UE-Mercosur: un acuerdo sobre la desigualdad

El acuerdo Unión Europea – Mercosur se negoció por 20 años. Sin embargo, bajo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri se cerró un preacuerdo en 6 meses, a través de negociaciones poco transparentes y con una enorme falta de información. Este tratado, tal como se encuentra actualmente, propicia las políticas extractivistas en América Latina, y por ende debilita las democracias que ya se encuentran bajo ataque en nuestro continente.

En Argentina, la tercera economía del cono sur, no sólo fue ratificado, sino impulsado fuertemente, sin existir estudios de impacto ni información pública. Los beneficiarios son sectores minoritarios que participan del comercio exterior, no las mayorías trabajadoras.

La asimetría entre el Mercosur y la Unión Europea es evidente. El presente acuerdo sólo profundiza las desigualdades entre ambos bloques, y no incentiva ni la industria nacional ni la del Mercosur. La gestión del gobierno actual, bajo la presidencia de Alberto Fernández  no ve con buenos ojos este tratado, debido justamente a su disparidad. La posición argentina en este escenario es clave, ya que el signo político de los demás miembros del Mercosur  ha virado a la derecha, lo que propicia las políticas neoliberales, entre las que se encuentra este tratado.

Es necesaria asimismo una articulación internacional con marcada solidaridad internacionalista, ya que estas asimetrías y doble estándar en materias como protección ambiental y DDHH entre los pueblos de Europa y América Latina no pueden ser validadas bajo la forma de un tratado comercial.

El 28 de junio de 2019, se anunció la conclusión de las negociaciones luego de dos décadas de idas, venidas, tensiones y negociaciones entre los dos bloques económicos. En la actualidad, uno de los ámbitos más destacados del debate sobre el tratado es el ambiental. Nunca antes el cuidado del ambiente había tenido un perfil tan alto en las negociaciones internacionales para tratados de libre comercio. Esto se materializó el miércoles 7 de octubre,  cuando los eurodiputados impugnaron el acuerdo presentado,  en una votación que presenta por primera vez cuál es la opinión mayoritaria en ese organismo, sin cuyo visto bueno no puede formalizarse el convenio comercial. El rechazo de los eurodiputados al acuerdo comercial no significa un veto al tratado, que aún no fue oficialmente sometido al Parlamento, pero sí muestra por primera vez que la mayoría de los legisladores europeos se resiste a la idea de aprobarlo. El eje de la impugnación al acuerdo fue la preocupación por el cambio climático, un tema que se ha vuelto central en el debate político europeo de los últimos años y que es una bandera levantada en alto por varios partidos[1]. Sin embargo, este no es su único lado oscuro.

El rechazo actual se centra en el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pero lo que se impugna es el mismo problema que tiene Argentina: los incendios forestales para la extensión de la frontera agroexportadora. El acuerdo,  es de por sí contradictorio con las políticas climáticas acordadas en París por los líderes mundiales y ratificada por nuestro país, y este cumplimiento es una condición del acuerdo comercial. Sin embargo,  no incluye mecanismos exigibles o sanciones por incumplimiento a la protección del monte nativo.

Además, la deforestación y el incumplimiento de las metas de reducción de emisiones,  no serían el único impacto ambiental: la liberalización del comercio en el clima implica múltiples efectos negativos, incluidas emisiones de gas metano, aumento del transporte y contaminación marítima, aumento de uso de agrotóxicos, etc.

A estos impactos se sumarían los económicos, laborales e industriales, dado que el acuerdo implica la reducción de la matriz productiva interna a favor de la apertura de importaciones en rubros clave para el sector productivo nacional.

Si bien la firma del acuerdo implica un grado de avance significativo hacia su concreción, aún es necesario dar el debate en el Congreso, y la dirigencia política del gobierno actual se ha pronunciado en contra antes de asumir sus funciones en 2019.

Por otro lado, el gobierno nacional ha impulsado, durante el contexto actual de crisis pandémica, una serie de medidas para la recuperación económica vinculadas a la protección al mercado interno, la promoción de la industria nacional y el control de retenciones, medidas que se contraponen a la lógica intervencionista del acuerdo por sobre la soberanía de las naciones del Mercosur.

La posición de Argentina en el contexto político regional es fundamental para frenar la ratificación de este acuerdo claramente dañino para nuestra región, dado que el resto de los países que componen el Mercosur ya han dado claras intenciones de acompañar la iniciativa europea. Organizaciones socioambientales de ambos bloques nos organizamos en contra de un acuerdo que no respete la integridad de nuestros territorios ni nuestros derechos democráticos a una vida digna.

[1]https://www.tiempoar.com.ar/nota/bolsonaro-eje-del-rechazo-europeo-al-acuerdo-ue-mercosur (consultada el 10/10/2020)

El racismo, otra razón para el urgente cambio de sistema

El reciente levantamiento del pueblo estadounidense por el crimen de George Floyd, asesinado por las fuerzas de seguridad, en particular por la policía, deja en evidencia la acumulación de siglos de violencia, discriminación e invisibilización, no sólo con la población afroamericana sino también,de la hispana e indígena.
En este contexto de crisis global generalizada y acentuada por la pandemia del Covid-19, esta situación se vuelve intolerable.

El racismo existe y se expresa en múltiples formas, ya sea aversivo, simbólico, etnocentrista o incluso biológico. En muchos casos se encuentra subyacente, y en otros tantos se tornan desgarradoramente explícitos en todo el mundo.El fenómeno del Covid 19,  ha develado  múltiples formasde opresión de  manera descarnada: el sistema patriarcal asesina una mujer cada 29 horas en nuestro país, la militarización sigue en ascenso en nuestra región y el ecocidio no se toma cuarentena: los crímenes ambientales se cometen con impunidad durante el aislamiento; ni los los desmontes,  ni la minería tampoco ni las fumigaciones cesan (Incluso aumentan desmedidamente)

En Argentina los crímenes raciales, la violencia policial y la discriminación por cuestiones étnicas son frecuentes. Entre los casos más recientes, conocimos el repudiable accionar de un grupo de 8 policías que asesinó a Luis Espinoza en Tucumán, y otro grupo policial que violentó salvajemente a una familia qom en Fontana, Chaco. 

Mujeres indígenas agrupadas en el Tejido de Profesionales Indígenas, afirman: “Estamos viviendo un etnocidio qom. Estamos siendo testigxs de un genocidio latente. Así como la policía de Estados Unidos asfixia y mata a George Floyd, en Argentina las fuerzas de seguridad estatal cambian de conducción pero no de prácticas. ¿Cómo le hacemos frente?

Golpear, sacar a la gente de los domicilios sin orden judicial, trasladarlos a un destacamento policial en Fontana, provincia de Chaco, cometiendo todo tipo de abuso de poder, ensañándose y ultrajando a mujeres indígenas y encima fumigarlas (vendrían a ser bichos?) con alcohol por el COVID19 es racismo institucionalizado.” 

El racismo agudiza la crisis provocada por el Covid-19 para los pueblos originarios: la inseguridad alimentaria aumenta, el acceso al agua es cada vez menor, la escasez de leña como combustible esencial para cocinar y calefaccionarse en invierno, la imposibilidad de trasladar insumos básicos y la discriminación en la atención médica e incremento de la violencia, se suman a las problemáticas persistentes en nuestro país, que no se reconoce plurinacional. 

Mientras exigimos investigación y condena de los responsables de tales crímenes, los medios de comunicación hegemónicos siguen invisibilizando sistemáticamente nuestros pueblos y sus diversidades; así como el sistema judicial  no observa con intransigencia dichos comportamientos, sino más bien que los desestima. 

Desde Amigos de la Tierra Argentina, sostenemos que reclamar justicia de forma colectiva es indispensable, solidarizarnos activamente fortaleciendo la organización popular hacia un cambio de sistema se vuelve insoslayable. No queremos volver a aquella normalidad donde existen poblaciones de segunda y tercera categoría. Para cambiar el sistema es necesario eliminar el racismo y toda forma de discriminación para siempre.