El Aborto Legal se convierte en Ley en Argentina, garantizando el derecho a decidir y la autonomía de las mujeres y disidencias

Somos partícipes de una enorme revolución. La llaman la revolución de las hijas, pero sabemos que se construyó generación tras generación de lucha de  mujeres que pusieron sus cuerpos, sus ideas y sus convicciones para construir un mundo más justo para todes.  Desde ayer en Argentina estamos más cerca del ejercicio pleno de la autonomía de nuestros cuerpos. Desde ayer estamos en un país un poco más justo, que ha saldado una de las deudas históricas de la democracia, especialmente con las personas con  capacidad de gestar.

Desde ayer, el aborto es un derecho en nuestro país y somos conscientes que no sólo es una cuestión de salud pública sino también de justicia social. Hemos ganado una de las batallas contra el patriarcado, que nos impedía decidir y planificar nuestras vidas, ubicándonos a las mujeres en un rol social de meras reproductoras de vida y encargadas de los cuidados. El Estado no nos empujará más a la clandestinidad, ni nos penalizará por decidir sobre nuestros cuerpos sometidos a la violencia estructural e histórica. 

Como mujeres ecologistas, entendemos que defender la vida no consiste en obligar a maternidades forzadas, sino que todas y todos puedan desarrollar una vida plena en dignidad, habitando un territorio propio y sano.  Para desarrollar esta vida plena y en dignidad, es necesario abolir la matriz de la opresión que sufrimos al mismo tiempo que la naturaleza, la cual es profundamente patriarcal. 

Con el poder de decidir que estamos conquistando las mujeres en el sur del Sur, a través de la  organización popular, de la construcción de otras formas de hacer política y de la lucha incansable, el patriarcado se resquebraja un poco, para que podamos derribarlo y construir otros mundos posibles, donde la violencia y la injusticia no tengan lugar.

El movimiento feminista ha inundado todos los espacios. La marea verde nos hace sentirnos acompañadas y poderosas, nos hace florecer el compañerismo.  Verde es un color que amamos de doble manera.  Este día es bisagra en Argentina y sabemos que el pañuelo verde ya recorre todo el continente, dando esperanza a más mujeres que siempre contarán con la sororidad internacionalista de sus hermanas. Como resuenan las voces de los cantares populares, esos que se escuchan en las calles, en la lucha y en el movimiento: América Latina va a ser toda feminista!

 

 

Acuerdo UNIÓN EUROPEA – MERCOSUR. Impactos en los derechos colectivos de los pueblos

La ratificación del acuerdo entre la UE y el MERCOSUR conllevaría graves consecuencias ambientales, sociales y económicas para nuestra región. En eso coincidieron los oradores del conversatorio “Acuerdo UE – MERCOSUR. Impactos en los derechos colectivos de los pueblos” organizado por Amigxs de la Tierra en el marco de la semana de acción de la Jornada Continental por la Democracia y en contra del Neoliberalismo.

Gonzalo Manzullo es desde el 2015 director de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores Autónoma de la Argentina (CTA-A) y Delegado titular por la misma central en el Foro Consultivo Económico y Social (FCES) del MERCOSUR, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y la Red Sindical del Sur Global (SIGTUR). En su exposición hizo eje en los aspectos laborales que la ratificación del acuerdo implicaría para la región: “No sólo estamos hablando de algunos impactos negativos en la industria sino que podríamos hablar de poner en riesgo la supervivencia de muchos sectores industriales, empleos industriales, la destrucción de de puestos de trabajo. No tenemos mecanismos de protección para pymes, que en países como el nuestro son los principales creadores de puestos de trabajo”.

En cuanto a las incidencias ambientales del acuerdo, Natalia Salvático, educadora ambiental, Presidenta de la Fundación Amigxs de la Tierra Argentina y coordinadora del programa de Agua comentó: “No deja de ser llamativo que la cuestión ambiental sea la mayor objeción a un acuerdo netamente comercial, y que a primera vista, por el cumplimiento de las metas de la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático y el escándalo de las quemas en el Amazonas, que eso sería lo que los medios hegemónicos y los gobiernos nos muestran como problema. Pero lo que decimos es, a no engañarnos, porque no es un acuerdo de protección del ambiente, sino que es claramente contradictorio con el cuidado de los territorios y fomenta el daño ambiental”.

Por último, Beverly Keene economista, coordinadora de Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina, y docente de la Cátedra Cultura de Paz y DDHH de la Facultad de Ciencias  Sociales de la Universidad de Buenos Aires llamó la atención sobre la cosificación de los pueblos en función de los intereses corporativos: “Estos acuerdos nos convierten a todos en consumidores, no somos más que eso, somos consumidores, somos objetos de las prácticas de las empresas transnacionales que van a operar bajo ese marco. Este acuerdo ha sido muy celebrado remarcando un comercio basado en normas, pero esas no son  las normativas del derecho humano, de protección de derechos laborales, de derechos ambientales… son las normas que protegen al capital”.

La inminente presidencia pro tempore de Argentina en Mercosur abre una posibilidad para que las organizaciones y movimientos sociales locales puedan lograr una mayor incidencia en el rechazo al acuerdo, “tenemos la necesidad, la obligación y la posibilidad de incidir con mayor fuerza” manifestó Beverly Keene. 

Podés ver el webinario completo haciendo clic aquí: https://youtu.be/5fHIOqkD5iw

UE-Mercosur: un acuerdo sobre la desigualdad

El acuerdo Unión Europea – Mercosur se negoció por 20 años. Sin embargo, bajo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri se cerró un preacuerdo en 6 meses, a través de negociaciones poco transparentes y con una enorme falta de información. Este tratado, tal como se encuentra actualmente, propicia las políticas extractivistas en América Latina, y por ende debilita las democracias que ya se encuentran bajo ataque en nuestro continente.

En Argentina, la tercera economía del cono sur, no sólo fue ratificado, sino impulsado fuertemente, sin existir estudios de impacto ni información pública. Los beneficiarios son sectores minoritarios que participan del comercio exterior, no las mayorías trabajadoras.

La asimetría entre el Mercosur y la Unión Europea es evidente. El presente acuerdo sólo profundiza las desigualdades entre ambos bloques, y no incentiva ni la industria nacional ni la del Mercosur. La gestión del gobierno actual, bajo la presidencia de Alberto Fernández  no ve con buenos ojos este tratado, debido justamente a su disparidad. La posición argentina en este escenario es clave, ya que el signo político de los demás miembros del Mercosur  ha virado a la derecha, lo que propicia las políticas neoliberales, entre las que se encuentra este tratado.

Es necesaria asimismo una articulación internacional con marcada solidaridad internacionalista, ya que estas asimetrías y doble estándar en materias como protección ambiental y DDHH entre los pueblos de Europa y América Latina no pueden ser validadas bajo la forma de un tratado comercial.

El 28 de junio de 2019, se anunció la conclusión de las negociaciones luego de dos décadas de idas, venidas, tensiones y negociaciones entre los dos bloques económicos. En la actualidad, uno de los ámbitos más destacados del debate sobre el tratado es el ambiental. Nunca antes el cuidado del ambiente había tenido un perfil tan alto en las negociaciones internacionales para tratados de libre comercio. Esto se materializó el miércoles 7 de octubre,  cuando los eurodiputados impugnaron el acuerdo presentado,  en una votación que presenta por primera vez cuál es la opinión mayoritaria en ese organismo, sin cuyo visto bueno no puede formalizarse el convenio comercial. El rechazo de los eurodiputados al acuerdo comercial no significa un veto al tratado, que aún no fue oficialmente sometido al Parlamento, pero sí muestra por primera vez que la mayoría de los legisladores europeos se resiste a la idea de aprobarlo. El eje de la impugnación al acuerdo fue la preocupación por el cambio climático, un tema que se ha vuelto central en el debate político europeo de los últimos años y que es una bandera levantada en alto por varios partidos[1]. Sin embargo, este no es su único lado oscuro.

El rechazo actual se centra en el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pero lo que se impugna es el mismo problema que tiene Argentina: los incendios forestales para la extensión de la frontera agroexportadora. El acuerdo,  es de por sí contradictorio con las políticas climáticas acordadas en París por los líderes mundiales y ratificada por nuestro país, y este cumplimiento es una condición del acuerdo comercial. Sin embargo,  no incluye mecanismos exigibles o sanciones por incumplimiento a la protección del monte nativo.

Además, la deforestación y el incumplimiento de las metas de reducción de emisiones,  no serían el único impacto ambiental: la liberalización del comercio en el clima implica múltiples efectos negativos, incluidas emisiones de gas metano, aumento del transporte y contaminación marítima, aumento de uso de agrotóxicos, etc.

A estos impactos se sumarían los económicos, laborales e industriales, dado que el acuerdo implica la reducción de la matriz productiva interna a favor de la apertura de importaciones en rubros clave para el sector productivo nacional.

Si bien la firma del acuerdo implica un grado de avance significativo hacia su concreción, aún es necesario dar el debate en el Congreso, y la dirigencia política del gobierno actual se ha pronunciado en contra antes de asumir sus funciones en 2019.

Por otro lado, el gobierno nacional ha impulsado, durante el contexto actual de crisis pandémica, una serie de medidas para la recuperación económica vinculadas a la protección al mercado interno, la promoción de la industria nacional y el control de retenciones, medidas que se contraponen a la lógica intervencionista del acuerdo por sobre la soberanía de las naciones del Mercosur.

La posición de Argentina en el contexto político regional es fundamental para frenar la ratificación de este acuerdo claramente dañino para nuestra región, dado que el resto de los países que componen el Mercosur ya han dado claras intenciones de acompañar la iniciativa europea. Organizaciones socioambientales de ambos bloques nos organizamos en contra de un acuerdo que no respete la integridad de nuestros territorios ni nuestros derechos democráticos a una vida digna.

[1]https://www.tiempoar.com.ar/nota/bolsonaro-eje-del-rechazo-europeo-al-acuerdo-ue-mercosur (consultada el 10/10/2020)

Ley de Humedales: ¿Cómo sigue el debate en el Congreso?

En medio de una pandemia mundial y de decenas de miles de focos de incendio en el país y el continente, el pasado 23 de octubre nos encontramos desde la virtualidad para actualizarnos sobre cómo sigue el proyecto de Ley de Humedales en el Congreso. Participó Sofía Astelarra, miembra del Grupo de Estudios de Investigaciones del Instituto Gino Germani y del Observatorio de Humedales del Delta, Ana di Pangracio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Humedales sin Fronteras  y Emilio Spataro, coordinador de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Argentina.

Una de las movilizaciones en Corrientes para pedir #LeydeHumedalesYA. Foto: Guardianes del Yvera.

Para un panorama de la magnitud del problema y de quiénes están involucrades en el cuidado de los territorios, Sofía Astelarra nos contaba: “En lo que va del año llevamos casi 36 mil focos de incendios y según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego casi 200.000 hectáreas han sido afectadas. La situación realmente es trágica y esto tiene que ver con un punto de inflexión al cual no podemos evitar prestarle atención a la crisis climática. La sanción y la aplicación de la ley de humedales desde quienes apostamos por el eco-transfeminismo también implica establecer una relación de cuidado de eco-interdependencia e inter-especista y de convivencia con los humedales y su biodiversidad. El eco transfeminismo promueve una política de cuidado de la vida y de comunalidad de los territorios por eso es clave generar mecanismos de participación y de financiamiento social para que la gestión y la aplicación de esta ley esté en manos de las comunidades locales” 

Desde una visión normativa, Ana Di Pangracio analizaba las posibilidades que nos brindan las leyes de presupuestos mínimos, una figura que muchas veces genera tensiones entre las autoridades provinciales y las nacionales.  “La herramienta que tenemos consagrada en la constitución es la figura de las normas de presupuestos mínimos.  Creemos que  corresponde adoptar aquellas en el marco del trabajo de inventario nacional de humedales no sólo para proteger a los humedales  por los beneficios que nos brindan a las personas sino avanzar y promover una perspectiva de derechos no sólo en cuanto a acceso a la información y a la participación ciudadana para que haga una ley que desde su discusión y luego su implementación se construya de abajo hacia arriba sino que también incorpore otras visiones como la importancia de poner de relieve los roles que las mujeres juegan en defensa y protección de los de los humedales. Por lo tanto, incorporar una perspectiva de género y de interculturalidad es un elemento muy importante para los humedales que son territorios de comunidades locales e indígenas” 

En tanto Emilio Spataro coordinador de ATA, reflexionó acerca del contexto de destrucción que sufren los humedales y los mecanismo que prevé la ley para revertir la situación; Una de las prioridades para la protección de los humedales es frenar su destrucción en el corto plazo “¿Por qué apuntar primero a frenar a los impulsores de la pérdida de humedales?. Estuvimos trabajando justamente en principios para la inclusión de los humedales en el ordenamiento territorial para consolidar el concepto de moratoria a las actividades que están llevando a la pérdida y deterioro de los humedales.

Hoy lo que tenemos es un proyecto de síntesis que lo que se basa es en  el reconocimiento de que los humedales son bienes comunes por más que no lo menciona específicamente la ley pero entre todas sus definiciones queda consolidado que la sociedad en la argentina necesita mantener en funcionamiento la integridad ecológica de los humedales y valorarlos por su valor intrínseco por sobre el interés particular. Aquellos que quieran desarrollar alguna actividad lícita en los humedales, no podrán estar por sobre el bien y el interés general ya que primero debemos frenar la pérdida de estos ambientes que son esenciales para la vida y para la posibilidad de la sustentabilidad de la Argentina.

Necesitamos ponernos como sociedad a discutir cuáles son los criterios de sustentabilidad, cuáles son los límites a la ocupación humana de los humedales, cuáles son las actividades que queremos privilegiar porque son las que llevan al bienestar común de la mayoría de la sociedad y cuáles son aquellas actividades que no pueden continuar o que no pueden continuar de la forma en la que se están haciendo.

Resulta fundamental para el movimiento de organizaciones socioambientales de Argentina el consenso logrado en la búsqueda de la protección de humedales, así como el propio reconocimiento social hacia estos ecosistemas logrado por años de luchas territoriales y culturales de las personas comprometidas: 

Tenemos que seguir independientemente de la sanción de la ley. Si es con la ley será a través de las herramientas de gestión creadas para que se apliquen, para impulsarlas y para que no sean pervertidos y si es sin la ley, será desarrollando todas las estrategias y potenciando la construcción de los últimos años en los cuales no hemos dejado también de salvar muchísimos humedales y de militar en defensa de estos territorios

Para ver el debate entero, les dejamos el link de Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=unMGCDuCP3Q&t=28s

La deuda es con nosotras y la naturaleza

Compartimos nuestra denuncia en el Juicio Popular contra la Deuda y el FMI, presentada el 17 de septiembre .

Denunciamos el conflicto capital-vida y las crisis interrelacionadas

El modelo extractivo y de producción y consumo que sostiene las sociedades que habitamos es incompatible con la regeneración de la vida y genera una cultura que desvaloriza tanto el trabajo de cuidados como la importancia de la naturaleza, provocando una invisibilización de ambos, pero sin embargo desarrollando intensos procesos colonialistas y extractivistas de los cuerpos y territorios. Como resultado existe una tensión constante e irresolvible entre el capital y la vida, la cual siempre está bajo amenaza.

Este sistema económico desemboca hoy en una crisis pandémica como la que atravesamos, que no es más que la manifestación explícita de las crisis interrelacionadas que enfrentamos desde hace muchos años: la crisis del clima, del agua, de la biodiversidad, el escándalo de la pobreza, la crisis de cuidados, la crisis de salud. Todas estas crisis tienen sus  causas estructurales en el sistema capitalista, que ha demostrado su incapacidad  y su desinterés por preservar la vida digna y cuidar de los pueblos la naturaleza y los territorios.

Denunciamos las falsas soluciones

Hoy una vez más la responsabilidad de solución se carga sobre el trabajo invisibilizado y precarizado de las mujeres y proveedoras de cuidados,  así como también se aprovecha para un avance más profundo sobre la naturaleza, ofreciendo falsas soluciones a la crisis económica, mediante incendios de humedales, minería declarada como actividad esencial y proyectos para granjas industriales de cerdos.

No resulta viable ni ético que los organismos internacionales de crédito e inversionistas ofrezcan las mismas recetas y falsas soluciones que nunca funcionaron, ante una crisis inédita generada por ellos mismos y sus políticas.

Reclamamos medidas de recuperación justa

En primer lugar, abandonar neoliberalismo y la austeridad propuesta por organismos como el FMI, y adoptar políticas inmediatas basadas en la justicia distributiva pero reconociendo los límites ecológicos. Es imprescindible que los gobiernos no socialicen las pérdidas de las grandes empresas y garanticen los servicios públicos para toda la población.  Los gobiernos deben cerrar las negociaciones de liberalización comercial e inversiones cuyo propósito es apuntalar aún más el poder de las empresas transnacionales a expensas del sur global. Asimismo se deben comprometer a aprobar legislación jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos a nivel internacional.

En segundo lugar las medidas de recuperación deben fundarse la solidaridad internacionalista. Es necesario anular todas las deudas del sur global, porque el sur es acreedor de una deuda ecológica histórica. Tiene que aplicarse un principio de pago y reparaciones por la deuda climática y la deuda ecológica garantizando fondos como subvenciones no reembolsables, sin condicionalidades agregadas y no como préstamos.

En tercer lugar es fundamental fortalecer la democracia y garantizar los derechos humanos y de los pueblos. Fortaleciendo la lucha internacionalista contra la derecha, el fascismo y el racismo, revertir los golpes de estado que se vinieron dando en nuestra región con fuertes vínculos al poder económico y con avances de la agenda extractivista.

Por último, en cuarto lugar necesitamos que los gobiernos respondan a esta crisis múltiple con una agenda transformadora de cambio de sistema para no volver a la vieja normalidad racista, neocolonial, patriarcal, violenta y ecocida.

La crisis de coronavirus pone al descubierto que la destrucción de los ecosistemas está facilitando la propagación de patógenos que afectan nuestra salud. Esta no es la primera pandemia que enfrentamos ni será la última, porque el modelo extractivo, fundamentalmente el agronegocio, genera enormes problemas de salud pública y se le debe poner freno, a la vez que se fomenta la agricultura agroecológica y se detienen los desalojos de comunidades campesinas e indígenas. Ahora tenemos que responder a la  crisis del clima y a la crisis de salud de manera simultánea, esto implica dejar de subvencionar a las empresas de energía sucia sustituyéndola por una matriz 100% renovable.

Nos rehusamos a volver a la vieja normalidad de la dominación.

Exigimos una transformación que respete profundamente los principios de cuidados, reorganizando los mismos de manera tal que esa responsabilidad sea compartida entre hombres mujeres y el estado mediante los servicios públicos suficientes y accesibles para todas y todos, y el fin del ecocidio mediante el falso paradigma del desarrollo, recreando una transición hacia otros mundos posibles, donde podamos vivir vidas dignas de ser vividas.

Llamamos a la semana de acción global contra la deuda del 10 al 17 octubre de este año.

Más información:

https://www.foei.org/news/covid-19-coronavirus-crisis-system-change

https://www.foei.org/news/system-change-human-rights-corporations-un-treaty

https://www.foei.org/news/letter-world-trade-organization-wto-covid19-coronavirus-medicine

https://www.foei.org/es/noticias/recuperacion-justa-crisis-covid-19

https://autoconvocatoriadeuda.blogspot.com/

Soberanía Alimentaria: “Producir local y consumir local, de esa manera se hace universal”. Entrevista a Miryam Gorban

Por Wanda Olivares, Amigxs de la Tierra Argentina

Nutricionista, investigadora y militante, con sus 89 años Miryam Gorban es una de las voces más escuchadas  para pensar la problemática del hambre desde una perspectiva soberana.
Creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, con dos doctorados Honoris Causa que reconocen su compromiso con la humanidad, Miryam Gorban se convirtió en una indiscutible referenta de la soberanía alimentaria en el país.
En la Cumbre Mundial por la Alimentación de 1996, Miryam conoció el concepto de Soberanía Alimentaria junto a la Vía Campesina, y desde allí inició un trabajo fundamental por la lucha contra el hambre y la malnutrición, la concentración económica y la dependencia alimentaria.
Discute el modelo económico y propone programas de Estado desde la interpretación del marco político que define la producción, comercialización y distribución de alimentos, pero fundamentalmente, desde el conocimiento profundo del hambre en los barrios.

Imagen publicada por Slow Food International

¿Cómo definirías el rol de las organizaciones que hacen a la soberanía alimentaria en la emergencia del hambre?

Yo creo que acá hay un rol muy importante que está jugando la solidaridad de todo nuestro pueblo, que es un signo de distinción para decirlo así, y por eso me siento muy orgullosa de ser argentina. Este desarrollo de los comedores populares, que no se da en otros países con la misma intensidad que acá, aunque haya más hambre, es un ejemplo a tener en cuenta porque realmente esto lo hemos aprendido en la crisis de la hiperinflación, y sobre todo en la crisis de 2001. En estos procesos, fuimos encontrando recursos en la emergencia que son la base hoy de la economía social, fueron alternativas para salir de la situación en ese momento, y ahora está pasando lo mismo.
La soberanía alimentaria nosotros no la planteamos en un marco de emergencia, la marcamos como política general, política pública que marque el destino de la autosuficiencia alimentaria de un país, que sea soberano realmente y que resuelve el problema de la alimentación. Pero acá tenemos una crisis económica, una crisis ambiental, y además de todo eso, tenemos encima una situación de hambre a la que nos arrastró el neoliberalismo.
Entonces todas las fuerzas están pensadas, están coordinándose y enlazándose para superar esta situación, buscando distintas alternativas. La de los comedores populares son una, las cooperativas son otras, las empresas recuperadas también lo son, toda esta suma de acciones son las que están aportando a superar la crisis.

¿Cómo es posible transitar hacia una mejora en la dieta de los comedores y de los sectores populares? ¿Cómo reemplazamos los alimentos ultraprocesados por alimentos sanos y accesibles para el pueblo?

En ese sentido es muy importante el aporte de la huerta comunitaria, la granja comunitaria, producción de pollo y huevos, desde ya. Nadie habla del huevo, los huevos son fundamentales porque tienen alto valor biológico, son las proteínas más baratas y más fáciles de conseguir. Cuando fue la crisis del 2001 intentamos con la producción de conejos pero los chicos los querían para jugar y no para comer, son cosas que pasan, cuestiones culturales y sociales que tenemos que atender también.
Yo participo asesorando en el comité que se ha formado con el programa “Argentina contra el hambre”. La idea es que cada escuela tenga su granja, y en este sentido se avanzó en muchos comedores comunitarios, que ya tienen su propia huerta. Tenemos que ir hacia la producción local, que cada municipio tenga o recupere algún tambo que se perdió. Que se abastezca a los comedores escolares con leche fresca, los chicos no quieren leche en polvo y terminan tomando agua hervida. Hay que plantear mataderos municipales y huertas cubriendo los alrededores de cada municipio, para que todo sea abastecido en la zona, sin recurrir al costo tremendo que es la logística para abastecer a cada una de nuestras ciudades. Producir local y consumir local, de esa manera se hace universal. Esa es la política que nosotros estamos desarrollando, “describe tu aldea y serás universal” decía Tolstoi.

¿Cómo podría el Estado acompañar esta transición?

Hay que incentivar la producción local, no es lo mismo producir para 50 familias que producir para 2000 alumnos, apostar a la producción local es fundamental, y eso se logra con huertas, mataderos y tambos en cada municipio.
El Ministerio de Desarrollo está en ese camino, comprando a los agricultores familiares, pero  nosotros tenemos que profundizar, seguir el ejemplo de Brasil donde el 30% de las compras públicas de alimentos se hace a productores locales. Tenemos que persistir y profundizar en ese camino pero al mismo tiempo, a los productores y agricultores familiares tenemos que darles acceso a la tierra y créditos blandos, como el que ha dado ahora la provincia de Buenos Aires, que se llama Alimentos Bonaerenses que promueve el desarrollo productivo y brinda créditos blandos para la producción agropecuaria y la pesca.
Esta es la intervención del estado, la promoción de la agenda y los mercados populares. Pero lo más importante sería el control de los precios, no basta con Precios Cuidados ni Precios Máximos, hace falta seguir la trazabilidad de los verdaderos precios, porque las que realmente marcan los precios de los alimentos son las empresas del sector que están muy concentradas y los manejan como quieren.

¿Qué visibiliza la pandemia en torno a la mujer campesina?

Yo creo que en este contexto de pandemia salió a la luz el tema del trabajo de cuidados, que está totalmente descuidado, parafraseando. Pero nos encontramos con otra realidad que no estaba suficientemente visibilizada que es el rol de las mujeres productoras rurales, y desde el trabajo del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) empezamos a ver el rol importante de las mujeres productoras. Ellas se levantan a las 4 de la mañana, con hijos chicos, sin vivienda, en condiciones muy difíciles y estando codo a codo con sus compañeros en las huertas, resolviendo el problema de la producción y la comercialización.
Las mujeres campesinas se ocupan de los cuidados de los mayores, de los menores y de la población en su conjunto a través de los comedores, atendiendo los problemas de salud y todas las problemáticas que se puedan presentan. Gracias a las organizaciones campesinas y a esta visibilización que ocurrió con la pandemia, hay algunas leyes que se están promoviendo para darle valor al trabajo de las mujeres, hay un panorama alentador, esperemos que así sea.

Soberanía alimentaria en disputa: la recuperación de Vicentín

Entendemos la recuperación de la empresa Vicentín como un paso hacia la soberanía alimentaria porque pone en la escena pública la discusión sobre las dinámicas y los impactos de las empresas monopólicas que controlan al sector agrícola en el país. La aplicación de modelos económicos neoliberales en la Argentina, y la manipulación genética en manos de las multinacionales con la producción de cultivos transgénicos y uso indiscriminado de agrotóxicos, ha constituido una herramienta fundamental en la implantación, durante las últimas décadas, de un modelo de desarrollo agropecuario netamente productivista, basado en la maximización de la ganancia en el corto plazo, y que nos está conduciendo a una profunda crisis económica, social y ambiental.
Por otro lado, la recuperación estatal se constituye como un caso testigo que permite disputar el esquema de precios internos impuesto por la exportación, en base a criterios de soberanía económica que permitiría producir y comercializar al interior de nuestro país a precios más justos.
Es nuestro desafío como pueblo exigir una recuperación justa y sustentable.

El caso Vicentín

Durante el 2015, la empresa Vicentín se ubicaba en el puesto n° 19 de mayor facturación en la Argentina. Para el año 2019 ya había ascendido al puesto n° 6. Actualmente exporta casi el 10% de los cereales, oleaginosas y subproductos y es la primera cerealera del país. Además gestiona carnes, curtiembres, lácteos y algodón; y tiene un puerto privado en San Lorenzo, Santa Fé.
Mientras que Vicentín ascendía hasta convertirse en las firmas líderes que más facturaron entre 2015 y 2019 en nuestro país, su endeudamiento con el Banco Nación aumentó a casi 350 millones de dólares por préstamos otorgados de forma irregular, que le facilitaron la prefinanciación de exportaciones, y que nunca se han devuelto. Una semana después del último desembolso, la empresa se declaró en cesación de pagos.
Sumado a esto, Vicentín contrajo también deuda con bancos extranjeros y cooperativas nacionales proveedoras de la empresa que jamás cobraron por ello, y se registraron operaciones millonarias entre empresas vinculadas al grupo días antes de que se declarara en cesación de pagos.

Vicentín, complejo industrial de Avellaneda, Santa Fe. Foto publicada por Infobae

En este contexto, Vicentín no hace más que aportar a la concentración de un mercado dominado por empresas transnacionales, acompañado por una gran evasión impositiva con triangulación de empresas.

No sólo se trata de capitales nacionales, uno de los proyectos de Vicentín es Renova, una megaempresa productora y comercializadora de biodiesel de la cual su principal accionista es Glencore, cuyas operaciones abarcan hoy toda la cadena de producción, transformación, almacenamiento y transporte de materias primas en tres principales sectores de negocio: metales–minerales, energéticos y productos agrícolas. La diversificación de su operación le da ventajas de mercado incomparables. Sus capacidades de almacenamiento y transporte son tan grandes que se la ha acusado de especular con los precios de los commodities sacando provecho de sus importes futuros en el mercado. Es la cuarta empresa minera más grande del mundo y la primera comercializadora de materias primas a nivel global  que acumula denuncias por contaminación, violación a derechos humanos y corrupción a nivel internacional (1).
De acuerdo a las magnitudes de comercialización de Vicentín -el 85% del total facturado-, la cantidad de empresas en las que tiene participación, sumado al volumen de empleadxs directamente vinculados y productorxs asociados,  constituye un eslabón fundamental en el sistema agroalimentario de Argentina.

Una recuperación justa para una transición hacia la soberanía alimentaria

Para que una recuperación sea justa es necesario que la  ayuda estatal esté sujeta a condiciones estrictas. Todos los fondos públicos destinados a ese fin tienen que usarse priorizando a las mujeres, a los pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes, lxs trabajadorxs, campesinxs, productorxs familiares y artesanales, el clima,  la biodiversidad y la salud a largo plazo de los pueblos y de nuestro planeta.
Dada la urgencia de prescindir de la economía dependiente de combustibles fósiles, es indispensable apoyar y acompañar a quienes trabajan en industrias contaminantes (como es el caso de la agroexportadora Vicentín) en su transición hacia nuevas funciones en industrias limpias mientras las economías se reconstruyen. Es en este sentido, que creemos que la recuperación de Vicentín es una gran oportunidad para plantear una transición hacia un modelo de producción agroecológica a nivel nacional.

Organizaciones campesinas en el “banderazo nacional por la expropiación de Vicentín” Foto publicada por Tiempo Argentino

Para fortalecer la soberanía alimentaria con este hecho, y lograr que la empresa pase de productora de commodities a productora de alimentos sanos, es indispensable una participación popular de cooperativas y organizaciones en la gestión de la empresa, que permita  una mejor y más justa distribución de ingresos y ganancias, como así también, que permita agregar valor a la cadena de producción, fomentar el desarrollo local, mejorar la situación de pequeños productores y pymes y que las divisas permanezcan en Argentina.

Además una recuperación justa significa también que le empresa podrá seguir trabajando y eso beneficiaría tanto a sus más de 5.000 trabajadorxs como a los 2.600 productorxs que le venden a Vicentin.
Desde Amigos de la Tierra Argentina, sostenemos que es innegable que la producción de Vicentín está profundamente ligada a los commodities de granos del agronegocio transnacional y sus socios locales que poco tienen que ver con la soberanía alimentaria. Sin embargo, la posibilidad de que el Estado recupere la empresa logra poner en disputa el modelo agroexportador monopólico, regido por intereses especulativos, a la vez que propicia un escenario de discusión y planificación de la producción agrícola, que incorpora voces y actores para la construcción de una política alimentaria articulada, descentralizada y nacional.

En un contexto de emergencia alimentaria, agudizada aún más por la pandemia del Covid-19 y la depresión de nuestra economía, es necesario que la alimentación esté presente en las discusiones públicas. No solamente por la atención urgente a las necesidades alimenticias de la población, sino además para poner en evidencia que relegar el diseño de la estructura productiva nacional de alimentos al sector privado, conlleva necesariamente a estos escenarios críticos.

La construcción de soberanía alimentaria implica la participación de todos los actores del esquema de producción y comercialización de alimentos, una disputa real de la tenencia de tierras a favor de las familias campesinas -que son las que sostienen actualmente el 80% de la producción de alimentos para consumo en el país- y la erradicación de sistemas productivos insustentables a base del uso de agrotóxicos y transgénicos patentados por empresas monopólicas.

Por otro lado, se torna fundamental la participación de las organizaciones campesinas que cuentan con experiencia suficiente como para realizar grandes aportes a la gestión y proponer dinámicas acordes a formas más sustentables y equitativas de producción.

Un escenario de transición hacia la soberanía alimentaria no se logra únicamente con la tenencia por parte del Estado de una empresa clave del sector, esta transición debe involucrar la reestructuración de los diferentes eslabones productivos y comerciales que la componen, modificar los sistemas de producción hegemónicos y cuestionar profundamente para qué y para quiénes se produce.

(1)https://elabcrural.com/glencore-ofrece-usd-325-millones-para-sacar-a-vicentin-de-renova/

El racismo, otra razón para el urgente cambio de sistema

El reciente levantamiento del pueblo estadounidense por el crimen de George Floyd, asesinado por las fuerzas de seguridad, en particular por la policía, deja en evidencia la acumulación de siglos de violencia, discriminación e invisibilización, no sólo con la población afroamericana sino también,de la hispana e indígena.
En este contexto de crisis global generalizada y acentuada por la pandemia del Covid-19, esta situación se vuelve intolerable.

El racismo existe y se expresa en múltiples formas, ya sea aversivo, simbólico, etnocentrista o incluso biológico. En muchos casos se encuentra subyacente, y en otros tantos se tornan desgarradoramente explícitos en todo el mundo.El fenómeno del Covid 19,  ha develado  múltiples formasde opresión de  manera descarnada: el sistema patriarcal asesina una mujer cada 29 horas en nuestro país, la militarización sigue en ascenso en nuestra región y el ecocidio no se toma cuarentena: los crímenes ambientales se cometen con impunidad durante el aislamiento; ni los los desmontes,  ni la minería tampoco ni las fumigaciones cesan (Incluso aumentan desmedidamente)

En Argentina los crímenes raciales, la violencia policial y la discriminación por cuestiones étnicas son frecuentes. Entre los casos más recientes, conocimos el repudiable accionar de un grupo de 8 policías que asesinó a Luis Espinoza en Tucumán, y otro grupo policial que violentó salvajemente a una familia qom en Fontana, Chaco. 

Mujeres indígenas agrupadas en el Tejido de Profesionales Indígenas, afirman: “Estamos viviendo un etnocidio qom. Estamos siendo testigxs de un genocidio latente. Así como la policía de Estados Unidos asfixia y mata a George Floyd, en Argentina las fuerzas de seguridad estatal cambian de conducción pero no de prácticas. ¿Cómo le hacemos frente?

Golpear, sacar a la gente de los domicilios sin orden judicial, trasladarlos a un destacamento policial en Fontana, provincia de Chaco, cometiendo todo tipo de abuso de poder, ensañándose y ultrajando a mujeres indígenas y encima fumigarlas (vendrían a ser bichos?) con alcohol por el COVID19 es racismo institucionalizado.” 

El racismo agudiza la crisis provocada por el Covid-19 para los pueblos originarios: la inseguridad alimentaria aumenta, el acceso al agua es cada vez menor, la escasez de leña como combustible esencial para cocinar y calefaccionarse en invierno, la imposibilidad de trasladar insumos básicos y la discriminación en la atención médica e incremento de la violencia, se suman a las problemáticas persistentes en nuestro país, que no se reconoce plurinacional. 

Mientras exigimos investigación y condena de los responsables de tales crímenes, los medios de comunicación hegemónicos siguen invisibilizando sistemáticamente nuestros pueblos y sus diversidades; así como el sistema judicial  no observa con intransigencia dichos comportamientos, sino más bien que los desestima. 

Desde Amigos de la Tierra Argentina, sostenemos que reclamar justicia de forma colectiva es indispensable, solidarizarnos activamente fortaleciendo la organización popular hacia un cambio de sistema se vuelve insoslayable. No queremos volver a aquella normalidad donde existen poblaciones de segunda y tercera categoría. Para cambiar el sistema es necesario eliminar el racismo y toda forma de discriminación para siempre.

Encuentro por un Mapeo de Mercados Territoriales Populares

Organizaciones de la Agricultura familiar campesina indígena, de la pesca artesanal, jóvenes y mujeres nucleadas en la Alianza por la Soberanía Alimentaria de America latina y el Caribe, junto a miembros de la FAO y Terra Nova, nos encontramos en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, el 14, 15 y 16 de noviembre  para compartir experiencias y estrategias que aporten al contexto Latinoamericano de Mercados Territoriales Populares

En 2016 el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) aprobó las recomendaciones de políticas sobre la vinculación de los pequeños productores con los mercados y declaró en esta ocasión que la falta de datos y análisis sobre los mercados territoriales ha tenido un impacto negativo en las políticas públicas, creando una serie de obstáculos en lugar de fortalecer estos mercados.

El proyecto “Mapeo de mercados territoriales: un enfoque participativo para la recopilación de datos” es una iniciativa participativa entre la FAO, investigadores, ONGs,  grupos de pequeños productores y consumidores. El proyecto está financiado por la FAO y está cofinanciado y gestionado por Terra Nuova. Su objetivo es desarrollar metodologías apropiadas para la recolección y el análisis de datos sobre los mercados territoriales.

Dentro de los objetivos principales de esta propuesta, se busca aumentar la visibilidad de estos mercados para influir en las políticas públicas y para que éstas los promuevan, desarrollar mecanismos permanentes para la recopilación y el análisis de datos sobre mercados territoriales accesibles y controlados por las organizaciones de productores , como así también crear alianzas entre los diferentes actores involucrados para fortalecer los vínculos entre los mercados territoriales y los sistemas de producción agrícola familiar a pequeña escala.

Sostenemos que la lucha por la soberanía alimentaria y el fortalecimiento del sistema de mercados territoriales son las vías para erradicar el hambre de nuestros pueblos.

Taller de género en la Federación Campesina Guaraní

En la ciudad de Lavalle de la Provincia de Corrientes tuvo lugar el Tercer Plenario Provincial de la Federación Campesina Guaraní.

Más de 200 campesinos y campesinas se encontraron  para debatir sobre problemáticas territoriales de producción y de comercialización.

En este contexto, desde Amigos de la Tierra Argentina promovimos un taller de género mixto para todas las edades con el objetivo de reconocer las diferencias entre sexo y género como base de la desigualdad social y cultural entre hombres y mujeres, así como las consecuencias de la desigualdad.

A través de actividades dinámicas, discutimos los principales derechos humanos y reflexionamos sobre acceso diferenciando a ellos entre mujeres y hombres, del mismo modo indagamos para identificar las causas de dichas desigualdades.

Desde un marco ecofeminista, hubo un especial énfasis en el rol de cuidadoras de las mujeres.  En palabras de la ecofeminista  Vandana Shiva “La asignación histórica de tareas del cuidado que hemos tenido las mujeres ha forjado, en términos estadísticos, cierta identidad femenina. En el siglo XX, gracias en especial al feminismo, las mujeres hemos podido salir del ámbito doméstico y participar en el mundo del trabajo asalariado y la cultura del que nos habían excluido”. Si bien hoy las mujeres toman un rol fundamental en las luchas y en la vida pública, en el ámbito doméstico siguen siendo las que tienen un papel principal. En esta línea cuestionamos estas prácticas e invitamos a reflexionar sobre cómo hacer para equilibrar estas actividades.