Miriam Zamudio nos cuenta como una cooperativa de familias misioneras logró la expropiación de 600 hectáreas de la multinacional Alto Paraná.

Desde Amigos de la Tierra Argentina nos comunicamos con Miriam Zamudio para conocer en más profundidad cómo este conjunto de familias logró recuperar las tierras dañadas por la empresa forestal Alto Paraná (Arauco) con una valiosa jurisprudencia.

La ley provincial misionera XXIV N°1, ordena al estado comprar y expropiar 600 hectáreas de la compañía para devolvérselas a los pequeños productores que hoy gestionan sustentablemente el territorio. Su aprobación y actual cumplimiento son resultado de la lucha incansable de más de 200 familias.

¿Cómo comienza la cooperativa de Productores Independientes de Puerto Piray (PIP)?

Nosotros desde el 2003 habíamos empezado con cuatro grupos de base, pequeños grupitos donde las familias se reunían. Se veía lo preocupante que era la situación económica, se pensaba ir organizando un trabajo en conjunto. Invitando familias armamos una asociación civil.

¿Cómo fue la lucha hasta alcanzar la ley?

En el 2007, además de que nos faltaba el pan en la mesa y el trabajo era cada día más difícil, empezamos a ver la problemática de la tierra y a luchar más fuertemente. Logramos en el 2013 que se apruebe la ley de compra y expropiación de 600 hectáreas para las familias de Piray. Esa ley sale a partir de 14 años de lucha. De marchas, manifestaciones, mesas de diálogo, mesas de trabajo y negociación, petitorios…

En la misma ley nos dijeron que si queríamos trabajar la tierra teníamos que conformarnos en cooperativa. Formamos entonces también la cooperativa agropecuaria de PIP.

¿Enfrentaron persecuciones de la empresa o de las autoridades?

Desde que empezamos fuimos perseguidos por la policía. Entendemos muy bien que la multinacional tiene poderes dentro de esa fuerza, de los juzgados, municipios y la provincia. Lo vivimos en todo sentido. Si yo contara cada episodio que tuvimos no terminaríamos nunca.

Lo que puedo mencionar es que cuando nos juntábamos para organizar una reunión del consejo deliberante, la policía ya andaba rondando. Una vez hicimos una manifestación todos los vecinos donde (la empresa) estaba echando todos los pinares y utilizando agrotóxicos. Fuimos a detener los camiones y pedir que venga el gobierno provincial. En 5 minutos que estuvimos ahí llegó la policía con un desalojo firmado por un juez. Y ese tipo de autorización lleva tiempo. Ahí nos dimos cuenta que van todos de la mano y se depende mucho de la resistencia, de las ganas de seguir adelante esa lucha, la cual nunca aflojamos porque es muy justa.

¿Se está cumpliendo la ley obtenida?

Hoy en 2018, hace un año que nos entregó la primer etapa de 166 hectáreas. En este tiempo ya pudimos lograr plantaciones anuales. Entregamos una hectárea a cada una de 53 familias y el resto lo trabajamos de forma colectiva.

En realidad no todas esas 166 son áreas productivas. Hay dañados, piedrales y arroyos que queremos conservar. Calculamos que son aproximadamente 80 las tierras productivas.

¿En qué estado dejó la empresa Alto Paraná, Arauco, a las tierras?

Desde 1995 o 96, la empresa comenzó con lo venenos, que es como nosotros llamamos a los agroquímicos. En 2016 talaron los pinales. En 2017 se nos entregó la tierra.La verdad que la encontramos bastante empobrecida. Igual nos animamos.

¿Cómo trabajan estas tierras?

Estamos tratando de buscar la forma de recuperarla, trabajándola de distintas maneras para devolverle su abono natural. Por ejemplo, a la mandioca no se le saca todo con raíz sino que se corta por arriba para seguir conservando esa tierra y que no sea lavada por la lluvia. Tenemos también un proyecto planificado de abono.

Ahora está saliendo mandioca, casi siete hectáreas de maíz. Se probó con zapallo, calabaza, sandía. Esperabamos menos pero salió bastante bien.

¿Cómo les cambia la vida a las familias con la entrega del territorio?

Aquellas familias que tienen una hectárea están cultivando lo que es el alto consumo, entonces la primera necesidad ya se está cubriendo. Consumen su propio alimento y eso es un lindo logro para nosotros. También estamos viendo cómo generar más proyectos productivos para que las familias puedan seguir sosteniendo todo lo que sea los productos verdes y también cría de chanchos, o alguna vaquilla.

¿De qué organizaciones o del estado reciben apoyo?

Cuando éramos grupos de base comenzamos trabajando con los técnicos del PCA, que hoy sería Secretaría de Agricultura de la Nación. Hubo algunos proyectos en conjunto con ellos. La ley obliga al IFAI (Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial) a acompañar todo el proceso de la compra y producción de estas tierras, por ejemplo con semillas o algunas maquinarias para delimitar nuestras tierras con las de Alto Paraná, que están cerquita. Ahora lo que estamos pidiendo es el tractor,  la sembradora, las motos guadañas. A cada familia se le entregó un kit de herramientas manual y con eso no alcanzaba. Necesitamos tener maquinarias para la parte colectiva, para que el trabajo de la tierra no sea un sufrimiento sino un placer, placer de ver cómo se desarrolla y da momentos positivos a las familias.

¿Cómo sigue la lucha por las hectáreas que faltan entregar?

La idea es que este año podamos tener gran parte de las tierras de la segunda etapa, donde proyectamos ir plantando ya otras cosas. La caña dulce; armar el propio ganado, contar con la leche, el queso, el yogurt; y aprovechar los espacios de naciente con piletas de pescado.

Por eso, en esta pequeña área que nos entregaron intentamos organizarnos lo mejor posible. Cada domingo tenemos reuniones con todas las familias. Llevamos nuestro mate y pancito. La idea es charlar cómo organizar nuestros trabajos en equipo.Y así vamos plantando toda nuestra tierra. El objetivo es fortalecer cada grupo de base con su proyecto productivo y utilizar bien las tierras que nos van a entregar.

¿Piensan cómo puede ampliarse la ley y la experiencia de la cooperativa a otras zonas, o incluso a nivel nacional?

Nosotros siempre, desde nuestro surgimiento, articulamos con otras organizaciones. La idea es que esta experiencia ayude no sólo a PIP sino en segundo paso a nuestra provincia. Muchas localidades tienen estas problemáticas, incluso con la misma empresa. Queremos llegar a que esto sea un ejemplo positivo para lo nacional. La tierra hoy en día es para nosotros algo muy sagrado. Es muy justo para los campesinos el poder acceder a esas tierras porque quieren trabajar, quieren producir alimentos sanos, tener una vida digna y equilibrada. Ese es nuestro sueño como organización.