Mujeres defensoras del agua de las montañas en Argentina

Desde los cortes de ruta al pie del Cerro hace más de una década, la defensa de las fuentes de agua en los Andes sigue vigente hasta hoy, cuando la minería a cielo abierto se presenta como una solución a esta nueva crisis que enfrentamos. En esta lucha contra las corporaciones, la labor de las mujeres es indispensable y muchas veces anónima. Nos permitimos un recorrido por tres provincias para replicar voces de las guardianas del agua.

La minería es como una moneda que refleja en una de sus caras el extractivismo, y en la otra  el capitalismo neoliberal,  con las que paga un modelo de desarrollo insustentable al que suele llamarse vulgarmente “progreso”, enmarcado por un mercado omnipresente que garantiza la impunidad y el beneficio de las corporaciones transnacionales y las élites económicas, mientras amenaza los derechos de los pueblos y la naturaleza. Los gobiernos supeditan las políticas públicas a este contexto, vulnerando entre otros el derecho al agua que es también un derecho colectivo y se vincula íntimamente con los procesos comunitarios y la defensa de los territorios y los bienes comunes.

En la provincia de San Juan existe Jachal, un departamento situado al norte de la provincia y al este del emprendimiento Veladero, una mina a cielo abierto que explota oro y plata. Allí funcionaba el grupo  Madres  Jachaleras, un grupo de mujeres que comienza a luchar en el año 2002, cuando se hace presente la minería en la comunidad consultando acerca de la opinión sobre el cuidado del medio ambiente, a pesar de que estaba instalada desde 1996 sin consulta previa.

“La promesa del progreso era el sueño de todos, porque no habíamos visto con nuestros propios ojos el impacto de la minería” afirma María José, miembro del grupo. “Cuando nosotros salimos casa por casa a levantar firmas, la minera iba detrás nuestro con los televisores, los dvd y el cd (…) llevan asistentes sociales, contratan psicólogos, los visitan en la casa…para convencerlos de que está todo bien (…) es un despliegue impresionante… nosotros íbamos en bicicleta y ellos iban en unos autazos, a la gente le daba risa.”

En una zona semidesértica, el único río con el que contaba la población era el Río Jachal, y fue destruido por la minera. Primero se contaminó el agua, después comenzó a escasear el agua, y finalmente se han contaminado las napas. La denuncia de María José se remonta al año 2013, pero en los años 2015, 2016 y 2019 ocurrieron derrames de miles de litros de líquido contaminante a la fuente, lo que sigue empeorando la situación hasta hoy, y con total impunidad de la minera trasnacional  Barrick Gold, a cargo de la explotación del yacimiento. Desde enero de este año, la Asamblea Jachal No se Toca, herederas de la iniciativa de las Madres Jachalleras, reclama que el sistema de distribución domiciliaria que trae agua del río, contiene mercurio y otros residuos peligrosos[i].

Al norte de Jachal se encuentra la provincia de La Rioja. Allí en 2012, se inicia un corte de ruta  para impedir el paso de los camiones mineros hacia el cerro Famatina.  En el campamento, emplazado en las afueras de Alto Carrizal, el poblado más cercano al pie del cerro, un nutrido grupo de vecines y activistas mantenían el bloqueo  de manera colectiva.  Muches visitamos este espacio por ese entonces.  Cuando llegamos,  recibimos nuestra asignación de tareas, entre ellas la guardia de la medianoche en una casilla al lado del camino donde estaba la barrera , en la que siempre había un grupo de personas en vigilia. En ese espacio conocimos a María Luisa “muñeca”, a Daniela, a María Eugenia  y  muchas otras mujeres de todas las edades haciendo guardia a la par de los varones por el agua de su pueblo, entre risas pero con solemnidad, nos compartieron historias de lucha y de orgullo por su tierra. “Los cerros son nuestros, es del pueblo, y nosotros no queremos que lo exploten, es nuestro, es como si fuese nuestro hijo. Yo cuando dijeron que lo iban a explotar en 2006 ya me puse loca (…) no todos tienen esa posibilidad de tener una belleza como tenemos nosotros”[ii]

En La Rioja la minera no pasó esa vez, y luego tampoco.  Hasta 2018 la comunidad al pie del Famatina rechazó la instalación de 5 empresas mineras.

Pero la disputa por el territorio nunca se termina porque las comunidades viven sobre montañas que albergan enormes riquezas y son asediadas por el poder económico.

Luego muchos intentos y no pocos fracasos, las corporaciones transnacionales despliegan novedosas estrategias de legitimación, una de esas es su autodenominado rol fundamental en la economía, mediante el cual derramarían  riqueza para la recuperación de nuestro país luego de la crisis del COVID. Mientras esto dicen, las empresas mineras siguen funcionando en pleno aislamiento de cuarentena como “actividad esencial” y dispersan el virus en las poblaciones andinas, cómo ocurrió en Catamarca. Dice Silvina, de la Asamblea el Algarrobo de esa provincia: “Nosotros pensamos que la actividad minera no es esencial. De hecho los primeros casos de COVID en Catamarca fueron empleados mineros y consideramos desde la asamblea que el agua es esencial, no la actividad minera.”

Catamarca es la provincia al norte de La Rioja y allí encontramos a Andalgalá, una pequeña ciudad en la falda del Cerro Aconquija, en la que habitan 20.000 habitantes. Andalgalá  padece hace 20 años la explotación minera y sin embargo es una de las zonas más empobrecidas de la del país. En 1995 se otorga la concesión de yacimientos Mineros agua de Dionisio a Minera Alumbrera. El proyecto “Bajo La Alumbrera” es la mina en  funcionamiento más grande de Argentina. Tiene denuncias y causas penales en tres provincias por contaminación y violación de derechos. Luego de la instalación de este yacimiento, se sucedieron otros proyectos de mayor envergadura todos ubicados en el Aconquija.

Las poblaciones que resisten, padecen persecución ideológica y violencia institucional a través del uso de la fuerza policial contra las comunidades. Las mujeres denuncian que están expuestas no sólo el riesgo de ser defensoras del agua, sino al escarnio público del patriarcado. Una participante de un grupo feminista de la provincia denuncia “hablando con las mujeres vemos que se puede llegar a algo, pero va a ser un conflicto tremendo, y es exponerlas más de lo que ya están expuestas”

Una mujer agricultora de Andalgalá, cuya identidad prefiere preservar, nos dice: “La vida la garantizamos los pueblos, con nuestro cuerpo y con organización y con el trabajo diario función del alimento, función de la vida. Y cada vez se hace más difícil, hay cada vez más poblaciones en jaque por estos intereses. El pueblo sale a caminar todos los sábados desde hace más de 11 años en contra de la minería a cielo abierto y en defensa del agua. Milita la causa en su cotidianeidad, todos los días, y eso se va inculcando en nuevas generaciones de niños y niñas que lo incorporan.”

La disputa con la minería no es sólo por el agua, es sobre el modelo de desarrollo que encarna, el tan inasible “progreso”.  Para indagar en estos imaginarios, en 2020 entrevistamos a habitantes de la Cuenca del Salar del Pipanaco, en la provincia de Catamarca. Hablamos del agua y de sus proyectos de vida. Nos hablaron de resistencias, de la dignidad humilde y se preguntan: “¿Cómo no vamos a luchar? ¿No secamos junto a la Tierra?”

Una mujer productora y tejedora campesina, al preguntarle sobre su visión del desarrollo contesta: “la vivienda en primer lugar, tendría que haber mucho más desarrollo en las cosas más importantes más necesarias”. Para los campesines, el vínculo de la agricultura con el agua es esencial. “La conciencia de que toda el agua está relacionada y que conecta los pueblos, puedo decir que sí está, por qué los productores y la gente que habita los territorios, así lo ve.”

Para las agricultoras, “tenemos que pensar en un desarrollo inclusivo en un desarrollo en relación, un desarrollo integral, un desarrollo mirado desde las comunidades, que quizás ya lo estamos haciendo… Es lo que se ve, es lo que está”.

En Los Andes se habla de comunitarismo, y las comunidades se aglutinan en torno al agua.

“No se puede poseer ese algo sin dueño” dice la poesía de la Reina Mora qué leyó Rosa, integrante de la Asamblea el Algarrobo, en el primer Encuentro Latinoamericano por el Agua realizado en la ciudad de Catamarca en 2018.  Miles son las guardianas del agua, y no se encuentran sólo en la montaña: la “madre de todas las batallas”,  Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo,  a los 87 años  viajó a Catamarca y se dirigió a la multitud que asistió al Encuentro con estas palabras: “Toda la lucha nuestra es puro compromiso, si no sale de adentro, no vale (…) hoy venimos a defender el agua (…) primero vinieron por nuestros hijos e hijas ahora vienen por el agua” “A la protesta hay que transformarla en propuesta. Que nadie diga estoy cansado” dice una luchadora incansable;  y con su ejemplo contagia todes les demás, porque el agua no se vende ¡se defiende!

 

*Texto realizado por Natalia Salvático para www.capiremov.org 

[i] https://noalamina.org/argentina/san-juan/item/44832-san-juan-denuncian-falta-de-agua-potable-en-jachal-y-contaminacion-por-la-megamineria

[ii] https://www.youtube.com/watch?v=sZEb6T_A7zs&t=1494s

 

21 de marzo: Día Internacional de los Bosques. Es hora de cambios estructurales.

En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de los Bosques, siendo 2013 el primer año en celebrarlo oficialmente.

Esto a la luz de la acelerada perdida de bosques en todo el mundo. La organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha determino que desde 1990 se han perdido 420 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo. Una superficie cercana al doble del territorio continental de la Argentina.

Entre los 10 países que más han destruido sus bosques en este periodo se encuentra la Argentina. Aunque los desmontes han sido intensos durante casi todo el siglo 20, en su última década y en las primeras del siglo XXI, la trasformación de bosques en cultivos y pasturas se aceleró.

El paquete tecnológico, integrado por cultivos transgénicos (principalmente soja) agrotóxicos, y una mayor tecnificación basada en combustibles fósiles, ha protagonizado este proceso de perdida de bosques.

Luego de un fuerte activismo socio ambiental, protagonizado por las organizaciones campesinas e indígenas, se sancionaron las leyes de Bosques (N⁰26331) y de territorios indígenas (N⁰26160). Si bien ambas muy importantes para poner coto a el acaparamiento y destrucción intensiva por parte de sector agroindustrial, han sido totalmente insuficientes para asegurar la continuidad de las grandes masas de bosques nativos y los derechos de los pueblos que en el viven.

Luego de 15 años de recorrido de ambas leyes, el paradigma debe cambiar. Una década y media es tiempo suficiente para obtener lecciones importantes. Desde Amigos de la Tierra entendemos que es momento de prohibir totalmente los desmontes y dar carácter permanente a las salvaguardas temporales declaradas en la ley 26160 para los territorios indígenas.

Debemos pasar de un enfoque de discusión del ordenamiento territorial que pretende establecer la convivencia del modelo extractivista con áreas de conservación, a uno basado en objetivos de transición hacia la agroecología de los establecimientos dedicados a monocultivos, a la vez que se priorizan zonas de restauración y se fortalece la gestión comunitaria de los bosques de las comunidades indígenas y campesinas.

Los impactos sociales de la perdida de los servicios ecosistémicos que los bosques brindan, están a la vista de toda la sociedad; sequias e inundaciones más frecuentes e intensas, pandemias, desplazamientos de poblaciones humanas, perdida de productos forestales no madereros y posibilidades de desarrollo a escala local.

Es hora de asegurar los derechos de quien habitan en los bosques y salvaguardar los servicios ecosistémicos que los bosques brindan a toda la sociedad, es hora de parar totalmente los desmontes, fortalecer la gestión comunitaria y comenzar la restauración de los bosques destruidos y degradados.

Es hora de cambios estructurales para salvar los bosques nativos de la Argentina.

 

Análisis del proceso de construcción de las propuestas nacionales para la lucha contra el cambio climático

El informe “Análisis y panorama de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional en Argentina” es un documento de análisis del proceso de construcción de las propuestas nacionales para la lucha contra el cambio climático, en el marco de los acuerdos internacionales de reducción de emisiones. Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional son un conjunto de medidas cuantificables para alcanzar el objetivo meta de Argentina, que al año 2030 pretende no exceder un total de emisiones de 483 millones de toneladas de CO2eq (huella de carbono).

 

 

En su primer parte el documento realiza una descripción sobre el proceso de conformación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, el estado de situación de cada sector económico y productivo en la generación de emisiones, las propuestas sectoriales en metas de reducción de CO2eq. En la segunda parte, el documento realiza una evaluación y análisis crítico de la evolución de los compromisos de reducción, y un análisis sobre los procesos participativos y la incidencia de las voces de las organizaciones ecologistas y la sociedad civil.

 

Resumen del documento:
Capítulo 1. Recorrido por el proceso de elaboración de las contribuciones determinadas a nivel nacional en Argentina.
Capítulo 2. Estado de situación y emisión por sectores. Metas de reducción de emisiones de acuerdo a los planes de acción sectoriales (Energía, Bosques, Transporte, Industria, Agricultura y ganadería, Infraestructura y territorio).
Capítulo 3. Evaluación por sector del cumplimiento de las metas de reducción y mitigación. Análisis de procesos en marcha y falsas soluciones.
Capítulo 4. Análisis de los procesos de participación ciudadana y alternativas desde los pueblos.

Lee aquí el Informe NDC

UE-Mercosur: un acuerdo sobre la desigualdad

El acuerdo Unión Europea – Mercosur se negoció por 20 años. Sin embargo, bajo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri se cerró un preacuerdo en 6 meses, a través de negociaciones poco transparentes y con una enorme falta de información. Este tratado, tal como se encuentra actualmente, propicia las políticas extractivistas en América Latina, y por ende debilita las democracias que ya se encuentran bajo ataque en nuestro continente.

En Argentina, la tercera economía del cono sur, no sólo fue ratificado, sino impulsado fuertemente, sin existir estudios de impacto ni información pública. Los beneficiarios son sectores minoritarios que participan del comercio exterior, no las mayorías trabajadoras.

La asimetría entre el Mercosur y la Unión Europea es evidente. El presente acuerdo sólo profundiza las desigualdades entre ambos bloques, y no incentiva ni la industria nacional ni la del Mercosur. La gestión del gobierno actual, bajo la presidencia de Alberto Fernández  no ve con buenos ojos este tratado, debido justamente a su disparidad. La posición argentina en este escenario es clave, ya que el signo político de los demás miembros del Mercosur  ha virado a la derecha, lo que propicia las políticas neoliberales, entre las que se encuentra este tratado.

Es necesaria asimismo una articulación internacional con marcada solidaridad internacionalista, ya que estas asimetrías y doble estándar en materias como protección ambiental y DDHH entre los pueblos de Europa y América Latina no pueden ser validadas bajo la forma de un tratado comercial.

El 28 de junio de 2019, se anunció la conclusión de las negociaciones luego de dos décadas de idas, venidas, tensiones y negociaciones entre los dos bloques económicos. En la actualidad, uno de los ámbitos más destacados del debate sobre el tratado es el ambiental. Nunca antes el cuidado del ambiente había tenido un perfil tan alto en las negociaciones internacionales para tratados de libre comercio. Esto se materializó el miércoles 7 de octubre,  cuando los eurodiputados impugnaron el acuerdo presentado,  en una votación que presenta por primera vez cuál es la opinión mayoritaria en ese organismo, sin cuyo visto bueno no puede formalizarse el convenio comercial. El rechazo de los eurodiputados al acuerdo comercial no significa un veto al tratado, que aún no fue oficialmente sometido al Parlamento, pero sí muestra por primera vez que la mayoría de los legisladores europeos se resiste a la idea de aprobarlo. El eje de la impugnación al acuerdo fue la preocupación por el cambio climático, un tema que se ha vuelto central en el debate político europeo de los últimos años y que es una bandera levantada en alto por varios partidos[1]. Sin embargo, este no es su único lado oscuro.

El rechazo actual se centra en el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pero lo que se impugna es el mismo problema que tiene Argentina: los incendios forestales para la extensión de la frontera agroexportadora. El acuerdo,  es de por sí contradictorio con las políticas climáticas acordadas en París por los líderes mundiales y ratificada por nuestro país, y este cumplimiento es una condición del acuerdo comercial. Sin embargo,  no incluye mecanismos exigibles o sanciones por incumplimiento a la protección del monte nativo.

Además, la deforestación y el incumplimiento de las metas de reducción de emisiones,  no serían el único impacto ambiental: la liberalización del comercio en el clima implica múltiples efectos negativos, incluidas emisiones de gas metano, aumento del transporte y contaminación marítima, aumento de uso de agrotóxicos, etc.

A estos impactos se sumarían los económicos, laborales e industriales, dado que el acuerdo implica la reducción de la matriz productiva interna a favor de la apertura de importaciones en rubros clave para el sector productivo nacional.

Si bien la firma del acuerdo implica un grado de avance significativo hacia su concreción, aún es necesario dar el debate en el Congreso, y la dirigencia política del gobierno actual se ha pronunciado en contra antes de asumir sus funciones en 2019.

Por otro lado, el gobierno nacional ha impulsado, durante el contexto actual de crisis pandémica, una serie de medidas para la recuperación económica vinculadas a la protección al mercado interno, la promoción de la industria nacional y el control de retenciones, medidas que se contraponen a la lógica intervencionista del acuerdo por sobre la soberanía de las naciones del Mercosur.

La posición de Argentina en el contexto político regional es fundamental para frenar la ratificación de este acuerdo claramente dañino para nuestra región, dado que el resto de los países que componen el Mercosur ya han dado claras intenciones de acompañar la iniciativa europea. Organizaciones socioambientales de ambos bloques nos organizamos en contra de un acuerdo que no respete la integridad de nuestros territorios ni nuestros derechos democráticos a una vida digna.

[1]https://www.tiempoar.com.ar/nota/bolsonaro-eje-del-rechazo-europeo-al-acuerdo-ue-mercosur (consultada el 10/10/2020)

Los Movimientos en defensa del Agua y sus desafíos en la Cordillera de los Andes

En septiembre de 2018 se realizó la Cumbre del Agua para los pueblos.  El lugar elegido para realizarla no fue casualidad: la provincia de Catamarca ha sido en Argentina, uno de los primeros territorios sometidos al  modelo extractivista. Allí funciona desde finales de los años 90 la explotación minera de oro a cielo abierto más grande del país: la mina Bajo La Alumbrera a 300 de la capital provincial y cercana a poblaciones como Belén y Andalgalá. Tras más de 20 años de explotación de la Alumbrera Catamarca no solo no conoció el desarrollo económico y social sino que es una de las provincias con el mayor índice de pobreza del país.

Durante la cumbre del agua se denunciaron entre otras a  Yamana Gold, que continúa su lobby, exigiendo a las autoridades provinciales la derogación de la ordenanza municipal que, desde 2016, prohíbe la explotación minera en el cordón montañoso Nevado del Aconquija, como forma de cumplimiento de la Ley de Glaciares.

Nora Cortiñas y participantes sanjuaninos de la bicileteada en defensa de la Ley de Glaciares

El mismo año del Encuentro del Agua, 2018, luego de 7 años, se publicó oficialmente el inventario de Glaciares, y a posterior de  la publicación las organizaciones Greenpeace Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denuncian que el inventario no está completo, ya que excluye a los glaciares con una superficie menor a 0,01km21.

Como se puede apreciar, las disputas del agua son muchas, pero en cuanto a los glaciares, tienen dos grandes afectaciones: el derretimiento por aumento de las temperaturas y la minería, con sus múltiples afectaciones en áreas glaciares y periglaciares, así como las consecuencias en el agua de deshielo de la que se alimentan numerosa población al pie de la cordillera.

Pese al nuevo impulso que las luchas por el agua retoman luego de la Cumbre y el inventario de glaciares, las mineras continúan su constante presión para operar desoyendo la Ley de Glaciares.  En marzo de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri recibió a autoridades de las empresas mineras Yamana Gold, Glencore y Goldcorp, quienes le presentaron detalles del proyecto llamado «Agua Rica» para la extracción de oro y cobre en la provincia de Catamarca, explotación que duraría 25 años y que genera fuerte rechazo de la población.

En junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de la Ley de Glaciares. El resultado de la máxima autoridad judicial nacional, marcó un hito para la preservación de los glaciares.

El 27 octubre de 2019, la Asamblea «El Algarrobo» oriunda del pueblo de Andalgalá, Catamarca, presentó ante la justicia una denuncia penal a los directores de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), funcionarios de la Sindicatura General y de la Secretaría de Minería de la Nación, por incumplimiento de los deberes de funcionario público al no respetar el Artículo Nº 6 de la Ley de Glaciares que prohíbe la actividad minera en zona con  glaciares y ambiente periglacial.

A fines de 2019, también en Catamarca, el pueblo de Antofagasta reclamó fuertemente que NO quiere el proyecto del acueducto del río Los Patos para la extracción de litio. Ya suficientes impactos se causaron en el río Trapiche, dejando secas a las vegas perjudicando toda forma de vida de la cuenca. En el Salar del Hombre Muerto, la empresa Minera del Altiplano está extrayendo litio desde 1997 dejando como consecuencia el agotamiento del agua del río Trapiche. Para continuar la explotación se proyecta construir un acueducto que transporte el agua subterránea del acuífero del río Los Patos. El conflicto aún no ha tenido resolución.

En 2019 también se celebraron el país elecciones presidenciales resultando en un cambio de signo político, en el cual resultó elegido el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Sin embargo, a pesar del cambio de orientación política, no cambió la política extractivista, donde la minería pugna por erigirse como la solución a la debilitada posición económica del país luego de 4 años de neoliberalismo extremo gerenciados por Mauricio Macri.

Los dirigentes cordilleranos pro-minería, supieron aprovechar la continuidad del impulso minero, por ejemplo el flamante gobernador mendocino Rodolfo  Suarez  y la legislatura de la Provincia de Mendoza, que inmediatamente después de asumir, modificaron el 20 de diciembre la Ley Provincial 7722 de defensa del agua, hecho masivamente rechazado por el pueblo mendocino y apoyado a nivel nacional de manera inmediata.  

Antes de la navidad, el 23 de diciembre, se inició la llamada “Marcha más Grande de la Historia” la cual rechazaba la recién aprobada modificación a la Ley 7722 “que abre paso a la megaminería y profundiza la crisis hídrica que esta viviendo la provincia”. La reforma a la Ley 7722  habilitaba químicos tóxicos antes prohibidos, y columnas de miles de personas avanzaron desde toda la provincia hacia la casa de Gobierno. Al llegar a la Casa de Gobierno, el hashtag #La7722NoSeToca  rápidamente se hizo viral por el apoyo de los ciudadanos/as a la masiva marcha contra la megaminería.

El martes 24, El gobernador Rodolfo Suárez haciendo oídos sordos a las manifestaciones, promulgó la ley que permitía el uso de contaminantes químicos. Pero el  26 de diciembre se vio obligado a llamar “al diálogo” y el 27 a derogar la modificación, resultando  el hecho en un gran triunfo popular del pueblo mendocino en defensa de sus aguas. Este fue el primer revés ambiental del flamante gobierno de Fernández, que a pocos días de asumir el poder se enfrentó de bruces con la contradicción desarrollista.

A raíz de los acontecimientos sucedidos en la provincia de Mendoza, se hicieron eco en todo el país los reclamos por el agua y luego de apoyar fuertemente el reclamo mendocino, cientos de ambientalistas de todo el país se alistaron a organizar una  primera Marcha plurinacional del agua para los pueblos, que se realizaría el 22 de marzo, Día del Agua, confluyendo en la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente,  a consecuencia de la cuarentena por COVID la marcha fue suspendida.  “La alarma y la conciencia que hoy tenemos con respecto al peligro que corre nuestra vida por un virus, es la alarma que sufrimos día a día en cada uno de nuestros territorios” expresó el comité organizador en su comunicado al respecto (disponible aquí).

Hoy, durante la pandemia, la actividad minera está considerada dentro de las excepciones del decreto del Aislamiento social preventivo y obligatorio  para mantener en pie a la producción, el secretario de minería de la nación, Alberto Hensel dijo que el Gobierno “comenzó a plantear como eje de desarrollo social y económico a la minería” y anunció que desde julio seguirán en la puesta en marcha de “un Plan Estratégico para la actividad que se conviertan en política pública para el sector y en señal clara de seguridad jurídica ante la incertidumbre de quienes quieran invertir”. El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia, afirmó: “Yo creo que la minería es una de las alternativas más viables para la reconstrucción que necesitará la Argentina”

Queda claro que el desafío para la gestión pública y la participación comunitaria en cuestiones del agua será un escenario complejo durante los próximos años, con dificultades propias de esta nueva crisis de salud, que se suma con fuerza a la crisis del modelo capitalista que se evidenciaba antes de la aparición del COVID19. La disputa entre modelos de desarrollo antagónicos será de vital importancia en el corto plazo, y será importante darla sin perder de vista el rol de alta conflictividad social que protagonizan las corporaciones trasnacionales mineras en el escenario nacional.

1-https://farn.org.ar/archives/25208