Acuerdo UNIÓN EUROPEA – MERCOSUR. Impactos en los derechos colectivos de los pueblos

La ratificación del acuerdo entre la UE y el MERCOSUR conllevaría graves consecuencias ambientales, sociales y económicas para nuestra región. En eso coincidieron los oradores del conversatorio “Acuerdo UE – MERCOSUR. Impactos en los derechos colectivos de los pueblos” organizado por Amigxs de la Tierra en el marco de la semana de acción de la Jornada Continental por la Democracia y en contra del Neoliberalismo.

Gonzalo Manzullo es desde el 2015 director de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores Autónoma de la Argentina (CTA-A) y Delegado titular por la misma central en el Foro Consultivo Económico y Social (FCES) del MERCOSUR, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y la Red Sindical del Sur Global (SIGTUR). En su exposición hizo eje en los aspectos laborales que la ratificación del acuerdo implicaría para la región: “No sólo estamos hablando de algunos impactos negativos en la industria sino que podríamos hablar de poner en riesgo la supervivencia de muchos sectores industriales, empleos industriales, la destrucción de de puestos de trabajo. No tenemos mecanismos de protección para pymes, que en países como el nuestro son los principales creadores de puestos de trabajo”.

En cuanto a las incidencias ambientales del acuerdo, Natalia Salvático, educadora ambiental, Presidenta de la Fundación Amigxs de la Tierra Argentina y coordinadora del programa de Agua comentó: “No deja de ser llamativo que la cuestión ambiental sea la mayor objeción a un acuerdo netamente comercial, y que a primera vista, por el cumplimiento de las metas de la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático y el escándalo de las quemas en el Amazonas, que eso sería lo que los medios hegemónicos y los gobiernos nos muestran como problema. Pero lo que decimos es, a no engañarnos, porque no es un acuerdo de protección del ambiente, sino que es claramente contradictorio con el cuidado de los territorios y fomenta el daño ambiental”.

Por último, Beverly Keene economista, coordinadora de Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina, y docente de la Cátedra Cultura de Paz y DDHH de la Facultad de Ciencias  Sociales de la Universidad de Buenos Aires llamó la atención sobre la cosificación de los pueblos en función de los intereses corporativos: “Estos acuerdos nos convierten a todos en consumidores, no somos más que eso, somos consumidores, somos objetos de las prácticas de las empresas transnacionales que van a operar bajo ese marco. Este acuerdo ha sido muy celebrado remarcando un comercio basado en normas, pero esas no son  las normativas del derecho humano, de protección de derechos laborales, de derechos ambientales… son las normas que protegen al capital”.

La inminente presidencia pro tempore de Argentina en Mercosur abre una posibilidad para que las organizaciones y movimientos sociales locales puedan lograr una mayor incidencia en el rechazo al acuerdo, “tenemos la necesidad, la obligación y la posibilidad de incidir con mayor fuerza” manifestó Beverly Keene. 

Podés ver el webinario completo haciendo clic aquí: https://youtu.be/5fHIOqkD5iw

UE-Mercosur: un acuerdo sobre la desigualdad

El acuerdo Unión Europea – Mercosur se negoció por 20 años. Sin embargo, bajo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri se cerró un preacuerdo en 6 meses, a través de negociaciones poco transparentes y con una enorme falta de información. Este tratado, tal como se encuentra actualmente, propicia las políticas extractivistas en América Latina, y por ende debilita las democracias que ya se encuentran bajo ataque en nuestro continente.

En Argentina, la tercera economía del cono sur, no sólo fue ratificado, sino impulsado fuertemente, sin existir estudios de impacto ni información pública. Los beneficiarios son sectores minoritarios que participan del comercio exterior, no las mayorías trabajadoras.

La asimetría entre el Mercosur y la Unión Europea es evidente. El presente acuerdo sólo profundiza las desigualdades entre ambos bloques, y no incentiva ni la industria nacional ni la del Mercosur. La gestión del gobierno actual, bajo la presidencia de Alberto Fernández  no ve con buenos ojos este tratado, debido justamente a su disparidad. La posición argentina en este escenario es clave, ya que el signo político de los demás miembros del Mercosur  ha virado a la derecha, lo que propicia las políticas neoliberales, entre las que se encuentra este tratado.

Es necesaria asimismo una articulación internacional con marcada solidaridad internacionalista, ya que estas asimetrías y doble estándar en materias como protección ambiental y DDHH entre los pueblos de Europa y América Latina no pueden ser validadas bajo la forma de un tratado comercial.

El 28 de junio de 2019, se anunció la conclusión de las negociaciones luego de dos décadas de idas, venidas, tensiones y negociaciones entre los dos bloques económicos. En la actualidad, uno de los ámbitos más destacados del debate sobre el tratado es el ambiental. Nunca antes el cuidado del ambiente había tenido un perfil tan alto en las negociaciones internacionales para tratados de libre comercio. Esto se materializó el miércoles 7 de octubre,  cuando los eurodiputados impugnaron el acuerdo presentado,  en una votación que presenta por primera vez cuál es la opinión mayoritaria en ese organismo, sin cuyo visto bueno no puede formalizarse el convenio comercial. El rechazo de los eurodiputados al acuerdo comercial no significa un veto al tratado, que aún no fue oficialmente sometido al Parlamento, pero sí muestra por primera vez que la mayoría de los legisladores europeos se resiste a la idea de aprobarlo. El eje de la impugnación al acuerdo fue la preocupación por el cambio climático, un tema que se ha vuelto central en el debate político europeo de los últimos años y que es una bandera levantada en alto por varios partidos[1]. Sin embargo, este no es su único lado oscuro.

El rechazo actual se centra en el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pero lo que se impugna es el mismo problema que tiene Argentina: los incendios forestales para la extensión de la frontera agroexportadora. El acuerdo,  es de por sí contradictorio con las políticas climáticas acordadas en París por los líderes mundiales y ratificada por nuestro país, y este cumplimiento es una condición del acuerdo comercial. Sin embargo,  no incluye mecanismos exigibles o sanciones por incumplimiento a la protección del monte nativo.

Además, la deforestación y el incumplimiento de las metas de reducción de emisiones,  no serían el único impacto ambiental: la liberalización del comercio en el clima implica múltiples efectos negativos, incluidas emisiones de gas metano, aumento del transporte y contaminación marítima, aumento de uso de agrotóxicos, etc.

A estos impactos se sumarían los económicos, laborales e industriales, dado que el acuerdo implica la reducción de la matriz productiva interna a favor de la apertura de importaciones en rubros clave para el sector productivo nacional.

Si bien la firma del acuerdo implica un grado de avance significativo hacia su concreción, aún es necesario dar el debate en el Congreso, y la dirigencia política del gobierno actual se ha pronunciado en contra antes de asumir sus funciones en 2019.

Por otro lado, el gobierno nacional ha impulsado, durante el contexto actual de crisis pandémica, una serie de medidas para la recuperación económica vinculadas a la protección al mercado interno, la promoción de la industria nacional y el control de retenciones, medidas que se contraponen a la lógica intervencionista del acuerdo por sobre la soberanía de las naciones del Mercosur.

La posición de Argentina en el contexto político regional es fundamental para frenar la ratificación de este acuerdo claramente dañino para nuestra región, dado que el resto de los países que componen el Mercosur ya han dado claras intenciones de acompañar la iniciativa europea. Organizaciones socioambientales de ambos bloques nos organizamos en contra de un acuerdo que no respete la integridad de nuestros territorios ni nuestros derechos democráticos a una vida digna.

[1]https://www.tiempoar.com.ar/nota/bolsonaro-eje-del-rechazo-europeo-al-acuerdo-ue-mercosur (consultada el 10/10/2020)

La deuda es con nosotras y la naturaleza

Compartimos nuestra denuncia en el Juicio Popular contra la Deuda y el FMI, presentada el 17 de septiembre .

Denunciamos el conflicto capital-vida y las crisis interrelacionadas

El modelo extractivo y de producción y consumo que sostiene las sociedades que habitamos es incompatible con la regeneración de la vida y genera una cultura que desvaloriza tanto el trabajo de cuidados como la importancia de la naturaleza, provocando una invisibilización de ambos, pero sin embargo desarrollando intensos procesos colonialistas y extractivistas de los cuerpos y territorios. Como resultado existe una tensión constante e irresolvible entre el capital y la vida, la cual siempre está bajo amenaza.

Este sistema económico desemboca hoy en una crisis pandémica como la que atravesamos, que no es más que la manifestación explícita de las crisis interrelacionadas que enfrentamos desde hace muchos años: la crisis del clima, del agua, de la biodiversidad, el escándalo de la pobreza, la crisis de cuidados, la crisis de salud. Todas estas crisis tienen sus  causas estructurales en el sistema capitalista, que ha demostrado su incapacidad  y su desinterés por preservar la vida digna y cuidar de los pueblos la naturaleza y los territorios.

Denunciamos las falsas soluciones

Hoy una vez más la responsabilidad de solución se carga sobre el trabajo invisibilizado y precarizado de las mujeres y proveedoras de cuidados,  así como también se aprovecha para un avance más profundo sobre la naturaleza, ofreciendo falsas soluciones a la crisis económica, mediante incendios de humedales, minería declarada como actividad esencial y proyectos para granjas industriales de cerdos.

No resulta viable ni ético que los organismos internacionales de crédito e inversionistas ofrezcan las mismas recetas y falsas soluciones que nunca funcionaron, ante una crisis inédita generada por ellos mismos y sus políticas.

Reclamamos medidas de recuperación justa

En primer lugar, abandonar neoliberalismo y la austeridad propuesta por organismos como el FMI, y adoptar políticas inmediatas basadas en la justicia distributiva pero reconociendo los límites ecológicos. Es imprescindible que los gobiernos no socialicen las pérdidas de las grandes empresas y garanticen los servicios públicos para toda la población.  Los gobiernos deben cerrar las negociaciones de liberalización comercial e inversiones cuyo propósito es apuntalar aún más el poder de las empresas transnacionales a expensas del sur global. Asimismo se deben comprometer a aprobar legislación jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos a nivel internacional.

En segundo lugar las medidas de recuperación deben fundarse la solidaridad internacionalista. Es necesario anular todas las deudas del sur global, porque el sur es acreedor de una deuda ecológica histórica. Tiene que aplicarse un principio de pago y reparaciones por la deuda climática y la deuda ecológica garantizando fondos como subvenciones no reembolsables, sin condicionalidades agregadas y no como préstamos.

En tercer lugar es fundamental fortalecer la democracia y garantizar los derechos humanos y de los pueblos. Fortaleciendo la lucha internacionalista contra la derecha, el fascismo y el racismo, revertir los golpes de estado que se vinieron dando en nuestra región con fuertes vínculos al poder económico y con avances de la agenda extractivista.

Por último, en cuarto lugar necesitamos que los gobiernos respondan a esta crisis múltiple con una agenda transformadora de cambio de sistema para no volver a la vieja normalidad racista, neocolonial, patriarcal, violenta y ecocida.

La crisis de coronavirus pone al descubierto que la destrucción de los ecosistemas está facilitando la propagación de patógenos que afectan nuestra salud. Esta no es la primera pandemia que enfrentamos ni será la última, porque el modelo extractivo, fundamentalmente el agronegocio, genera enormes problemas de salud pública y se le debe poner freno, a la vez que se fomenta la agricultura agroecológica y se detienen los desalojos de comunidades campesinas e indígenas. Ahora tenemos que responder a la  crisis del clima y a la crisis de salud de manera simultánea, esto implica dejar de subvencionar a las empresas de energía sucia sustituyéndola por una matriz 100% renovable.

Nos rehusamos a volver a la vieja normalidad de la dominación.

Exigimos una transformación que respete profundamente los principios de cuidados, reorganizando los mismos de manera tal que esa responsabilidad sea compartida entre hombres mujeres y el estado mediante los servicios públicos suficientes y accesibles para todas y todos, y el fin del ecocidio mediante el falso paradigma del desarrollo, recreando una transición hacia otros mundos posibles, donde podamos vivir vidas dignas de ser vividas.

Llamamos a la semana de acción global contra la deuda del 10 al 17 octubre de este año.

Más información:

https://www.foei.org/news/covid-19-coronavirus-crisis-system-change

https://www.foei.org/news/system-change-human-rights-corporations-un-treaty

https://www.foei.org/news/letter-world-trade-organization-wto-covid19-coronavirus-medicine

https://www.foei.org/es/noticias/recuperacion-justa-crisis-covid-19

https://autoconvocatoriadeuda.blogspot.com/

Los Movimientos en defensa del Agua y sus desafíos en la Cordillera de los Andes

En septiembre de 2018 se realizó la Cumbre del Agua para los pueblos.  El lugar elegido para realizarla no fue casualidad: la provincia de Catamarca ha sido en Argentina, uno de los primeros territorios sometidos al  modelo extractivista. Allí funciona desde finales de los años 90 la explotación minera de oro a cielo abierto más grande del país: la mina Bajo La Alumbrera a 300 de la capital provincial y cercana a poblaciones como Belén y Andalgalá. Tras más de 20 años de explotación de la Alumbrera Catamarca no solo no conoció el desarrollo económico y social sino que es una de las provincias con el mayor índice de pobreza del país.

Durante la cumbre del agua se denunciaron entre otras a  Yamana Gold, que continúa su lobby, exigiendo a las autoridades provinciales la derogación de la ordenanza municipal que, desde 2016, prohíbe la explotación minera en el cordón montañoso Nevado del Aconquija, como forma de cumplimiento de la Ley de Glaciares.

Nora Cortiñas y participantes sanjuaninos de la bicileteada en defensa de la Ley de Glaciares

El mismo año del Encuentro del Agua, 2018, luego de 7 años, se publicó oficialmente el inventario de Glaciares, y a posterior de  la publicación las organizaciones Greenpeace Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denuncian que el inventario no está completo, ya que excluye a los glaciares con una superficie menor a 0,01km21.

Como se puede apreciar, las disputas del agua son muchas, pero en cuanto a los glaciares, tienen dos grandes afectaciones: el derretimiento por aumento de las temperaturas y la minería, con sus múltiples afectaciones en áreas glaciares y periglaciares, así como las consecuencias en el agua de deshielo de la que se alimentan numerosa población al pie de la cordillera.

Pese al nuevo impulso que las luchas por el agua retoman luego de la Cumbre y el inventario de glaciares, las mineras continúan su constante presión para operar desoyendo la Ley de Glaciares.  En marzo de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri recibió a autoridades de las empresas mineras Yamana Gold, Glencore y Goldcorp, quienes le presentaron detalles del proyecto llamado «Agua Rica» para la extracción de oro y cobre en la provincia de Catamarca, explotación que duraría 25 años y que genera fuerte rechazo de la población.

En junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de la Ley de Glaciares. El resultado de la máxima autoridad judicial nacional, marcó un hito para la preservación de los glaciares.

El 27 octubre de 2019, la Asamblea «El Algarrobo» oriunda del pueblo de Andalgalá, Catamarca, presentó ante la justicia una denuncia penal a los directores de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), funcionarios de la Sindicatura General y de la Secretaría de Minería de la Nación, por incumplimiento de los deberes de funcionario público al no respetar el Artículo Nº 6 de la Ley de Glaciares que prohíbe la actividad minera en zona con  glaciares y ambiente periglacial.

A fines de 2019, también en Catamarca, el pueblo de Antofagasta reclamó fuertemente que NO quiere el proyecto del acueducto del río Los Patos para la extracción de litio. Ya suficientes impactos se causaron en el río Trapiche, dejando secas a las vegas perjudicando toda forma de vida de la cuenca. En el Salar del Hombre Muerto, la empresa Minera del Altiplano está extrayendo litio desde 1997 dejando como consecuencia el agotamiento del agua del río Trapiche. Para continuar la explotación se proyecta construir un acueducto que transporte el agua subterránea del acuífero del río Los Patos. El conflicto aún no ha tenido resolución.

En 2019 también se celebraron el país elecciones presidenciales resultando en un cambio de signo político, en el cual resultó elegido el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Sin embargo, a pesar del cambio de orientación política, no cambió la política extractivista, donde la minería pugna por erigirse como la solución a la debilitada posición económica del país luego de 4 años de neoliberalismo extremo gerenciados por Mauricio Macri.

Los dirigentes cordilleranos pro-minería, supieron aprovechar la continuidad del impulso minero, por ejemplo el flamante gobernador mendocino Rodolfo  Suarez  y la legislatura de la Provincia de Mendoza, que inmediatamente después de asumir, modificaron el 20 de diciembre la Ley Provincial 7722 de defensa del agua, hecho masivamente rechazado por el pueblo mendocino y apoyado a nivel nacional de manera inmediata.  

Antes de la navidad, el 23 de diciembre, se inició la llamada “Marcha más Grande de la Historia” la cual rechazaba la recién aprobada modificación a la Ley 7722 “que abre paso a la megaminería y profundiza la crisis hídrica que esta viviendo la provincia”. La reforma a la Ley 7722  habilitaba químicos tóxicos antes prohibidos, y columnas de miles de personas avanzaron desde toda la provincia hacia la casa de Gobierno. Al llegar a la Casa de Gobierno, el hashtag #La7722NoSeToca  rápidamente se hizo viral por el apoyo de los ciudadanos/as a la masiva marcha contra la megaminería.

El martes 24, El gobernador Rodolfo Suárez haciendo oídos sordos a las manifestaciones, promulgó la ley que permitía el uso de contaminantes químicos. Pero el  26 de diciembre se vio obligado a llamar “al diálogo” y el 27 a derogar la modificación, resultando  el hecho en un gran triunfo popular del pueblo mendocino en defensa de sus aguas. Este fue el primer revés ambiental del flamante gobierno de Fernández, que a pocos días de asumir el poder se enfrentó de bruces con la contradicción desarrollista.

A raíz de los acontecimientos sucedidos en la provincia de Mendoza, se hicieron eco en todo el país los reclamos por el agua y luego de apoyar fuertemente el reclamo mendocino, cientos de ambientalistas de todo el país se alistaron a organizar una  primera Marcha plurinacional del agua para los pueblos, que se realizaría el 22 de marzo, Día del Agua, confluyendo en la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente,  a consecuencia de la cuarentena por COVID la marcha fue suspendida.  “La alarma y la conciencia que hoy tenemos con respecto al peligro que corre nuestra vida por un virus, es la alarma que sufrimos día a día en cada uno de nuestros territorios” expresó el comité organizador en su comunicado al respecto (disponible aquí).

Hoy, durante la pandemia, la actividad minera está considerada dentro de las excepciones del decreto del Aislamiento social preventivo y obligatorio  para mantener en pie a la producción, el secretario de minería de la nación, Alberto Hensel dijo que el Gobierno “comenzó a plantear como eje de desarrollo social y económico a la minería” y anunció que desde julio seguirán en la puesta en marcha de “un Plan Estratégico para la actividad que se conviertan en política pública para el sector y en señal clara de seguridad jurídica ante la incertidumbre de quienes quieran invertir”. El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia, afirmó: “Yo creo que la minería es una de las alternativas más viables para la reconstrucción que necesitará la Argentina”

Queda claro que el desafío para la gestión pública y la participación comunitaria en cuestiones del agua será un escenario complejo durante los próximos años, con dificultades propias de esta nueva crisis de salud, que se suma con fuerza a la crisis del modelo capitalista que se evidenciaba antes de la aparición del COVID19. La disputa entre modelos de desarrollo antagónicos será de vital importancia en el corto plazo, y será importante darla sin perder de vista el rol de alta conflictividad social que protagonizan las corporaciones trasnacionales mineras en el escenario nacional.

1-https://farn.org.ar/archives/25208