestión de Bolsonaro.

Si hay algo que caracteriza al acuerdo entre el Mercosur y la UE es la falta de consenso. Los incendios en la Amazonía han abierto los ojos de muchos sectores progresistas en los países europeos. El foco ha sido puesto especialmente en todo lo que sucede en el Brasil gobernado por Jair Bolsonaro. Los desplazamientos de los pueblos originarios y campesinos y la violencia ejercida contra ellos han sido de público conocimiento. A partir de esto, varios países europeos, así como regiones subnacionales, comenzaron a quitarle el apoyo al tratado, como una especie de penalización comercial a cuestiones de derechos.

Tampoco se contempla la cuestión de género: vía la profundización del patrón de producción y comercio primario extractivo, las consecuencias en el ámbito del trabajo remunerado afectarían más a las mujeres, aumentando la brecha salarial, la informalidad laboral, la feminización de la pobreza, e incluso la violencia de género, al profundizar la dependencia económica de muchas mujeres precarizadas o desocupadas. 

4- Impactos en el rol del Estado

Las disposiciones del capítulo de Contratación Pública ponen fin a la posibilidad de que los gobiernos nacionales o provinciales desarrollen políticas públicas específicas que fomenten y beneficien las economías locales. Esto podría evitar la generación de empleo público o incluso privado basado en contratos con el Estado. Al igual que con la reducción de los aranceles para los productos industriales, las disposiciones del acuerdo relativas a la contratación pública en su forma actual probablemente debilitarán las cadenas de valor locales y regionales, limitarán severamente el espacio de los gobiernos para utilizar esta herramienta de política pública para apoyar a la industria y el empleo nacional y regional, al tiempo que aumentarán la dependencia de las empresas transnacionales para la provisión pública, como la construcción de carreteras. Más allá de esta preocupación, ni este capítulo ni el no vinculante sobre pequeñas y medianas empresas les asegura trato especial y diferenciado a los productores de bienes y provedores de servicios del MERCOSUR, para corregir las enormes asimetrías que existen entre ambas regiones.

El capítulo de contratación pública somete las compras gubernamentales a la lógica y reglas del libre mercado, restringiendo severamente la posibilidad de usar este instrumento para promover el empleo y la industria nacionales.  Además, el TLC establece que las pequeñas y medianas empresas locales deben competir en igualdad de condiciones con las multinacionales europeas en la contratación pública, lo que implica en cómo los Programas de Compra de Alimentos (PAA) y de Alimentación Escolar (PNAE) tienen como principales beneficiarias a las mujeres agricultoras (protagonistas en la gestión de la producción y comercialización de alimentos saludables), siendo las más afectadas por el Acuerdo.

 

El tratado pone en peligro el ámbito de lo público. Establece que todos los servicios públicos quedan sometidos a las disposiciones generales del acuerdo. Es decir, que los servicios públicos provistos por el Estado en régimen de competencia con proveedores privados deberán someterse a las reglas del libre mercado y administrarse con arreglo a criterios meramente comerciales. Así, los servicios públicos dejan de ser derechos humanos garantizados por el Estado y pasan a ser mercancías a las que sólo tiene acceso quien pueda pagar por ellas.

El TLC restringe la posibilidad del Estado de controlar, abre nuevos mercados especialmente para las empresas de la UE, al tiempo que impide el uso de políticas públicas para regular las inversiones, los servicios, el comercio electrónico o el movimiento de capitales. Tales medidas afectarán particularmente a los países del Mercosur y conducirán a una mayor destrucción de las cadenas de valor locales y regionales, al mismo tiempo que aumentan la dependencia de las empresas transnacionales. Mientras tanto, estas compañías no estarán obligadas a hacer compromisos vinculantes para cumplir con los derechos humanos o las normas ambientales, ya que el acuerdo no establece mecanismos de responsabilidad exigibles para las corporaciones, sino que se basa en medidas de responsabilidad social empresaria opcionales y autorreferenciales, que las corporaciones mismas puede definir.

 

5-Impactos en la integración regional

 

El tratado es un obstáculo para la integración regional en América Latina, ya que desconoce las asimetrías históricas que aún persisten entre ambas regiones y enfatiza la actual división internacional del trabajo, extractivista de bienes primarios en el Sur global e importadora de bienes industriales con alto valor agregado y productos agrícolas fuertemente subsidiados de la producción local europea.

 

Profundiza nuestro rol periférico, porque se perfora el mercado regional cediendo compromisos como bloque a favor de la UE. Un ejemplo de ello son las disposiciones en materia de contratación pública y compras gubernamentales.

Los negociadores de este acuerdo se aseguraron de que la sociedad civil no tuviera ningún rol dentro del proceso de negociaciones, por lo que carece de consenso y legitimidad social entre la población de ambos bloques. No es democrático ni hay interés alguno de que se genere debate real; es menester de la sociedad civil manifestarse en la instancia que le corresponda. Por ello, miles de personas, comunidades y pueblos afectados por los Tratados de Libre Comercio alzan sus voces en contra de este acuerdo. Más allá de los evidentes puntos sensibles del acuerdo, no poder garantizar una intervención en caso de violaciones de derechos, por ejemplo, es todo lo contrario de lo que se puede llamar democrático. 

 

La historia latinoamericana ha demostrado que los Tratados de Libre Comercio son sumamente perjudiciales para el Sur Global, dejando pasivos sociales, ambientales y económicos de difícil recuperación. A través de la presente nota dejamos constancia de  nuestra profunda preocupación por la cuestiones planteadas anteriormente, nuestra oposición taxativa a la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea – MERCOSUR, y quedamos a disposición para abrir canales de diálogo verdaderamente democráticos donde podamos aportar nuestra visión y nuestra buena voluntad para el impulso de un modelo de integración con justicia, tanto social, ambiental, económica como de género, que beneficie a todos los habitantes de nuestro bloque, fortaleciendo un Mercosur que beneficie a las grandes mayorías y por sobretodo nos brinde garantías para nuestros pueblos.

 

Saludan cordialmente,

 


Amigos de la Tierra Argentina

Amigos de la Tierra Brasil

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay

SOBREVIVENCIA – Amigos de la Tierra Paraguay

ATALC – Amigos de la Tierra Latinoamérica y el Caribe 

UE-Mercosur: un acuerdo sobre la desigualdad

El acuerdo Unión Europea – Mercosur se negoció por 20 años. Sin embargo, bajo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri se cerró un preacuerdo en 6 meses, a través de negociaciones poco transparentes y con una enorme falta de información. Este tratado, tal como se encuentra actualmente, propicia las políticas extractivistas en América Latina, y por ende debilita las democracias que ya se encuentran bajo ataque en nuestro continente.

En Argentina, la tercera economía del cono sur, no sólo fue ratificado, sino impulsado fuertemente, sin existir estudios de impacto ni información pública. Los beneficiarios son sectores minoritarios que participan del comercio exterior, no las mayorías trabajadoras.

La asimetría entre el Mercosur y la Unión Europea es evidente. El presente acuerdo sólo profundiza las desigualdades entre ambos bloques, y no incentiva ni la industria nacional ni la del Mercosur. La gestión del gobierno actual, bajo la presidencia de Alberto Fernández  no ve con buenos ojos este tratado, debido justamente a su disparidad. La posición argentina en este escenario es clave, ya que el signo político de los demás miembros del Mercosur  ha virado a la derecha, lo que propicia las políticas neoliberales, entre las que se encuentra este tratado.

Es necesaria asimismo una articulación internacional con marcada solidaridad internacionalista, ya que estas asimetrías y doble estándar en materias como protección ambiental y DDHH entre los pueblos de Europa y América Latina no pueden ser validadas bajo la forma de un tratado comercial.

El 28 de junio de 2019, se anunció la conclusión de las negociaciones luego de dos décadas de idas, venidas, tensiones y negociaciones entre los dos bloques económicos. En la actualidad, uno de los ámbitos más destacados del debate sobre el tratado es el ambiental. Nunca antes el cuidado del ambiente había tenido un perfil tan alto en las negociaciones internacionales para tratados de libre comercio. Esto se materializó el miércoles 7 de octubre,  cuando los eurodiputados impugnaron el acuerdo presentado,  en una votación que presenta por primera vez cuál es la opinión mayoritaria en ese organismo, sin cuyo visto bueno no puede formalizarse el convenio comercial. El rechazo de los eurodiputados al acuerdo comercial no significa un veto al tratado, que aún no fue oficialmente sometido al Parlamento, pero sí muestra por primera vez que la mayoría de los legisladores europeos se resiste a la idea de aprobarlo. El eje de la impugnación al acuerdo fue la preocupación por el cambio climático, un tema que se ha vuelto central en el debate político europeo de los últimos años y que es una bandera levantada en alto por varios partidos[1]. Sin embargo, este no es su único lado oscuro.

El rechazo actual se centra en el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pero lo que se impugna es el mismo problema que tiene Argentina: los incendios forestales para la extensión de la frontera agroexportadora. El acuerdo,  es de por sí contradictorio con las políticas climáticas acordadas en París por los líderes mundiales y ratificada por nuestro país, y este cumplimiento es una condición del acuerdo comercial. Sin embargo,  no incluye mecanismos exigibles o sanciones por incumplimiento a la protección del monte nativo.

Además, la deforestación y el incumplimiento de las metas de reducción de emisiones,  no serían el único impacto ambiental: la liberalización del comercio en el clima implica múltiples efectos negativos, incluidas emisiones de gas metano, aumento del transporte y contaminación marítima, aumento de uso de agrotóxicos, etc.

A estos impactos se sumarían los económicos, laborales e industriales, dado que el acuerdo implica la reducción de la matriz productiva interna a favor de la apertura de importaciones en rubros clave para el sector productivo nacional.

Si bien la firma del acuerdo implica un grado de avance significativo hacia su concreción, aún es necesario dar el debate en el Congreso, y la dirigencia política del gobierno actual se ha pronunciado en contra antes de asumir sus funciones en 2019.

Por otro lado, el gobierno nacional ha impulsado, durante el contexto actual de crisis pandémica, una serie de medidas para la recuperación económica vinculadas a la protección al mercado interno, la promoción de la industria nacional y el control de retenciones, medidas que se contraponen a la lógica intervencionista del acuerdo por sobre la soberanía de las naciones del Mercosur.

La posición de Argentina en el contexto político regional es fundamental para frenar la ratificación de este acuerdo claramente dañino para nuestra región, dado que el resto de los países que componen el Mercosur ya han dado claras intenciones de acompañar la iniciativa europea. Organizaciones socioambientales de ambos bloques nos organizamos en contra de un acuerdo que no respete la integridad de nuestros territorios ni nuestros derechos democráticos a una vida digna.

[1]https://www.tiempoar.com.ar/nota/bolsonaro-eje-del-rechazo-europeo-al-acuerdo-ue-mercosur (consultada el 10/10/2020)

El racismo, otra razón para el urgente cambio de sistema

El reciente levantamiento del pueblo estadounidense por el crimen de George Floyd, asesinado por las fuerzas de seguridad, en particular por la policía, deja en evidencia la acumulación de siglos de violencia, discriminación e invisibilización, no sólo con la población afroamericana sino también,de la hispana e indígena.
En este contexto de crisis global generalizada y acentuada por la pandemia del Covid-19, esta situación se vuelve intolerable.

El racismo existe y se expresa en múltiples formas, ya sea aversivo, simbólico, etnocentrista o incluso biológico. En muchos casos se encuentra subyacente, y en otros tantos se tornan desgarradoramente explícitos en todo el mundo.El fenómeno del Covid 19,  ha develado  múltiples formasde opresión de  manera descarnada: el sistema patriarcal asesina una mujer cada 29 horas en nuestro país, la militarización sigue en ascenso en nuestra región y el ecocidio no se toma cuarentena: los crímenes ambientales se cometen con impunidad durante el aislamiento; ni los los desmontes,  ni la minería tampoco ni las fumigaciones cesan (Incluso aumentan desmedidamente)

En Argentina los crímenes raciales, la violencia policial y la discriminación por cuestiones étnicas son frecuentes. Entre los casos más recientes, conocimos el repudiable accionar de un grupo de 8 policías que asesinó a Luis Espinoza en Tucumán, y otro grupo policial que violentó salvajemente a una familia qom en Fontana, Chaco. 

Mujeres indígenas agrupadas en el Tejido de Profesionales Indígenas, afirman: “Estamos viviendo un etnocidio qom. Estamos siendo testigxs de un genocidio latente. Así como la policía de Estados Unidos asfixia y mata a George Floyd, en Argentina las fuerzas de seguridad estatal cambian de conducción pero no de prácticas. ¿Cómo le hacemos frente?

Golpear, sacar a la gente de los domicilios sin orden judicial, trasladarlos a un destacamento policial en Fontana, provincia de Chaco, cometiendo todo tipo de abuso de poder, ensañándose y ultrajando a mujeres indígenas y encima fumigarlas (vendrían a ser bichos?) con alcohol por el COVID19 es racismo institucionalizado.” 

El racismo agudiza la crisis provocada por el Covid-19 para los pueblos originarios: la inseguridad alimentaria aumenta, el acceso al agua es cada vez menor, la escasez de leña como combustible esencial para cocinar y calefaccionarse en invierno, la imposibilidad de trasladar insumos básicos y la discriminación en la atención médica e incremento de la violencia, se suman a las problemáticas persistentes en nuestro país, que no se reconoce plurinacional. 

Mientras exigimos investigación y condena de los responsables de tales crímenes, los medios de comunicación hegemónicos siguen invisibilizando sistemáticamente nuestros pueblos y sus diversidades; así como el sistema judicial  no observa con intransigencia dichos comportamientos, sino más bien que los desestima. 

Desde Amigos de la Tierra Argentina, sostenemos que reclamar justicia de forma colectiva es indispensable, solidarizarnos activamente fortaleciendo la organización popular hacia un cambio de sistema se vuelve insoslayable. No queremos volver a aquella normalidad donde existen poblaciones de segunda y tercera categoría. Para cambiar el sistema es necesario eliminar el racismo y toda forma de discriminación para siempre.