ACUERDO UNIÓN EUROPEA – MERCOSUR: Diálogos con Organizaciones Sociales

ACUERDO UNIÓN EUROPEA – MERCOSUR.

Diálogos con Organizaciones Sociales

¿Cómo abordan la resistencia a este acuerdo y cómo se vincula al trabajo que INCUPO viene realizando?

En primer lugar, si ustedes tuvieran la oportunidad de meterse, al menos en los borradores que andan dando vueltas, podrían ver que estos acuerdos son muy complejos: tienen como 1700 páginas, más de veinte disciplinas y cada uno de los capítulos lo arman equipos distintos, entonces seguir de forma exhaustiva este proceso es una tarea difícil. Nosotros recurrimos ahí a Luciana Ghiotto que junto con el colectivo al que ella pertenece hicieron una gran síntesis. Sin embargo,  como les decía, al ser documentos tan complejos, cualquier síntesis va dejando puntos débiles. En ese caso, priorizamos dos o tres temas fuertes que nos permitan generar mayor conciencia social acerca de lo que nos estamos enfrentando como pueblo y por otro lado, analizar cómo los actores que están más relacionados a la producción de alimentos puedan tener una acción más protagónica.

¿Qué análisis han hecho respecto de la actual situación del MERCOSUR como región y de la posibilidad de que este acuerdo se haga realidad?

Geopolíticamente, nuestra región del MERCOSUR hoy está en disputa por tres grandes potencias: Estados Unidos, China y la Unión Europea. Todas están operando para ver de qué manera van profundizando su intervención en el MERCOSUR como tal, y en los países en particular. Así que cada una de estas potencias, por decirlo de una manera, tienen un “proyecto de intervención”, ya sea a través de la inversión estatal, o publica, o sobre aquellos rubros en los que van a intervenir.
El problema nuestro en la región y en particular en la Argentina es que no tenemos un consenso sobre el modelo de desarrollo sobre el cual darle sentido a las negociaciones y a los acuerdos, como con el de la Unión Europea. En la mayoría de los países, especialmente en el nuestro, lo que te marca estos modelos son justamente poderes desde afuera y por desgracia, es el mismo modelo que se viene usando desde la colonia: Primarización de la economía, producción de commodities y acuerdos de libre comercio.

Entonces, un commodity es la producción de lo que nosotros en INCUPO llamamos “las proteínas vegetales para transformarlas en proteínas animales”. La carne pasó a ser un gran negocio a nivel global,  pero para poder producir esa carne necesitás productores de alimentos. Está asignado quién produce los alimentos: Estados Unidos el primer productor, Brasil el segundo y Argentina el tercero, a nivel mundial. ¿Qué producen?: soja, maíz, sorgo ¿Con qué objetivo? Alimento para la industria de la carne. Y esa carne tiene como destino a los países que la puedan pagar: China, India y todas estas economías emergentes que empiezan a cambiar sus dietas y a consumir carne a gran escala.

Esto directamente demuestra una debilidad estructural. Nos cuesta como región tener un modelo económico de desarrollo, porque no está consensuado. Y cuando hay bloques que se dedican a discutir en serio estos temas, luego se desarman por gobiernos neoliberales que imponen al comercio y al mercado global como centro de la economía.Se vuelve muy inestable y esto en gran parte es una de nuestras debilidades.

¿Qué cambios estructurales en nuestros pueblos y en su economía vendría a traer este acuerdo si finalmente, se aprobara?

Con respecto a los tratados de libre comercio, bueno, eso ya está instalado en Argentina. Hoy proveemos materia prima para la industria de la carne, la Unión Europea exporta sus producciones en la Argentina, en automóviles, por ejemplo. Es decir, no es algo que está por venir. Es algo que ya está sucediendo. El acuerdo lo que va a hacer es ponerle un marco legal distinto, donde lo que va generar en la región es que ese marco normativo sea supranacional, que no responda a los gobiernos nacionales, sino que esté supeditado a lo que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) como nos sucedió con los fondos buitres: que el que arbitra es otro Estado, por lo general Estados Unidos.

Entonces hay una trilogía que tiene que ser tomada en cuenta: 1 -La producción de monocultivos en determinados países, 2- las grandes cadenas de valor (esas materias primas que van a lugares donde se transforman en alimentos, que después van a otros países, siempre buscando aquellos lugares donde la mano de obra es más barata, o buscando los mejores escenarios impositivos) y 3- los tratados de libre comercio que son los que le dan el marco legal. Hay que analizarlo en estas tres dimensiones.

Como verán, esto ya está sucediendo, lo que falta es el tercer paso que es darle el marco legal.

¿Cómo podemos actuar hoy para concientizar y tomar acciones en conjunto sobre este acuerdo, si no está en agenda pública?

Si bien hay hechos algunos estudios de impacto, sobre todo en los dos rubros que son priorizados: cuestiones ambientales y de derechos humanos territoriales pero que tiene que ver con el derecho de los pueblos originarios, de las comunidades campesinas. No es una agenda que esté ni en los Estados del MERCOSUR, ni en la Argentina, pero tampoco en la de los partidos políticos.  ni de muchas organizaciones que representan a las agriculturas familiares. Y dentro de lo que es el Ministerio de Producción, está sometido a la presión de que el Estado necesita dólares, necesita de las exportaciones, de la megaminería, de la exportación de carne y en lo que se excusan es que no hay experiencias productivas alternativas que se puedan potenciar.

Entonces, eso nos deja una alta cuota de responsabilidad a las organizaciones sociales para que abordemos el tema, porque ya está claro que ni el sector político, ni el sector gubernamental, o quienes representan a la agricultura familiar lo tienen en sus agendas. . Entonces, nos deja una gran responsabilidad para ver cómo afrontamos el tema.

Nosotros estamos por un lado, tratando de armar con aquellas organizaciones con las que tenemos contactos, relaciones o alianzas, algunas  jornadas informativas en donde podamos relacionar lo que pueda significar la firma de este acuerdo con las realidades más próximas a lo que ellos pueden visualizar, lo que significa que aumente la frontera agropecuaria, lo que significa el empobrecimiento de los economías más territoriales el desafío que genera al incipiente avance de la agroecología y la agricultura familiar en el territorio; y que en aquello en lo que se puede avanzar que son los mercados de cercanía, están sumamente condicionados justamente por las normativas de este acuerdo?.

Por otro lado, tratamos de hacer alianzas estratégicas, entonces nos reunimos con diferentes colectivos de ambiente, territorio, sindicales y también con los formadores de opinión tanto establecimientos educativos en distintos niveles, debatiendo con una buena cantidad de jóvenes que tomen posturas sobre estos temas, y luego también con medios de comunicación, para ir proveyendo información local, experiencias. Nosotros decimos que para debatir estas problemáticas, tenemos que hacer un 20% de denuncia y comunicar un 80% sobre las alternativas que ya están funcionando.

Amigxs de la Tierra Argentina, ahora se llama Tierra Nativa

El pasado 1 de agosto, en el marco del Día de la Pachamama, un día que nos invita a repensar nuestras identidades y la necesidad de construir un buen vivir, anunciamos nuestro nuevo nombre: Amigxs de la Tierra Argentina, ahora se llama TIERRA NATIVA.

La necesidad de repensarnos y construir una nueva manera de nombrarnos esta estrechamente vinculada a los procesos feministas y socioambientales que nos interpelan y nos motivan a transformarnos.

Amigos de la Tierra Argentina, ahora Tierra Nativa, es una organización socioambiental con una presencia de 30 años. Formamos parte de la Federación Internacional Amigos de la Tierra (FOEI) que nuclea y hermana las luchas de 73 países de 5 continentes y de Amigos de La Tierra América Latina y el Caribe, desde donde apostamos a la integración regional y a la solidaridad internacionalista. 

Nuestro trabajo está atravesado por la lucha feminista desde donde construimos en diferentes areas: Agua, Bosques y Biodiversidad, Soberanía Alimentaria, Justicia económica, Justicia Climática y Justicia económica.


En Tierra Nativa apostamos a la construcción colectiva e interdisciplinaria. Trabajamos por la justicia social, económica, de género y ambiental. Tejemos redes para construir una comunidad organizada y más justa.

 

Solidaridad con el pueblo Haitiano por su soberanía y justicia

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) se solidariza con el pueblo haitiano, ante la violencia, inestabilidad e incertidumbre social ocurrida en las últimas décadas y acrecentadas con los riesgos de intervención extranjera generados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, quien se había mantenido en el poder de una manera violenta e ilegal ya que su mandato constitucional finalizo en el pasado 7 de febrero 2021.

Desde hace meses, Haití vive una espiral de violencia que busca frenar y reprimir las luchas populares que se han mantenido de forma permanente y pacífica durante los últimos 4 años. Según organizaciones locales y organismos internacionales:

  • La organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus afirma que se registraron más de 1.000 secuestros en todo el 2020.
  • La Red Nacional de DDHH de Haití (RNDDH) denuncia 12 masacres.
  • Más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio pasado en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, reveló un informe reciente del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH).
  • Se han identificado más de 76 grupos armados y 500.000 armas ilegales denunciadas por la CNDDR, Comisión Nacional de desarme, desmantelamiento y reitengración.
  • Cálculos de Unicef y de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estiman 10.000 personas desplazadas por enfrentamientos. Según la organización Noupapadomi, 214 niños han quedado huérfanos por masacres en barrios populares.

A estas cifras se sumaron recientemente 17 nuevos asesinatos en el distrito de Delmas 32, entre las víctimas se incluyen periodistas y líderes sociales.

Con el deterioro de la situación sociopolítica, los grupos más vulnerables tendrán dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, con el riesgo de enfrentar una crisis mayor a la ya generada por las sucesivas crisis y la pandemia. Actualmente Haití es el único país de la región donde no hay programa de vacunación contra el COVID 19.

Los sectores progresistas y populares haitianos denunciaron hace mucho el riesgo latente de una nueva ocupación militar avalada por organismos internacionales. Asimismo reclaman organizar un período de transición de por lo menos dos años que permita restaurar la legalidad constitucional, reorganizar el sistema electoral y responder a la masificación de la pobreza y el grave deterioro de las condiciones de vida de la población, salir del neoliberalismo y definir un nuevo pacto nacional de desarrollo que sea el resultado de un amplio proceso de concertación.

La grave situación que vive el pueblo haitiano hoy exige un cambio radical de la política de las agencias internacionales hacia Haití, que detenga el ataque a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos. Nos oponemos a cualquier intento de manipular la transición mediante el injerencismo, la ocupación y las medidas represivas y violentas.

Manifestamos nuestra solidaridad internacionalista y nos mantenemos en alerta ante el devenir de los acontecimientos en Haití y llamamos a las organizaciones y movimientos sociales de América y otras partes del mundo a sumarse a las demandas del pueblo haitiano construyendo solidaridad activa en torno a la justicia y la soberanía de los pueblos.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

Julio de 2021

 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO HAITIANO

#HaitíLibre con soberanía y justicia

Más informacion www.atalc.org

Solidaridad con el pueblo cubano en defensa de su soberanía

Solidaridad con el pueblo cubano y defensa de su soberanía

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) manifiesta una vez más su solidaridad con el pueblo cubano, en momentos de grandes dificultades que se exacerban diariamente tras el brutal bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Si bien este tipo de política criminal contra Cuba ha tenido consecuencias nefastas durante los años de su imposición, en la actualidad, ante la pandemia de COVID-19, se constituye como una violación flagrante de los derechos de los pueblos y sus derechos humanos.

Aún cuando la gran mayoría de los países del mundo que integran la Organización de Naciones Unidas (ONU) han votado por la finalización del bloqueo, el imperialismo mantiene su estrategia de desestabilización asfixiando al pueblo cubano con las restricciones que impiden que a la Isla lleguen insumos básicos para la garantía de la vida, incluidos los elementos sanitarios fundamentales para enfrentar la pandemia de COVID-19 y sus mortales efectos.

Es bien conocida la estrategia que el neoliberalismo desarrolla contra Cuba, de la que hacen eco los gobiernos arrodillados al mandato estadounidense, que hoy utiliza los medios masivos de comunicación y las redes sociales para diseminar con efectos más destructivos la doctrina de odio contra cualquier forma de pensamiento y construcción política contraria a la acumulación de unos pocos y miseria de las mayorías. Todo ese despliegue de barbarie garantiza la concentración de poder de las empresas transnacionales y las élites nacionales e internacionales, bajo el modelo neoliberal agonizante y que los pueblos soberanos han desnudado a través de los levantamientos sociales y los cambios estructurales que alientan y siguen propiciando en América Latina y el Caribe y en otras partes del mundo.

 

Ante los estallidos sociales, la retoma del poder por parte de fuerzas políticas que intentaron ser aniquiladas con golpes de Estado, victorias electorales de fuerzas progresistas, cambios constitucionales que derrumban las dictaduras que impulsaron la imposición neoliberal en la región, sostenimiento de modelos políticos soberanos, se desarrolla una nueva ofensiva del neoliberalismo para retomar controles geopolíticos -con una marcada escalada en el Caribe y en Mesoamérica- con acciones simultáneas y orquestadas.

Ante la grave amenaza que esta nueva arremetida imperial representa, ATALC invita a los movimientos y organizaciones sociales a manifestar activamente su solidaridad internacionalista con el pueblo cubano y con todos los pueblos que son objeto de la aplicación de doctrinas que nos recuerdan los episodios más oscuros del pensamiento y acción de los totalitarismos en la historia de la humanidad.

Nos oponemos vehementemente a los intentos de desestabilización mediática y a las narrativas injerencistas que a partir de los discursos de “ayuda humanitaria” disfrazan las pretensiones de militarización y violación de la soberanía de los pueblos y su autodeterminación.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

Julio de 2021

Más informacion www.atalc.org

La deuda desde una perspectiva ambiental

Desconocer los límites materiales y energéticos del mundo que habitamos y los cuerpos que nos cuidan, es suicida. Sin embargo, las sociedades que habitamos están construidas a espaldas de las bases materiales que sostienen la vida. El modelo extractivo y de producción y consumo que las sostiene es incompatible con la regeneración de la vida.

En la contradicción entre el proceso de acumulación del capital y los cuidados básicos necesarios para la supervivencia, generamos una cultura que desvaloriza tanto el trabajo de reproducción y cuidados como la existencia misma de la naturaleza, generando una invisibilización de ambas. Sin embargo, se continúan desarrollando intensivos procesos colonialistas y extractivistas de las mujeres y la naturaleza. Como resultado existe una tensión constante e irresoluble entre el capital y la vida, la cual siempre está bajo amenaza.

La deuda se convierte en una herramienta de esclavización individual y colectiva, en una herramienta de disciplinamiento de las mujeres y disidencias, pero también de los territorios completos. Así resulta encontrarse en la base de un extractivismo que saquea bienes comunes para pagar una deuda al desarrollo.

Es en este sistema donde se generan los mecanismos de deuda externa de países soberanos, pero también existe una deuda ecológica, invisibilizada,  que no es más ni menos que la importación de bienes comunes, energía y servicios necesarios para mantener una calidad de vida ostentosa de los sectores dominantes, expoliando a los sectores menos poderosos. Sin embargo, con la generación de deuda externa, el poder económico reclama la devolución de una deuda monetizada, a quienes debe una cuantiosa deuda en bienes comunes indispensables para la vida… ¿Quién debe a quién? 

Existe al interior de las sociedades otra deuda también invisibilizada:  así cómo se hace un análisis de la deuda ecológica, se puede llegar a visibilizar una deuda de cuidados resultado del desigual impacto que tiene la división sexual del trabajo entre los varones y las mujeres. 

Argentina se encuentra en un proceso de reestructuración de deuda pública en un contexto único de pandemia. Si bien la deuda en Argentina es estructural, entre 2015 y 2019 la colocación de deuda sufrió un récord de más de 159.000 millones de USD. Debemos USD 7300 por habitante. Es difícil de comprender cómo un país con tantos bienes, capacidades, potencialidades y extensión como Argentina enfrenta una deuda impagable a más de 100 años, una deuda intergeneracional con la que nacerán nuestros descendientes por varias generaciones. Esta deuda tiene responsables políticos que deben ser investigados.

La deuda  pública siempre se traduce en ajustes que finalizan derramando hacia abajo, generando más precariedad en las clases populares por ausencia del Estado y fuentes laborales dignas, con serias falencias en lo relativo a la vivienda, la tierra, educación, la alimentación y la salud. Desde la deuda macroeconómica hacia la deuda microeconómica, el endeudamiento de los núcleos familiares, termina funcionando como un gran impulsor de la privatización, y la posterior mercantilización y consecuente financiarización de los bienes comunes, generando un nuevo tipo de  extractivismo: el  financiero (ganancias especulativas extraídas de las clases populares) que se vincula a los históricos extractivismos de bienes comunes, mal llamados recursos naturales,  en los territorios.

Los organismos financieros internacionales y las empresas transnacionales no están en cuarentena y siguen operando aún en pandemia; Profundizan nuestro rol de sociedades exportadoras de naturaleza. En nuestra región y también en Argentina el modelo productivista del desarrollo impuesto desde arriba hacia abajo se  naturaliza, así como la obligación de pagar la deuda externa sin una discusión pública y profunda acerca de su origen y su legitimidad.

La imposición de un relato extractivista y pagador no permite la democratización de las decisiones en los territorios. El pago de la deuda se vincula las exportaciones como generadoras de divisas, y las exportaciones al aumento del extractivismo en los territorios  para generar más commodities para el mercado internacional, cuyos ingresos no son suficientes para una economía en constante crisis que vuelve a endeudarse, en un ciclo sin fin de extracción y endeudamiento.

Cuando se utilizaba para fines desarrollistas, históricamente el préstamo público se redireccionó a mega proyectos vinculados a la extracción de bienes comunes, generando que tanto la deuda como otros mecanismos y herramientas de la arquitectura financiera internacional, como los tratados de libre comercio y los acuerdos resolución de controversias entre los inversores y el estado terminan siendo condicionantes estructurales de los modelos de desarrollo que necesitamos discutir democráticamente en nuestros países. Toda esta arquitectura global se vende como una falsa cooperación internacional donde la Lex mercatoria se encuentra por encima de los Derechos Humanos.

Autor: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/

Actualmente existe una campaña multisectorial en la cual muchas organizaciones argentinas solicitamos la suspensión del pago para la investigación de la deuda. Se propone una campaña por la suspensión inmediata del pago de la deuda unido una simultánea realización de una auditoría con participación ciudadana para identificar y anular la parte ilegítima de la deuda, entendiendo a ésta como un mecanismo esencial de subordinación, reconociendo que fue contraída en contra de los intereses de la nación o de la població, que es injusta, inadecuada y abusiva.

El mismo Fondo Monetario Internacional reconoce que es imposible de pagar, y sin embargo concedió el préstamo.  Estos condicionamientos económicos  generan tensiones y contradicciones que claramente no pretenden ser abordadas y solucionadas, y nos hacen visualizar los límites de la democratización de las decisiones soberanas. Argentina nunca fue capaz de consensuar un modelo de desarrollo endógeno y popular, sino más bien siempre el modelo impuesto  benefició a las élites nacionales y sus socios internacionales.

Varias generaciones de argentinos y argentinas convivimos toda la vida con deudas, con crisis cíclicas y estructurales.  Pero a estos hechos históricos, ahora se le suma la crisis mundial provocada por la pandemia. Ni la crisis ni la deuda son únicas.  A esta deuda externa, debemos contraponer necesariamente la deuda ecológica de la que somos acreedores y la deuda interna de cuidados, de la que son acreedoras las mujeres y disidencias. Y a la crisis de salud debemos anteponer la crisis ambiental, social, climática, todas entrelazadas desembocando en una pandemia de la cual se analizan las consecuencias pero no las causas.

Actualmente en este contexto es necesario rediscutir esto una vez más para que las alternativas que parecen utópicas se vuelvan posibles. Una de ellas es el no pago e investigación de la deuda. Generando un nuevo ámbito para la disputa de imaginarios, para cambiar de la vieja normalidad de la precariedad y el ecocidio, a una nueva normalidad para la vida.

En medio de una grave crisis económica y social, agravada por la pandemia y la crisis sanitaria, es fundamental poner la prioridad en los intereses de las mayorías, no del capital financiero. La deuda es con el pueblo; especialmente con las mujeres y con la naturaleza.

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: sus consecuencias en la soberanía alimentaria

El acuerdo Unión Europea – Mercosur  se negoció a puertas cerradas durante 20 años, bajo un proceso absurdamente largo, con ocultamientos que impidieron la participación ciudadana de los pueblos de ambos bloques económicos y que, consecuentemente se generó un gran desconocimiento popular de sus posibles impactos. Durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri se cerró un preacuerdo en sólo seis meses a través de negociaciones poco transparentes y con una gran carencia de información pública. El tratado favorece el comercio privado y disminuye el control público, proponiendo  garantías sólo para el poder económico y propiciando la reprimarización de las economías y las políticas extractivistas en la región. Por ende, debilita las democracias que ya se encuentran bajo ataque en nuestro continente.

 


Al contrario de lo que los grandes grupos económicos proponen, la aprobación de este acuerdo de libre comercio no trae soluciones para la actual crisis profundizada por los estragos de la pandemia del COVID-19, sino que generaría graves consecuencias sociales y ambientales que se traducen en la pérdida de soberanía en términos económicos, políticos, productivos y alimentarios para nuestro país y la región.

El Acuerdo pone en jaque la soberanía y seguridad alimentaria, generando condiciones para la expansión del agronegocio y el monocultivo agrario (especialmente el de soja). El aumento de la frontera para cultivo y pastura provocará el incremento de desmontes e incendios forestales, atentando contra la biodiversidad de nuestra región, disminuyendo la disponibilidad de agua potable, y aumentando la emisión de gases de efecto invernadero. En la misma línea, se liberaría aún más la importación de agrotóxicos producidos (y no consumidos) en Europa. Esto constituirá, además de una amenaza a la salud, un tratamiento aún más desigual entre países periféricos y centrales 

En materia de comercialización, una de las cláusulas que este acuerdo plantea es la apertura a empresas europeas para el abastecimiento de la compra pública, lo que  afectaría gravemente la producción local y popular que hoy abastece al Estado que, de concretarse, debería competir en licitaciones públicas con empresas europeas en absoluta desigualdad de condiciones.

El sector rural mediano y pequeño se verá afectado por la importación de productos agrícolas europeos, mientras que los grandes monopolios exportadores de agrocomodities se verán beneficiados con la reducción de aranceles, profundizando la concentración de riquezas y desigualdades del sector rural. Este acuerdo va en contra del propio espíritu de integración y cooperación regional del Mercosur, dado que la apertura al mercado europeo rompería las dinámicas internas de comercio entre los países de la región. Es decir, se avanzaría  con una esencia fuertemente extractivista y neocolonial  generando  despojos, desindustrialización y  dolarización de nuestros alimentos e insumos como impacto directo en la vida cotidiana.

 

Sostenemos que atenta contra las democracias de nuestros pueblos porque el acuerdo condiciona enormemente  el rol del Estado y su capacidad para  ejercer  soberanamente  políticas públicas y brindar servicios públicos. A su vez, en materia de empleo,  el acuerdo no otorga ningún papel a los sindicatos para monitorear y garantizar el respeto de los  compromisos con las normas laborales internacionales fundamentales y no reconoce la creación de un Foro Laboral específico impulsado por los sindicatos, que supervise la implementación de la dimensión laboral. En consecuencia, el acuerdo desconoce el rol democrático de los interlocutores sociales como agentes fundamentales del desarrollo sustentable.

Estas consecuencias en el ámbito del trabajo remunerado, afectarían más a las mujeres, aumentando la brecha salarial, la informalidad laboral, la feminización de la pobreza e incluso la violencia de género, al profundizar la dependencia económica de muchas mujeres precarizadas o desocupadas. 

El escenario para frenar este acuerdo es desfavorable: actualmente la mayoría de los gobiernos del MERCOSUR estarían votando a favor de su ratificación definitiva, incluso en detrimento del propio bloque económico. Luego de cerrado, acordado y aprobado por el Congreso de la Nación, los gobiernos deben cumplir el acuerdo, sean cuales fueran las consecuencias en nuestra vida cotidiana. 

Mientras nos organizamos para construir poder popular en contra del acuerdo junto a   organizaciones campesinas, sociales y de base, buscamos visibilizar que otra forma de producción es posible, trabajando simultáneamente para la construcción de políticas de producción y comercialización de alimentos que estén regidas por los principios de la justicia ambiental, social, de género y económica y en consecuencia,  se opongan taxativamente a las políticas que impondría la ratificación del acuerdo UE-MERCOSUR. 

 

Carta al MERCOSUR: no queremos el Acuerdo con la Unión Europea

En el marco de la semana de acción contra el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, elevamos como representantes de organizaciones pertenecientes a los países del Mercosur, una carta a la presidencia pro-témpore del bloque regional, a cargo del presidente de Argentina Alberto Fernández, para manifestar nuestra preocupación por las graves consecuencias para nuestro país y nuestra región, que la ratificación de este acuerdo implica.

La carta detalla los impactos ambientales y territoriales del acuerdo, vinculados a la expansión de la matriz extractivista, que provocará mayores emisiones de gases de efecto invernadero, un incremento en el uso de agrotóxicos y semillas transgénicas, desmontes e incendios de bosque nativo, incrementará el acaparamiento de tierras y el despojo de familias campesinas y comunidades indígenas de sus territorios.  

Hemos manifestado nuestra preocupación por la afectación del trabajo y la industria tras la liberalización del mercado en ramas claves de nuestra matriz productiva, la pérdida de miles de puestos de trabajo, la ruptura de la estructura de comercio entre países del Mercosur y el desincentivo a la producción de bienes de valor agregado.

También mencionamos nuestra alarma por la falta de garantías en cuanto a derechos humanos y de las comunidades que el acuerdo supone, a la vez que otorga grandes garantías al sector privado. En este sentido, también denunciamos la ausencia absoluta de participación pública en las negociaciones, incluso de los sectores más afectados, como trabajadores, campesines, la pequeña y mediana empresa y la economía popular.

Manifestamos nuestra grave preocupación en torno a las nuevas condiciones para las contrataciones públicas, que serán sometidas a las reglas del libre mercado, restringiendo la posibilidad de fomentar las industrias nacionales a través de la compra pública, y sometiendo a la economía popular y las pequeñas y medianas empresas locales, a la competencia con empresas europeas para el abastecimiento al Estado.

Finalizamos reafirmando que este tipo de acuerdos han teñido la historia de América Latina de pobreza y desigualdad, afectando gravemente no sólo la economía de los países del Sur Global, sino también socavando su soberanía política ante los bloques del Norte Global.

Podrán leer la carta completa a continuación.

 

 

26 de mayo del 2021, Buenos Aires. Argentina

 

Su Excelencia,

Presidente Pro témpore MERCOSUR

Dr. Alberto Fernández,

De nuestra mayor consideración: 

 

Nos dirigimos a usted como parte de organizaciones sociales y ambientales de países del MERCOSUR con la intención de hacerle llegar nuestras preocupaciones sobre el tratado de libre comercio (TLC) entre dicho bloque económico y la Unión Europea.

 

Estas negociaciones que comenzaron en el año 2000 y finalizaron en julio del 2019 esperan ser ratificadas en los próximos meses por los países miembros de ambos bloques. Si esto sucede, sería el mayor acuerdo comercial jamás aplicado en ambos bloques en cuanto al número de ciudadanos/as afectados/as. 

 

Este acuerdo va a tener un alto impacto en la región, tanto para la sociedad en su conjunto como para el ambiente que habitamos. Ante la ausencia de estudios de impacto oficiales en el Mercosur es que nos gustaría exponer ante usted algunas problemáticas de vital importancia que creemos que se verán agravadas por este TLC, analizadas de manera extensa por numerosos especialistas y organizaciones de ambos lados del Atlántico, en base a los textos publicados tardíamente al finalizar esas negociaciones en 2019, y que no son todos los textos ni los textos finales.

 

1- Impactos ambientales y territoriales

La agricultura intensiva, la producción intensiva de carne y a gran escala y el transporte de mercancías por vía marítima son actividades que empeoran la actual crisis ecológica y productiva que atravesamos como humanidad y como sociedades altamente globalizadas. La quema de combustibles fósiles y las actividades agroindustriales son las principales causas del calentamiento global y este acuerdo sólo acelera estos procesos que son una amenaza para la biodiversidad (incluida la biodiversidad agrícola) y los ecosistemas de cuya salud y equilibrio dependen en gran medida nuestras poblaciones indígenas y campesinas y la vida en todo el planeta. Asimismo, entran en franca contradicción con las metas nacionales para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (NDC) de nuestros países, comprometidas en el Acuerdo de París de la Convención de las Partes.

El TLC pone en jaque la soberanía y seguridad alimentaria, generando condiciones para la profundización de un modelo productivo extractivo y primarizador de la economía basado fundamentalmente en el  agronegocio y el monocultivo agrario, especialmente soja transgénica, caña de azúcar y ganadería. El aumento de la frontera para cultivos y pasturas para aumentar las exportaciones previstas en el TLC, provocará el incremento de desmontes e incendios forestales, atentando contra la biodiversidad de nuestra región, disminuyendo la disponibilidad de agua potable, y aumentando la emisión de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, aumentará los conflictos por la tierra y profundizará el avance empresarial sobre territorios de pueblos originarios y del campesinado, concentrando la tenencia de la tierra y su usufructo en grandes empresas y propietarios, aumentando la especulación financiera y posibilitando también la concentración de la exportación de productos en manos de unos pocos empresarios. 

 

Existe una relación profunda entre el modelo del agronegocio (y su paquete tecnológico), la deforestación y el cambio climático, vastamente documentada en análisis científicos y sociales. Se estima que entre el 25 y el 30% de los gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera cada año se deben a la deforestación, actividad que se vería potenciada por este acuerdo. 

 

Por lo antedicho sostenemos que el TLC aumentará las injusticias ambientales, socioeconómicas y de género dentro del MERCOSUR y entre ambas regiones, en beneficio de las grandes empresas transnacionales.  Además, la solución planteada desde la UE para viabilizar la firma final y ratificación posterior del acuerdo es un protocolo ambiental anexo que en el mejor de los casos es poco más que “maquillaje verde” que implicaría sanciones sólo para los países del MERCOSUR. Estas relaciones son históricas y un TLC, que resultaría activo en un período de décadas, debería mirar las necesidades presentes y futuras de los pueblos, no solo sugerir falsas soluciones que no cambian el carácter colonial del acuerdo. 

               

La preocupación pública -legítima- por los impactos ambientales que implica el acuerdo está siendo utilizada por mandatarios europeos para sus propios fines electorales y por la Comisión Europea para reforzar el sistema de solución de controversias contemplado en el TLC agregándole competencias y atribuciones que no le corresponden pero que sí responden a los intereses de sus empresas transnacionales y a sus propios intereses neocoloniales. La solución que plantea la UE es someter a los países del MERCOSUR al cumplimiento de cláusulas ambientales a través del mecanismo de solución de controversias del TLC entre ambas regiones. De esta manera supedita y subordina la protección de los derechos humanos y ambientales a las reglas y mecanismos de aplicación del libre mercado. Nuestra región tiene vasta experiencia sobre los efectos de los mecanismos de solución de controversias en materia de comercio e inversión en las políticas públicas, la soberanía y los derechos humanos. Cientos de organizaciones sociales han denunciado los efectos nocivos de estos mecanismos y demandado la moratoria y evaluación de los mismos. Es inadmisible que se supediten y subordinen los derechos humanos, incluidos los relacionados al ambiente a este tipo de mecanismos. 

 

2- Impactos en el trabajo y la industria

El TLC entre el Mercosur y la UE profundizará la inserción periférica de nuestra región a la economía y comercio internacional. De entrar en vigencia, el TLC fijaría un patrón de relacionamiento con Europa en el que el MERCOSUR se concentrará en la exportación de productos primarios de origen extractivo, mientras que se libera el ingreso de bienes de origen europeo en algunos sectores especialmente sensibles para pensar en una perspectiva de desarrollo productivo industrial futuro. La vigencia del TLC será un claro obstáculo en la necesaria transformación de la matriz productiva para mejorar las condiciones en las que los países del MERCOSUR se insertan en la economía mundial.      

Nuestro bloque acordó liberalizar el 91% de su comercio bilateral con la UE en un período que, para la gran mayoría de los productos, será solo de diez años, con una pequeña canasta de exclusiones. Se abrirán sectores sensibles clave para el Mercosur, como automóviles, repuestos, textil,  maquinaria, productos químicos y medicamentos. Sectores que podrían permitir, con políticas públicas adecuadas, encadenamientos regionales de complementación productiva. Además, se trata de sectores más intensivos en conocimiento, calificación, tecnología, innovación y mano de obra calificada. Todos elementos virtuosos para permitir un cambio en la matriz productiva y mejoras sustantivas de la calidad del empleo.

En el caso de Argentina, un estudio de impacto sobre el acuerdo realizado en diciembre de 2017 por el Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior de la Universidad Metropolitana (ODEP, 2017) estimó que 186.000 empleos del sector industrial están en riesgo en el país. Los principales sectores afectados en términos absolutos serían la metalmecánica (se perderían 48.000 empleos), calzado, textiles, artículos de cuero y muebles (47.000), autopartes (32.500), químicos (1.000) y automotores (9.500). En el sector metalmecánico, la fabricación de motores, bombas, compresores y válvulas, así como maquinaria agrícola y la producción de equipos eléctricos, se verían particularmente afectados.  Estos empleos no podrían ser reemplazados por empleos generados en el sector agroindustria, principal beneficiado del acuerdo. El sector agroindustrial, en especial el que tiene destino a la exportación, tiene escasa capacidad de generación de empleo y se caracteriza por desarrollar relaciones laborales con propensión a la precarización y el no cumplimiento de los derechos laborales básicos a las trabajadoras y trabajadores empleados. Realidad por mucho contrastante con la agricultura campesina, crecientemente acorralada por el agronegocio y que provee alimentos sanos empleando una gran fuerza de trabajo en condiciones más adecuadas en términos de derechos y respeto a las formas de vida y ocupación del territorio.      .

Entre los perjudicados del sector agroalimentario del Mercosur se encuentra el sector lácteo. El arancel pasará del 28% al 0% una vez que el acuerdo entre en vigor. La Comisión Europea explicó que el sector lácteo europeo es uno de los “beneficiados” de este tratado. Empresarios de todo el sector del Mercosur, reunidos en el Congreso Panamericano de la Leche en noviembre de 2018 plantearon su objeción a la inclusión de este tema en el acuerdo. La liberalización en el mercado del queso y de leche tendrá un impacto en la venta de productos lácteos de Argentina y Uruguay a Brasil. En el caso de Argentina, Brasil es el principal comprador de sus productos lácteos: el 40% de la producción láctea va a ese país. Actualmente, los quesos europeos pagan una tarifa de entrada al Mercosur del 28%. La liberalización podría provocar el reemplazo de los quesos argentinos y uruguayos por los europeos, afectando a la industria  láctea, a sus trabajadores y a los pequeños productores lecheros en ambos países. 

Las personas trabajadoras se encuentran desamparadas bajo este acuerdo ya que no otorga ningún papel a los sindicatos para monitorear y garantizar el respeto de los  compromisos con las normas laborales internacionales fundamentales y no reconoce la creación de un Foro Laboral específico que supervisaría la implementación de la dimensión laboral; en consecuencia,  el acuerdo desconoce el rol democrático de los interlocutores sociales como actores fundamentales del desarrollo sustentable y pilares de un verdadero y efectivo diálogo social.  

En síntesis, beneficia solamente a las grandes empresas e impide la diversificación de la matriz productiva, profundizando la actual, concentrada en productos primarios, que implican uso intensivo de la tierra y aplicación de agrotóxicos; restringe la posibilidad de desarrollo de sectores industriales con mayor valor agregado, desarrollo tecnológico y capacidad de generación de empleo con mejores condiciones laborales, mayor calificación y mejores salarios. Este tratado nos lleva, como región, a una gran desindustrialización y reprimarización de nuestras economías. 

 

3-Impactos en la sociedad democrática y los derechos

La falta de estudios de impacto de este Tratado por parte de MERCOSUR ha sido sistemática. Más notoria es aún la ausencia de mecanismos robustos y efectivos por fuera del TLC pero como parte del Acuerdo de Asociación en sus pilares político y de cooperación que garanticen la primacía de los Derechos Humanos y los derechos de las comunidades por sobre el TLC que constituye el pilar comercial del acuerdo     .

Hay un total desequilibrio entre los derechos económicos y políticos que se garantizan para las empresas con los derechos de la ciudadanía y de las comunidades. Entonces, al igual que en otros tratados de libre comercio, los derechos humanos quedan por debajo de los derechos de las corporaciones y los inversores. 

También es notoria la ausencia de participación pública. El acuerdo se negoció por 20 años en secreto y sin control democrático, pese a tener un impacto potencial enorme en las condiciones de vida y trabajo de los pueblos  de ambos bloques económicos. La sociedad civil de MERCOSUR  fue mantenida  a distancia o ignorada, no hubo consultas con organizaciones sindicales, sociales, ambientales, de derechos humanos, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), los pueblos originarios ni a los pequeños productores agrarios locales. 

 

El texto acordado en julio de 2019 no es enteramente de conocimiento público; gran parte de los compromisos entre las partes no fueron publicados y se desconocen completamente. En todo el proceso de negociación el MERCOSUR no generó análisis oficiales de medición de impactos que pudieran haber alimentado el debate con los actores sociales. También quedaron marginados del debate, instancias de representación democrática claves como es el Parlamento del MERCOSUR. El secretismo y la falta de transparencia son enemigos de la democracia y atentan contra el acceso a la información que permitiría un debate público necesario en materias tan sensibles como las que compromete este tratado con la UE.

 

El texto en su forma actual prácticamente no da espacio para su participación. La población no tendrá ningún poder de control, y todavía menos poder para influir en las decisiones tomadas sobre los posibles problemas que surjan al implementar el acuerdo. Su “participación” se limita a ser notificada de decisiones tomadas, no hay un rol de poder en donde se pueda incidir en la toma de decisiones dentro del acuerdo. Por lo tanto, las instituciones administrativas establecidas se crearon para que las élites políticas y económicas garanticen sus propios intereses.

 

La firma de este TLC también implicará justificar las terribles violaciones de derechos humanos en Brasil y mostrar apoyo a un gobierno que está socavando la democracia y el Estado de derecho. 

En la década comprendida entre 2009 y 2018 tuvieron lugar 363 asesinatos de activistas medioambientales y por la defensa de la tierra en Brasil. De hecho, se trata con diferencia del país en el que se cometen más delitos de este tipo: Brasil es el tercer país del mundo con más muertes de activistas medioambientales, sólo por detrás de Filipinas y Colombia. La impunidad sigue siendo la norma, ya que estos delitos casi nunca se investigan ni juzgan. Según el Informe de la ONG Global Witness el país contabilizó 24 muertes en 2019, cuatro más que el año anterior. El 90% de los casos se produjeron en la Amazonia, donde la destrucción de las tierras indígenas se ha acelerado en la gestión de Bolsonaro.

Si hay algo que caracteriza al acuerdo entre el Mercosur y la UE es la falta de consenso. Los incendios en la Amazonía han abierto los ojos de muchos sectores progresistas en los países europeos. El foco ha sido puesto especialmente en todo lo que sucede en el Brasil gobernado por Jair Bolsonaro. Los desplazamientos de los pueblos originarios y campesinos y la violencia ejercida contra ellos han sido de público conocimiento. A partir de esto, varios países europeos, así como regiones subnacionales, comenzaron a quitarle el apoyo al tratado, como una especie de penalización comercial a cuestiones de derechos.

Tampoco se contempla la cuestión de género: vía la profundización del patrón de producción y comercio primario extractivo, las consecuencias en el ámbito del trabajo remunerado afectarían más a las mujeres, aumentando la brecha salarial, la informalidad laboral, la feminización de la pobreza, e incluso la violencia de género, al profundizar la dependencia económica de muchas mujeres precarizadas o desocupadas. 

4- Impactos en el rol del Estado

Las disposiciones del capítulo de Contratación Pública ponen fin a la posibilidad de que los gobiernos nacionales o provinciales desarrollen políticas públicas específicas que fomenten y beneficien las economías locales. Esto podría evitar la generación de empleo público o incluso privado basado en contratos con el Estado. Al igual que con la reducción de los aranceles para los productos industriales, las disposiciones del acuerdo relativas a la contratación pública en su forma actual probablemente debilitarán las cadenas de valor locales y regionales, limitarán severamente el espacio de los gobiernos para utilizar esta herramienta de política pública para apoyar a la industria y el empleo nacional y regional, al tiempo que aumentarán la dependencia de las empresas transnacionales para la provisión pública, como la construcción de carreteras. Más allá de esta preocupación, ni este capítulo ni el no vinculante sobre pequeñas y medianas empresas les asegura trato especial y diferenciado a los productores de bienes y provedores de servicios del MERCOSUR, para corregir las enormes asimetrías que existen entre ambas regiones.

El capítulo de contratación pública somete las compras gubernamentales a la lógica y reglas del libre mercado, restringiendo severamente la posibilidad de usar este instrumento para promover el empleo y la industria nacionales.  Además, el TLC establece que las pequeñas y medianas empresas locales deben competir en igualdad de condiciones con las multinacionales europeas en la contratación pública, lo que implica en cómo los Programas de Compra de Alimentos (PAA) y de Alimentación Escolar (PNAE) tienen como principales beneficiarias a las mujeres agricultoras (protagonistas en la gestión de la producción y comercialización de alimentos saludables), siendo las más afectadas por el Acuerdo.

 

El tratado pone en peligro el ámbito de lo público. Establece que todos los servicios públicos quedan sometidos a las disposiciones generales del acuerdo. Es decir, que los servicios públicos provistos por el Estado en régimen de competencia con proveedores privados deberán someterse a las reglas del libre mercado y administrarse con arreglo a criterios meramente comerciales. Así, los servicios públicos dejan de ser derechos humanos garantizados por el Estado y pasan a ser mercancías a las que sólo tiene acceso quien pueda pagar por ellas.

El TLC restringe la posibilidad del Estado de controlar, abre nuevos mercados especialmente para las empresas de la UE, al tiempo que impide el uso de políticas públicas para regular las inversiones, los servicios, el comercio electrónico o el movimiento de capitales. Tales medidas afectarán particularmente a los países del Mercosur y conducirán a una mayor destrucción de las cadenas de valor locales y regionales, al mismo tiempo que aumentan la dependencia de las empresas transnacionales. Mientras tanto, estas compañías no estarán obligadas a hacer compromisos vinculantes para cumplir con los derechos humanos o las normas ambientales, ya que el acuerdo no establece mecanismos de responsabilidad exigibles para las corporaciones, sino que se basa en medidas de responsabilidad social empresaria opcionales y autorreferenciales, que las corporaciones mismas puede definir.

 

5-Impactos en la integración regional

 

El tratado es un obstáculo para la integración regional en América Latina, ya que desconoce las asimetrías históricas que aún persisten entre ambas regiones y enfatiza la actual división internacional del trabajo, extractivista de bienes primarios en el Sur global e importadora de bienes industriales con alto valor agregado y productos agrícolas fuertemente subsidiados de la producción local europea.

 

Profundiza nuestro rol periférico, porque se perfora el mercado regional cediendo compromisos como bloque a favor de la UE. Un ejemplo de ello son las disposiciones en materia de contratación pública y compras gubernamentales.

Los negociadores de este acuerdo se aseguraron de que la sociedad civil no tuviera ningún rol dentro del proceso de negociaciones, por lo que carece de consenso y legitimidad social entre la población de ambos bloques. No es democrático ni hay interés alguno de que se genere debate real; es menester de la sociedad civil manifestarse en la instancia que le corresponda. Por ello, miles de personas, comunidades y pueblos afectados por los Tratados de Libre Comercio alzan sus voces en contra de este acuerdo. Más allá de los evidentes puntos sensibles del acuerdo, no poder garantizar una intervención en caso de violaciones de derechos, por ejemplo, es todo lo contrario de lo que se puede llamar democrático. 

 

La historia latinoamericana ha demostrado que los Tratados de Libre Comercio son sumamente perjudiciales para el Sur Global, dejando pasivos sociales, ambientales y económicos de difícil recuperación. A través de la presente nota dejamos constancia de  nuestra profunda preocupación por la cuestiones planteadas anteriormente, nuestra oposición taxativa a la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea – MERCOSUR, y quedamos a disposición para abrir canales de diálogo verdaderamente democráticos donde podamos aportar nuestra visión y nuestra buena voluntad para el impulso de un modelo de integración con justicia, tanto social, ambiental, económica como de género, que beneficie a todos los habitantes de nuestro bloque, fortaleciendo un Mercosur que beneficie a las grandes mayorías y por sobretodo nos brinde garantías para nuestros pueblos.

 

Saludan cordialmente,

 


Amigos de la Tierra Argentina

Amigos de la Tierra Brasil

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay

SOBREVIVENCIA – Amigos de la Tierra Paraguay

ATALC – Amigos de la Tierra Latinoamérica y el Caribe 

Un centenar de organizaciones latinoamericanas, canadienses y mundiales piden detener el avance ilegal de la exploración minera y liberar a les defensores de DDHH detenides en Andalgalá

COMUNICADO DE PRENSA / Bs. As, 21/4/21 

Un centenar de organizaciones de América latina y el Caribe, Canadá y otros países del mundo enviaron hoy una Carta abierta al Presidente de la Nación, al Gobernador de Catamarca, a los Sres. Ministros de Ambiente, Justicia y del Interior y el Sr. Secretario de Derechos Humanos de la Nación, reclamando respeto a la voz y los derechos humanos del pueblo de Andalgalá y que se liberen de inmediato y se desprocesen, a les 12 integrantes de la Asamblea El Algarrobo, detenides por su defensa de la ley, el ambiente, el agua, su autodeterminación, la vida toda.

Las entidades internacionales y de 28 países piden, a la vez, el cese de la persecución a la lucha de más de 11 años del pueblo de Andalgalá, y que se ponga fin a la actividad minera exploratoria que realiza la empresa canadiense Yamana Gold, en el yacimiento Agua Rica, en violación de la Ley de protección de los glaciares, la Ley General del Ambiente, la Ley de Bosques Nativos y numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos.

“Es un llamado internacional muy fuerte a las autoridades argentinas–señaló la coordinadora de Diálogo 2000, Beverly Keene– El rechazo frente al avance ilegal e insustentable de la megaminería se extiende cada vez más, en Canadá, en todo el continente, donde muchos pueblos comparten la misma lucha. Urge la liberación de les defensores del agua y de todos los derechos humanos. Desde el mundo entero se exige respuestas conforme a los derechos.”

La carta, que lleva además la firma de medio millar de organizaciones y personas de la Argentina, está encabezada por la red Jubileo Sur/Américas, Amigos de la Tierra América latina y el Caribe, la Confederación latinoamericana de Trabajadores del Estado, Global Forest Coalition, Observatorio de Conflictos Mineros de América, la Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad y las organizaciones canadienses Mining Watch y el Comité por los Derechos Humanos en América latina.

Natalia Salvatico, coordinadora de Amigos de la Tierra Argentina, resaltó la consonancia de este petitorio con la Carta abierta[i]enviada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas, con el apoyo también de centenares de firmas de todo el país. “Defender el agua no puede ser un delito – afirmó -, a pesar de 11 años de reclamar por la defensa del agua, la población de Andalgalá es sometida a múltiples violencias, fundamentalmente la amenaza de falta de agua para la vida. La democracia Argentina está en deuda con Andalgalá, y las tensiones y contradicciones generadas por la imposición de un modelo deben ser resueltas ante todo con respeto a los derechos de los pueblos y la naturaleza”

El texto completo de la Carta enviada hoy a las autoridades provinciales y nacionales puede ser consultado aquí: https://dialogo2000.blogspot.com/2021/04/llamamos-apoyar-andalgala-libertad-les.html

Contactos: Diálogo 2000 – 11 5569 0140Amigos de la Tierra – 11 5727 7728

[i]https://dialogo2000.blogspot.com/2021/04/andalgala-carta-abierta-las-autoridades.html

Defender el agua no es delito

Amigos de la Tierra Argentina escribió una nota urgente al  gobierno de la Provincia de Catamarca por la liberación inmediata de 7 asambleístas detenidos el día lunes y el cese de las labores de exploración en las inmediaciones del río Minas, que alimenta la ciudad de Andalgalá. A la fecha de esta publicación no tenemos información sobre la situación de los y las detenidos/as, y la Asamblea El Algarrobo denuncia más hostigamiento y vigilancia policial en los domicilios de más compañeros/as.

foto: Asamblea El Algarrobo

 

Entendemos que esta reacción de las autoridades supone una defensa de los bienes y actividades de las empresas trasnacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont, que controlan el proyecto minero Agua Rica, y recientemente realizaron numerosas acciones buscando legitimación social para iniciar la explotación del yacimiento, la cual no pueden lograr.

Más allá de la falta de certezas, sabemos que a pesar de  11 años de reclamar por la defensa del agua,  la población de Andalgalá es sometida a múltiples violencias, fundamentalmente la amenaza de falta de agua para la vida. La democracia Argentina está en deuda con Andalgalá, y las tensiones y contradicciones generadas por la imposición de un modelo deben ser resueltas ante todo con respeto a los derechos de los pueblos. La licencia social no se gana con engaños ni con represión, la licencia social es parte de la inclusión de la población en sus propios proyectos territoriales, de manera autónoma y con sus propios horizontes de desarrollo local.

 

 

Adrogué, 13 de abril de 2021

 

Sr. Gobernador de la

Provincia de Catamarca

Lic. Raúl Jalil

S                /                D

 

Por la presente expresamos nuestra profunda preocupación por el respeto de los Derechos de los habitantes de Andalgalá, a partir de las detenciones arbitrarias realizadas el día de ayer por la policía provincial a personas pertenecientes a la Asamblea El Algarrobo, así como nuestra expresa solicitud para detener la exploración avanzada del yacimiento Agua Rica.

Desde hace años nuestra organización expresa su solidaridad con el reclamo del pueblo de Andalgalá en contra de la explotación del antedicho yacimiento. Recientemente, luego del ingreso de máquinas perforadoras al Cerro Aconquija, sumadas a una fuerte presencia policial,  se generó, tanto entre los pobladores locales como entre una amplia red de organizaciones locales, nacionales e internacionales, una alerta máxima.

Entendemos que la presencia de dicha maquinaria se corresponde con  la autorización por parte del Ministerio de Minería de Catamarca (Res. 310/2020) del Plan de Exploración Avanzada presentado por la empresa minera Yamana Gold, desconociendo la aplicación de la Ley Nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, la Ley General del Ambiente, el art 41 de la Constitución Nacional, así como Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22), en esta línea los art. 1.1 y 1.2 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) y del de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), los que garantizan el derecho a la autodeterminación de los Pueblos, es la potestad que las poblaciones poseen a autodeterminarse para decidir cuál va a ser su modo de vida en el ambiente que viven y su desarrollo económico local, como hoy lo hacen las poblaciones de la Provincia.

Esta exploración pone en riesgo la naciente del río Minas que alimenta a la población local. Nos encontramos frente a una vulneración de los derechos humanos considerados en su interdependencia e indivisibilidad: el derecho al ambiente sano, a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y la libre determinación, entre otros, afectando la vida de la población presente y de las futuras generaciones.

El pueblo de Andalgalá no ha cesado de reclamar de manera pacífica por su legítimo derecho a la vida y a la salud a través del agua, durante los últimos 11 años, hemos realizado numerosas acciones de apoyo, constatando una y otra vez la veracidad  y justicia del reclamo que no es atendido en instancias nacionales. Los conflictos por el agua serán fundantes del siglo XXI y debemos abordarlos de una manera integrada y pluralista.

Luego de la manifestación del sábado, donde resultaron incendiadas las oficinas de la empresa Agua Rica, resulta llamativo el accionar policial el día de ayer, que bajo la orden del juez Rodolfo Cecenarro y la fiscal Soledad Rodríguez,  realizó allanamientos y detuvo a 7 personas, siendo desconocido por nosotras al momento de escribir esta nota, el paradero, estado de salud y causa de detención de los asambleístas.

Resulta extremadamente preocupante que luego de una movilización de 11 años y 584 caminatas por la vida, la respuesta estatal sea la criminalización de la protesta y las expresiones de disenso en marco de un sistema democrático, dando prioridad a las empresas trasnacionales ante las poblaciones locales, actuando a destiempo y sin fines preventivos.

 

Por todo lo antes expuesto, nuevamente exigimos la inmediata liberación de las personas detenidas y el cese del hostigamiento a los y las defensoras del agua. Asimismo, solicitamos que se detengan las acciones de exploración por resultar no solamente ilegítimas, contrarias a lo manifestado desde hace más de un decenio por el pueblo de Andalgalá, sino también ilegales.

 

Natalia Salvatico

Presidente

Fundación Amigos de la Tierra Argentina

 

 

Principios para una recuperación con justicia ambiental, social, de género y económica

Ante la parálisis productiva y el desconcierto social, perteneciendo a un sistema que prioriza el lucro por encima de los derechos de los pueblos, el ambiente y los sistemas democráticos, nos resultó esencial aunar voces de todos los continentes, reflexionar, debatir y proponer soluciones enmarcadas en la recuperación, construida sobre las bases de la justicia ambiental, social, de género y económica.

Estas propuestas  fueron elaboradas de manera colectiva con aportes de grupos y estructuras de Amigos de la Tierra Internacional, una federación de organizaciones presente en los 5 continentes, con 73 grupos miembros, y de la participamos desde Amigxs de la Tierra Argentina.

Marcha por el Clima, durante la COP25 en Madrid, España 2019 © Babawale Obayanju, ERA-Amigos de la Tierra Nigeria

 

Consideramos que para  hacerle frente a todos los impactos derivados de la crisis actual del COVID-19, es urgente y necesaria una  recuperación justa; centrada en el bienestar de  los pueblos y el planeta y que también contribuya a solucionar las otras crisis sistémicas subyacentes. Se proponen cuatro principios:

  1. Abandonar el neoliberalismo y la austeridad para adoptar políticas y medidas inmediatas basadas en  la justicia, reconociendo los límites ecológicos.
  1. Las medidas de recuperación deben fundarse  en la cooperación multilateral y la solidaridad  internacionalista y potenciarlas.
  1. Construir y fortalecer la democracia y garantizar la  realización de los derechos humanos y de los pueblos.
  1. Los gobiernos tienen que responder a las múltiples  crisis sistémicas -de la pandemia, desigualdad,  climática, de la alimentación y biodiversidad, y  de los cuidados- y a sus causas estructurales,  proponiéndole una agenda transformadora de  cambio de sistema.

 

La recuperación justa de ninguna manera puede significar volver a lo que se consideraba normalidad antes de  la crisis del COVID-19, ya que tal “normalidad” fue precisamente el origen de esta crisis y de sus impactos. Nuestras sociedades han sido estructuradas  por sistemas de opresión (patriarcado, racismo, clase,  neocolonialismo, imperialismo, heteronormatividad) con  profundas injusticias ambientales, sociales, de género y  económicas, y una nociva concentración del poder y los bienes comunes.

Este es el momento de reconstruir nuestras sociedades y un nuevo tipo de economía fundada en otros paradigmas que prioricen la sustentabilidad de la vida, la realización de los derechos de los pueblos y la justicia de género. Pensar un futuro colectivo y cooperativo es necesario para las sociedades fundadas y las que siempre estuvieron al margen.

Lxs invitamos a leer el documento entero, que es de distribución libre y gratuita :  Recuperación Justa