UE-Mercosur: un acuerdo sobre la desigualdad

El acuerdo Unión Europea – Mercosur se negoció por 20 años. Sin embargo, bajo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri se cerró un preacuerdo en 6 meses, a través de negociaciones poco transparentes y con una enorme falta de información. Este tratado, tal como se encuentra actualmente, propicia las políticas extractivistas en América Latina, y por ende debilita las democracias que ya se encuentran bajo ataque en nuestro continente.

En Argentina, la tercera economía del cono sur, no sólo fue ratificado, sino impulsado fuertemente, sin existir estudios de impacto ni información pública. Los beneficiarios son sectores minoritarios que participan del comercio exterior, no las mayorías trabajadoras.

La asimetría entre el Mercosur y la Unión Europea es evidente. El presente acuerdo sólo profundiza las desigualdades entre ambos bloques, y no incentiva ni la industria nacional ni la del Mercosur. La gestión del gobierno actual, bajo la presidencia de Alberto Fernández  no ve con buenos ojos este tratado, debido justamente a su disparidad. La posición argentina en este escenario es clave, ya que el signo político de los demás miembros del Mercosur  ha virado a la derecha, lo que propicia las políticas neoliberales, entre las que se encuentra este tratado.

Es necesaria asimismo una articulación internacional con marcada solidaridad internacionalista, ya que estas asimetrías y doble estándar en materias como protección ambiental y DDHH entre los pueblos de Europa y América Latina no pueden ser validadas bajo la forma de un tratado comercial.

El 28 de junio de 2019, se anunció la conclusión de las negociaciones luego de dos décadas de idas, venidas, tensiones y negociaciones entre los dos bloques económicos. En la actualidad, uno de los ámbitos más destacados del debate sobre el tratado es el ambiental. Nunca antes el cuidado del ambiente había tenido un perfil tan alto en las negociaciones internacionales para tratados de libre comercio. Esto se materializó el miércoles 7 de octubre,  cuando los eurodiputados impugnaron el acuerdo presentado,  en una votación que presenta por primera vez cuál es la opinión mayoritaria en ese organismo, sin cuyo visto bueno no puede formalizarse el convenio comercial. El rechazo de los eurodiputados al acuerdo comercial no significa un veto al tratado, que aún no fue oficialmente sometido al Parlamento, pero sí muestra por primera vez que la mayoría de los legisladores europeos se resiste a la idea de aprobarlo. El eje de la impugnación al acuerdo fue la preocupación por el cambio climático, un tema que se ha vuelto central en el debate político europeo de los últimos años y que es una bandera levantada en alto por varios partidos[1]. Sin embargo, este no es su único lado oscuro.

El rechazo actual se centra en el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pero lo que se impugna es el mismo problema que tiene Argentina: los incendios forestales para la extensión de la frontera agroexportadora. El acuerdo,  es de por sí contradictorio con las políticas climáticas acordadas en París por los líderes mundiales y ratificada por nuestro país, y este cumplimiento es una condición del acuerdo comercial. Sin embargo,  no incluye mecanismos exigibles o sanciones por incumplimiento a la protección del monte nativo.

Además, la deforestación y el incumplimiento de las metas de reducción de emisiones,  no serían el único impacto ambiental: la liberalización del comercio en el clima implica múltiples efectos negativos, incluidas emisiones de gas metano, aumento del transporte y contaminación marítima, aumento de uso de agrotóxicos, etc.

A estos impactos se sumarían los económicos, laborales e industriales, dado que el acuerdo implica la reducción de la matriz productiva interna a favor de la apertura de importaciones en rubros clave para el sector productivo nacional.

Si bien la firma del acuerdo implica un grado de avance significativo hacia su concreción, aún es necesario dar el debate en el Congreso, y la dirigencia política del gobierno actual se ha pronunciado en contra antes de asumir sus funciones en 2019.

Por otro lado, el gobierno nacional ha impulsado, durante el contexto actual de crisis pandémica, una serie de medidas para la recuperación económica vinculadas a la protección al mercado interno, la promoción de la industria nacional y el control de retenciones, medidas que se contraponen a la lógica intervencionista del acuerdo por sobre la soberanía de las naciones del Mercosur.

La posición de Argentina en el contexto político regional es fundamental para frenar la ratificación de este acuerdo claramente dañino para nuestra región, dado que el resto de los países que componen el Mercosur ya han dado claras intenciones de acompañar la iniciativa europea. Organizaciones socioambientales de ambos bloques nos organizamos en contra de un acuerdo que no respete la integridad de nuestros territorios ni nuestros derechos democráticos a una vida digna.

[1]https://www.tiempoar.com.ar/nota/bolsonaro-eje-del-rechazo-europeo-al-acuerdo-ue-mercosur (consultada el 10/10/2020)

Rechazamos intento de intervención militar en Venezuela

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe –ATALC- rechaza y condena cualquier intento de agresión militar en Venezuela y la movilización de buques de guerra, aviones, helicópteros y tropas a las costas del hermano país. Asimismo, repudiamos una vez más las criminales sanciones impuestas al país suramericano, que en tiempos de la pandemia mundial del Covid 19 se convierten en un atentado aún más brutal contra la vida de la población.

En las últimas semanas hemos visto con preocupación las acciones que el gobierno de los Estados Unidos ha desarrollado, como el ofrecimiento de recompensas y la propuesta de lo que ellos denominan transición democrática, que es más bien un ofensiva imperialista contra la soberanía del pueblo venezolano. A ello se suma el despliegue de la operación militar en el mar Caribe presentada falazmente como una acción contra el narcotráfico, cuando sabemos que lo que está en la mira son los bienes naturales de ese país.

Consideramos que, en un momento crucial para buscar todas las salvaguardas posibles para la vida de la población mundial, estas acciones, que incluso buscan impedir la solidaridad con el pueblo de Venezuela, constituyen una amenaza inaceptable contra la vida y la seguridad de las/os venezolanas/os en particular y en general contra la paz de nuestros pueblos en la región de América Latina y el Caribe.

Rechazamos también las manifestaciones de respaldo que algunos gobiernos de la región han entregado al despliegue de operativos militares para la intervención imperialista en Venezuela, lo que demuestra una vez más su alineamiento con la injerencia colonialista y su complicidad con las violaciones a la soberanía de los pueblos.

Como organización ambientalista expresamos nuestra solidaridad internacionalista con el hermano pueblo venezolano, y llamamos a los movimientos sociales de la región y del mundo a denunciar la escalada intervencionista.

La crisis del COVID-19 es una señal de alarma que exige un cambio de sistema

NOVEDADES INSTITUCIONALES. DECLARACIÓN DE AMIGOS DE LA TIERRA INTERNACIONAL SOBRE LA CRISIS DEL COVID-19

La crisis del coronavirus sólo puede enfrentarse con soberanía de los pueblos y justicia ambiental, social, de género y económica

Amigos de la Tierra expresa su profunda consternación y solidaridad en este momento en que el mundo enfrenta la crisis del COVID-19  que ya está afectando a tantos pueblos en todo el mundo, especialmente a quienes sufren el impacto de las desigualdades estructurales. La dramática pérdida de vidas humanas nos conmueve profundamente, en un mundo que no estaba preparado para enfrentar una catástrofe como esta. Una crisis que trasciende con creces los impactos sanitarios inconmensurables de la pandemia, develando injusticias ambientales, socioeconómicas y de género sistémicas, y causas y consecuencias políticas sumamente nocivas.

Esta crisis se ve acentuada por el sistema político-económico actual, que exacerba sus impactos e interpone obstáculos importantes a las respuestas estructurales. Las horrendas consecuencias del coronavirus son el resultado de la concentración cada vez mayor de la riqueza y la imposición de una doctrina neoliberal que sacrifica la preservación de la vida. Hoy es más evidente que nunca que la economía basada en el libre mercado es el problema, no la solución.

El neoliberalismo condujo a la  privatización y debilitamiento de los sistemas de salud pública  y seguridad social y de los servicios públicos, al desmantelamiento de los derechos de las trabajadoras/es y la precarización del empleo, y a mayor explotación del trabajo de las mujeres. Además le ha otorgado poderes y privilegios extraordinarios a las empresas transnacionales, al tiempo que redujo el rol y la posición del Estado, aumentando la vulnerabilidad de nuestro mundo ante los impactos de la crisis.

La pandemia está dejando al descubierto y agravando las violentas desigualdades del capitalismo entre y dentro de los países. Socava nuestras necesidades humanas básicas y deja vulnerables a millones de personas ante la pérdida repentina de acceso a medios de sustento. Muchas personas simplemente no pueden aislarse, distanciarse socialmente o dejar de trabajar. Los desalojos serán la norma mientras la gente no pueda pagar los alquileres e hipotecas. Las más afectadas serán la clase trabajadora rural y urbana, los Pueblos Indígenas, las mujeres, los pueblos que sufren el racismo, las/os inmigrantes, refugiadas/os, los pueblos en zonas de guerra y conflicto y los que viven en países que padecen bloqueos económicos. Cada vez será mayor el número de trabajadores que pierden su empleo y de migrantes que se enfrentan a una denegación criminal de sus derechos humanos, así como a muros más altos y largos.

El COVID-19 está develando la magnitud de la crisis del cuidado en nuestras sociedades: una crisis que se ha venido gestando desde hace siglos por la incapacidad del sistema patriarcal, racista y capitalista de cuidar a los pueblos, la naturaleza y los territorios, y porque se sostiene sobre la base del trabajo y los cuerpos de las mujeres para compensar y reparar los daños provocados por el sistema de explotación capitalista neocolonial. A través de la división sexual del trabajo, las mujeres han sido y continúan siendo socialmente responsables del trabajo de cuidado y soportando sobre sus hombros esa carga. Las mujeres, familias y madres solteras de la clase trabajadora, se ven obligadas a elegir entre el aislamiento en sus hogares o trabajar para alimentar a sus familias, a riesgo de contagiarse con el virus. Esto sucede particularmente con las mujeres que sufren el racismo. Las/os trabajadores/as del sector de la salud que están en la primera línea, en su mayoría mujeres, enfrentan una explotación creciente y reciben una compensación financiera inadecuada que no se condice con los riesgos que asumen y las responsabilidades que tienen respecto de las/os demás.

La globalización del sistema de libre mercado, en el que las empresas transnacionales juegan un papel clave, ha conducido a una ruptura devastadora entre nuestras sociedades y la naturaleza. La crisis del coronavirus pone al descubierto hasta qué punto verdaderamente el control empresarial de los alimentos, la energía, los bosques y la biodiversidad es la causa principal de la destrucción de los ecosistemas que está facilitando la propagación de los patógenos que afectarán cada vez más nuestra salud. El agronegocio y la producción de commodities agropecuarias generan enormes problemas de salud pública mediante la destrucción de hábitats naturales y/o la intensificación de la ganadería y la cría de animales. Quienes padecen afecciones respiratorias e inmunológicas debido a la energía sucia y otras industrias contaminantes, corren mayores riesgos de infección.

Los impactos devastadores de las industrias extractivas en los territorios de los Pueblos Indígenas los hacen cada vez más vulnerables al COVID-19. Sus sistemas y prácticas de conocimiento tradicional, incluidos el cuidado de la salud, la producción, almacenamiento y consumo de alimentos, se están fragilizando. Además siguen siendo excluidos de los sistemas de salud y no se les brinda información culturalmente apropiada acerca de la crisis.

La pandemia está agravando las consecuencias de décadas de inacción de los países ricos frente al cambio climático, así como de sus políticas dañinas. Los ojos del mundo están puestos con razón en la crisis sanitaria actual; pero las catástrofes relacionadas con la injusticia climática, tal como el reciente ciclón que golpeó a Vanuatu, se repiten sin parar y es necesario encararlas. Los pueblos del Sur global más azotados por los impactos climáticos son sumamente vulnerables a contraer y propagar el COVID-19 y carecen de acceso a sistemas sanitarios fuertes.

Se avecina una crisis alimentaria profunda, principalmente en países que dependen de las importaciones y donde las tierras han sido acaparadas para producir commodities agropecuarias. A medida de que los pueblos pierden sus medios de sustento e ingresos, ya no podrán acceder económicamente a los alimentos, que además están cada vez más expuestos a la especulación financiera. En muchos países, el cierre de los mercados locales impide que los alimentos de la producción campesina familiar y artesanal  lleguen a la población, al tiempo que se privilegia a grandes empresas que priorizan sus ganancias por sobre el derecho a una alimentación saludable.

Hacemos frente a esta pandemia en un contexto en el que la democracia ya venía sufriendo ataques, con elecciones manipuladas mediante el control empresarial de nuestros datos y los medios de comunicación, e incluso golpes de Estado en algunos países. El auge de la extrema derecha y el neofascismo y sus discursos y políticas misóginas, xenófobas, militaristas y racistas, está derivando en un ataque frontal contra los derechos conquistados por la ardua lucha de las clases populares y el movimiento feminista. Muchos gobiernos ya comenzaron a silenciar las voces que defienden la verdadera democracia y el poder y participación popular, criminalizándolas e intentando desmantelar las organizaciones y movimientos sociales.   

Las mujeres están enfrentando un brutal aumento de la violencia y los femicidios en todo el mundo. Las directivas de quedarse en casa encierran a muchas mujeres y sus hijas/os en hogares inseguros junto a sus agresores y perpetradores, sin ningún lugar adónde ir ni posibilidad de recibir ayuda.

En tiempos en que el escrutinio público y la capacidad de movilización y protesta se reducen, enfrentamos amenazas aún mayores de un incremento de los ataques criminales contra las defensoras/es de los territorios y derechos de los pueblos, así como la imposición de nuevos proyectos empresariales perjudiciales.

Los países con poca o nula soberanía para producir muchos insumos clave son vulnerables. El riesgo de que las grandes empresas lucren con esta crisis mediante su control de los sistemas de salud, alimentos y medicamentos es enorme. A esto se agrega el peligro real de que se usen fondos públicos para rescatar grandes empresas, tales como empresas de combustibles fósiles que destruyen el clima y la biodiversidad.

Nuestras demandas

Para hacerle frente a esta crisis y sus causas estructurales, Amigos de la Tierra Internacional se suma al  movimiento feminista, campesino, sindical, a los Pueblos Indígenas y a otros movimientos sociales, para exigir que los gobiernos cesen inmediatamente la represión, abandonen las políticas de austeridad, detengan los desalojos e incrementen los presupuestos públicos, la justicia fiscal y la distribución de ingresos.  Asimismo, nos hacemos eco del llamado a la anulación de la deuda externa.

Es necesario reconocer la centralidad de la vida y el trabajo de cuidados aplicando reglamentaciones ambientales más fuertes, revirtiendo la división sexual del trabajo y ofreciendo una respuesta sistémica a la crisis, enmarcada en la justicia  ambiental, social, de género y económica y una economía feminista.

Los gobiernos tienen que velar por que los derechos fundamentales a la salud, seguridad social, vivienda, energía, agua, educación, transporte, alimentos y los cuidados estén garantizados a través de servicios públicos proporcionados por el Estado. Deben proveer asistencia financiera a la clase trabajadora y las comunidades. Los fondos públicos deben usarse priorizando a las trabajadoras/es, el clima y la salud duradera  de nuestro planeta y los pueblos.

Los paquetes de estímulo y recuperación económica y financiera internacionales y de los gobiernos nacionales deben destinarse necesariamente a crear millones de empleos dignos que contribuyan a impulsar una transición justa que nos libere del capitalismo y la economía dependiente de los combustibles fósiles y garantice la autonomía de las mujeres. Es inadmisible que los gobiernos vayan al rescate incondicional de grandes empresas contaminantes como las empresas de combustibles fósiles y las aerolíneas. Después de esta crisis no podemos regresar a la situación que vivíamos anteriormente. Debemos sentar las bases para un mundo mejor. No podemos permitirnos otro ciclo de capitalismo agresivo y políticas neoliberales que destruyen la vida de los pueblos y nuestro planeta.

Los gobiernos deben indispensablemente fortalecer los sistemas alimentarios locales, los mercados locales descentralizados y los programas de compras públicas directas que contribuyan a garantizar la venta de la producción campesina familiar y artesanal y la disponibilidad de alimentos para quienes más los necesitan. Los programas públicos dirigidos a la niñez, las personas con discapacidad y todas las personas que padecen hambre, deben mejorarse y ampliarse radicalmente.

Es imprescindible revertir inmediatamente la tendencia actual de incremento del poder, beneficios e impunidad de las grandes empresas, lo cual incluye poner fin a todas las negociaciones sobre comercio e inversiones que empoderan aún más a las empresas transnacionales, así como garantizar un tratado jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos en el marco de la ONU.

Deben abolirse urgentemente los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado, que les permiten a las empresas transnacionales demandar a los gobiernos por llevar a cabo acciones para proteger la vida, argumentando que tales acciones en función del interés público son discriminatorias o representan una expropiación indirecta de sus inversiones.

Los medios de carácter médico para hacerle frente al coronavirus, inclusive una futura vacuna, deben ser accesibles para todas/os y se deben suspender todos los derechos de propiedad intelectual para los suministros, dispositivos y tratamientos médicos, incluidos medicamentos y vacunas.

Nuestras acciones

Las acciones que llevemos a cabo ahora determinarán lo que suceda después de la crisis. Amigos de la Tierra Internacional y nuestros aliados sabemos qué camino seguir. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para luchar por y avanzar hacia el cambio de sistema, a través del desmantelamiento del patriarcado y otros sistemas de opresión, y asimismo del poder empresarial. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para hacer avanzar la soberanía de los pueblos y la justicia ambiental, social, de género y económica.

Es el momento de reafirmar la esperanza, nutriendo y fortaleciendo nuevos paradigmas ecológicos y emancipatorios, centrados en la justicia y la sustentabilidad de la vida y una nueva relación con el trabajo de cuidados.

La solidaridad internacionalista entre los movimientos y que atraviesa fronteras es clave, a medida que construimos nuestra respuesta colectiva a esta crisis, organizando y movilizando a nuestras comunidades, organizaciones y movimientos para fortalecer nuestras propias iniciativas y luchar por nuestras demandas.

Nuestros grupos miembro están organizando y sumándose a comités locales de solidaridad para apoyar a las/os más afectados/as. Se están sumando también a plataformas políticas de movimientos sociales, junto a sindicatos, organizaciones campesinas y feministas, para luchar por respuestas sistémicas adecuadas frente a esta crisis y las múltiples crisis interrelacionadas que enfrentamos -ambiental, climática y social. Seguiremos forjando unidad con nuestros aliados para combatir las injusticias que el COVID-19 ha develado y exacerbado, y construir el mundo que necesitamos.