Un centenar de organizaciones latinoamericanas, canadienses y mundiales piden detener el avance ilegal de la exploración minera y liberar a les defensores de DDHH detenides en Andalgalá

COMUNICADO DE PRENSA / Bs. As, 21/4/21 

Un centenar de organizaciones de América latina y el Caribe, Canadá y otros países del mundo enviaron hoy una Carta abierta al Presidente de la Nación, al Gobernador de Catamarca, a los Sres. Ministros de Ambiente, Justicia y del Interior y el Sr. Secretario de Derechos Humanos de la Nación, reclamando respeto a la voz y los derechos humanos del pueblo de Andalgalá y que se liberen de inmediato y se desprocesen, a les 12 integrantes de la Asamblea El Algarrobo, detenides por su defensa de la ley, el ambiente, el agua, su autodeterminación, la vida toda.

Las entidades internacionales y de 28 países piden, a la vez, el cese de la persecución a la lucha de más de 11 años del pueblo de Andalgalá, y que se ponga fin a la actividad minera exploratoria que realiza la empresa canadiense Yamana Gold, en el yacimiento Agua Rica, en violación de la Ley de protección de los glaciares, la Ley General del Ambiente, la Ley de Bosques Nativos y numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos.

“Es un llamado internacional muy fuerte a las autoridades argentinas–señaló la coordinadora de Diálogo 2000, Beverly Keene– El rechazo frente al avance ilegal e insustentable de la megaminería se extiende cada vez más, en Canadá, en todo el continente, donde muchos pueblos comparten la misma lucha. Urge la liberación de les defensores del agua y de todos los derechos humanos. Desde el mundo entero se exige respuestas conforme a los derechos.”

La carta, que lleva además la firma de medio millar de organizaciones y personas de la Argentina, está encabezada por la red Jubileo Sur/Américas, Amigos de la Tierra América latina y el Caribe, la Confederación latinoamericana de Trabajadores del Estado, Global Forest Coalition, Observatorio de Conflictos Mineros de América, la Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad y las organizaciones canadienses Mining Watch y el Comité por los Derechos Humanos en América latina.

Natalia Salvatico, coordinadora de Amigos de la Tierra Argentina, resaltó la consonancia de este petitorio con la Carta abierta[i]enviada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas, con el apoyo también de centenares de firmas de todo el país. “Defender el agua no puede ser un delito – afirmó -, a pesar de 11 años de reclamar por la defensa del agua, la población de Andalgalá es sometida a múltiples violencias, fundamentalmente la amenaza de falta de agua para la vida. La democracia Argentina está en deuda con Andalgalá, y las tensiones y contradicciones generadas por la imposición de un modelo deben ser resueltas ante todo con respeto a los derechos de los pueblos y la naturaleza”

El texto completo de la Carta enviada hoy a las autoridades provinciales y nacionales puede ser consultado aquí: https://dialogo2000.blogspot.com/2021/04/llamamos-apoyar-andalgala-libertad-les.html

Contactos: Diálogo 2000 – 11 5569 0140Amigos de la Tierra – 11 5727 7728

[i]https://dialogo2000.blogspot.com/2021/04/andalgala-carta-abierta-las-autoridades.html

Defender el agua no es delito

Amigos de la Tierra Argentina escribió una nota urgente al  gobierno de la Provincia de Catamarca por la liberación inmediata de 7 asambleístas detenidos el día lunes y el cese de las labores de exploración en las inmediaciones del río Minas, que alimenta la ciudad de Andalgalá. A la fecha de esta publicación no tenemos información sobre la situación de los y las detenidos/as, y la Asamblea El Algarrobo denuncia más hostigamiento y vigilancia policial en los domicilios de más compañeros/as.

foto: Asamblea El Algarrobo

 

Entendemos que esta reacción de las autoridades supone una defensa de los bienes y actividades de las empresas trasnacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont, que controlan el proyecto minero Agua Rica, y recientemente realizaron numerosas acciones buscando legitimación social para iniciar la explotación del yacimiento, la cual no pueden lograr.

Más allá de la falta de certezas, sabemos que a pesar de  11 años de reclamar por la defensa del agua,  la población de Andalgalá es sometida a múltiples violencias, fundamentalmente la amenaza de falta de agua para la vida. La democracia Argentina está en deuda con Andalgalá, y las tensiones y contradicciones generadas por la imposición de un modelo deben ser resueltas ante todo con respeto a los derechos de los pueblos. La licencia social no se gana con engaños ni con represión, la licencia social es parte de la inclusión de la población en sus propios proyectos territoriales, de manera autónoma y con sus propios horizontes de desarrollo local.

 

 

Adrogué, 13 de abril de 2021

 

Sr. Gobernador de la

Provincia de Catamarca

Lic. Raúl Jalil

S                /                D

 

Por la presente expresamos nuestra profunda preocupación por el respeto de los Derechos de los habitantes de Andalgalá, a partir de las detenciones arbitrarias realizadas el día de ayer por la policía provincial a personas pertenecientes a la Asamblea El Algarrobo, así como nuestra expresa solicitud para detener la exploración avanzada del yacimiento Agua Rica.

Desde hace años nuestra organización expresa su solidaridad con el reclamo del pueblo de Andalgalá en contra de la explotación del antedicho yacimiento. Recientemente, luego del ingreso de máquinas perforadoras al Cerro Aconquija, sumadas a una fuerte presencia policial,  se generó, tanto entre los pobladores locales como entre una amplia red de organizaciones locales, nacionales e internacionales, una alerta máxima.

Entendemos que la presencia de dicha maquinaria se corresponde con  la autorización por parte del Ministerio de Minería de Catamarca (Res. 310/2020) del Plan de Exploración Avanzada presentado por la empresa minera Yamana Gold, desconociendo la aplicación de la Ley Nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, la Ley General del Ambiente, el art 41 de la Constitución Nacional, así como Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22), en esta línea los art. 1.1 y 1.2 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) y del de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), los que garantizan el derecho a la autodeterminación de los Pueblos, es la potestad que las poblaciones poseen a autodeterminarse para decidir cuál va a ser su modo de vida en el ambiente que viven y su desarrollo económico local, como hoy lo hacen las poblaciones de la Provincia.

Esta exploración pone en riesgo la naciente del río Minas que alimenta a la población local. Nos encontramos frente a una vulneración de los derechos humanos considerados en su interdependencia e indivisibilidad: el derecho al ambiente sano, a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y la libre determinación, entre otros, afectando la vida de la población presente y de las futuras generaciones.

El pueblo de Andalgalá no ha cesado de reclamar de manera pacífica por su legítimo derecho a la vida y a la salud a través del agua, durante los últimos 11 años, hemos realizado numerosas acciones de apoyo, constatando una y otra vez la veracidad  y justicia del reclamo que no es atendido en instancias nacionales. Los conflictos por el agua serán fundantes del siglo XXI y debemos abordarlos de una manera integrada y pluralista.

Luego de la manifestación del sábado, donde resultaron incendiadas las oficinas de la empresa Agua Rica, resulta llamativo el accionar policial el día de ayer, que bajo la orden del juez Rodolfo Cecenarro y la fiscal Soledad Rodríguez,  realizó allanamientos y detuvo a 7 personas, siendo desconocido por nosotras al momento de escribir esta nota, el paradero, estado de salud y causa de detención de los asambleístas.

Resulta extremadamente preocupante que luego de una movilización de 11 años y 584 caminatas por la vida, la respuesta estatal sea la criminalización de la protesta y las expresiones de disenso en marco de un sistema democrático, dando prioridad a las empresas trasnacionales ante las poblaciones locales, actuando a destiempo y sin fines preventivos.

 

Por todo lo antes expuesto, nuevamente exigimos la inmediata liberación de las personas detenidas y el cese del hostigamiento a los y las defensoras del agua. Asimismo, solicitamos que se detengan las acciones de exploración por resultar no solamente ilegítimas, contrarias a lo manifestado desde hace más de un decenio por el pueblo de Andalgalá, sino también ilegales.

 

Natalia Salvatico

Presidente

Fundación Amigos de la Tierra Argentina

 

 

Principios para una recuperación con justicia ambiental, social, de género y económica

Ante la parálisis productiva y el desconcierto social, perteneciendo a un sistema que prioriza el lucro por encima de los derechos de los pueblos, el ambiente y los sistemas democráticos, nos resultó esencial aunar voces de todos los continentes, reflexionar, debatir y proponer soluciones enmarcadas en la recuperación, construida sobre las bases de la justicia ambiental, social, de género y económica.

Estas propuestas  fueron elaboradas de manera colectiva con aportes de grupos y estructuras de Amigos de la Tierra Internacional, una federación de organizaciones presente en los 5 continentes, con 73 grupos miembros, y de la participamos desde Amigxs de la Tierra Argentina.

Marcha por el Clima, durante la COP25 en Madrid, España 2019 © Babawale Obayanju, ERA-Amigos de la Tierra Nigeria

 

Consideramos que para  hacerle frente a todos los impactos derivados de la crisis actual del COVID-19, es urgente y necesaria una  recuperación justa; centrada en el bienestar de  los pueblos y el planeta y que también contribuya a solucionar las otras crisis sistémicas subyacentes. Se proponen cuatro principios:

  1. Abandonar el neoliberalismo y la austeridad para adoptar políticas y medidas inmediatas basadas en  la justicia, reconociendo los límites ecológicos.
  1. Las medidas de recuperación deben fundarse  en la cooperación multilateral y la solidaridad  internacionalista y potenciarlas.
  1. Construir y fortalecer la democracia y garantizar la  realización de los derechos humanos y de los pueblos.
  1. Los gobiernos tienen que responder a las múltiples  crisis sistémicas -de la pandemia, desigualdad,  climática, de la alimentación y biodiversidad, y  de los cuidados- y a sus causas estructurales,  proponiéndole una agenda transformadora de  cambio de sistema.

 

La recuperación justa de ninguna manera puede significar volver a lo que se consideraba normalidad antes de  la crisis del COVID-19, ya que tal “normalidad” fue precisamente el origen de esta crisis y de sus impactos. Nuestras sociedades han sido estructuradas  por sistemas de opresión (patriarcado, racismo, clase,  neocolonialismo, imperialismo, heteronormatividad) con  profundas injusticias ambientales, sociales, de género y  económicas, y una nociva concentración del poder y los bienes comunes.

Este es el momento de reconstruir nuestras sociedades y un nuevo tipo de economía fundada en otros paradigmas que prioricen la sustentabilidad de la vida, la realización de los derechos de los pueblos y la justicia de género. Pensar un futuro colectivo y cooperativo es necesario para las sociedades fundadas y las que siempre estuvieron al margen.

Lxs invitamos a leer el documento entero, que es de distribución libre y gratuita :  Recuperación Justa

Mujeres defensoras del agua de las montañas en Argentina

Desde los cortes de ruta al pie del Cerro hace más de una década, la defensa de las fuentes de agua en los Andes sigue vigente hasta hoy, cuando la minería a cielo abierto se presenta como una solución a esta nueva crisis que enfrentamos. En esta lucha contra las corporaciones, la labor de las mujeres es indispensable y muchas veces anónima. Nos permitimos un recorrido por tres provincias para replicar voces de las guardianas del agua.

La minería es como una moneda que refleja en una de sus caras el extractivismo, y en la otra  el capitalismo neoliberal,  con las que paga un modelo de desarrollo insustentable al que suele llamarse vulgarmente “progreso”, enmarcado por un mercado omnipresente que garantiza la impunidad y el beneficio de las corporaciones transnacionales y las élites económicas, mientras amenaza los derechos de los pueblos y la naturaleza. Los gobiernos supeditan las políticas públicas a este contexto, vulnerando entre otros el derecho al agua que es también un derecho colectivo y se vincula íntimamente con los procesos comunitarios y la defensa de los territorios y los bienes comunes.

En la provincia de San Juan existe Jachal, un departamento situado al norte de la provincia y al este del emprendimiento Veladero, una mina a cielo abierto que explota oro y plata. Allí funcionaba el grupo  Madres  Jachaleras, un grupo de mujeres que comienza a luchar en el año 2002, cuando se hace presente la minería en la comunidad consultando acerca de la opinión sobre el cuidado del medio ambiente, a pesar de que estaba instalada desde 1996 sin consulta previa.

“La promesa del progreso era el sueño de todos, porque no habíamos visto con nuestros propios ojos el impacto de la minería” afirma María José, miembro del grupo. “Cuando nosotros salimos casa por casa a levantar firmas, la minera iba detrás nuestro con los televisores, los dvd y el cd (…) llevan asistentes sociales, contratan psicólogos, los visitan en la casa…para convencerlos de que está todo bien (…) es un despliegue impresionante… nosotros íbamos en bicicleta y ellos iban en unos autazos, a la gente le daba risa.”

En una zona semidesértica, el único río con el que contaba la población era el Río Jachal, y fue destruido por la minera. Primero se contaminó el agua, después comenzó a escasear el agua, y finalmente se han contaminado las napas. La denuncia de María José se remonta al año 2013, pero en los años 2015, 2016 y 2019 ocurrieron derrames de miles de litros de líquido contaminante a la fuente, lo que sigue empeorando la situación hasta hoy, y con total impunidad de la minera trasnacional  Barrick Gold, a cargo de la explotación del yacimiento. Desde enero de este año, la Asamblea Jachal No se Toca, herederas de la iniciativa de las Madres Jachalleras, reclama que el sistema de distribución domiciliaria que trae agua del río, contiene mercurio y otros residuos peligrosos[i].

Al norte de Jachal se encuentra la provincia de La Rioja. Allí en 2012, se inicia un corte de ruta  para impedir el paso de los camiones mineros hacia el cerro Famatina.  En el campamento, emplazado en las afueras de Alto Carrizal, el poblado más cercano al pie del cerro, un nutrido grupo de vecines y activistas mantenían el bloqueo  de manera colectiva.  Muches visitamos este espacio por ese entonces.  Cuando llegamos,  recibimos nuestra asignación de tareas, entre ellas la guardia de la medianoche en una casilla al lado del camino donde estaba la barrera , en la que siempre había un grupo de personas en vigilia. En ese espacio conocimos a María Luisa “muñeca”, a Daniela, a María Eugenia  y  muchas otras mujeres de todas las edades haciendo guardia a la par de los varones por el agua de su pueblo, entre risas pero con solemnidad, nos compartieron historias de lucha y de orgullo por su tierra. “Los cerros son nuestros, es del pueblo, y nosotros no queremos que lo exploten, es nuestro, es como si fuese nuestro hijo. Yo cuando dijeron que lo iban a explotar en 2006 ya me puse loca (…) no todos tienen esa posibilidad de tener una belleza como tenemos nosotros”[ii]

En La Rioja la minera no pasó esa vez, y luego tampoco.  Hasta 2018 la comunidad al pie del Famatina rechazó la instalación de 5 empresas mineras.

Pero la disputa por el territorio nunca se termina porque las comunidades viven sobre montañas que albergan enormes riquezas y son asediadas por el poder económico.

Luego muchos intentos y no pocos fracasos, las corporaciones transnacionales despliegan novedosas estrategias de legitimación, una de esas es su autodenominado rol fundamental en la economía, mediante el cual derramarían  riqueza para la recuperación de nuestro país luego de la crisis del COVID. Mientras esto dicen, las empresas mineras siguen funcionando en pleno aislamiento de cuarentena como “actividad esencial” y dispersan el virus en las poblaciones andinas, cómo ocurrió en Catamarca. Dice Silvina, de la Asamblea el Algarrobo de esa provincia: “Nosotros pensamos que la actividad minera no es esencial. De hecho los primeros casos de COVID en Catamarca fueron empleados mineros y consideramos desde la asamblea que el agua es esencial, no la actividad minera.”

Catamarca es la provincia al norte de La Rioja y allí encontramos a Andalgalá, una pequeña ciudad en la falda del Cerro Aconquija, en la que habitan 20.000 habitantes. Andalgalá  padece hace 20 años la explotación minera y sin embargo es una de las zonas más empobrecidas de la del país. En 1995 se otorga la concesión de yacimientos Mineros agua de Dionisio a Minera Alumbrera. El proyecto “Bajo La Alumbrera” es la mina en  funcionamiento más grande de Argentina. Tiene denuncias y causas penales en tres provincias por contaminación y violación de derechos. Luego de la instalación de este yacimiento, se sucedieron otros proyectos de mayor envergadura todos ubicados en el Aconquija.

Las poblaciones que resisten, padecen persecución ideológica y violencia institucional a través del uso de la fuerza policial contra las comunidades. Las mujeres denuncian que están expuestas no sólo el riesgo de ser defensoras del agua, sino al escarnio público del patriarcado. Una participante de un grupo feminista de la provincia denuncia “hablando con las mujeres vemos que se puede llegar a algo, pero va a ser un conflicto tremendo, y es exponerlas más de lo que ya están expuestas”

Una mujer agricultora de Andalgalá, cuya identidad prefiere preservar, nos dice: “La vida la garantizamos los pueblos, con nuestro cuerpo y con organización y con el trabajo diario función del alimento, función de la vida. Y cada vez se hace más difícil, hay cada vez más poblaciones en jaque por estos intereses. El pueblo sale a caminar todos los sábados desde hace más de 11 años en contra de la minería a cielo abierto y en defensa del agua. Milita la causa en su cotidianeidad, todos los días, y eso se va inculcando en nuevas generaciones de niños y niñas que lo incorporan.”

La disputa con la minería no es sólo por el agua, es sobre el modelo de desarrollo que encarna, el tan inasible “progreso”.  Para indagar en estos imaginarios, en 2020 entrevistamos a habitantes de la Cuenca del Salar del Pipanaco, en la provincia de Catamarca. Hablamos del agua y de sus proyectos de vida. Nos hablaron de resistencias, de la dignidad humilde y se preguntan: “¿Cómo no vamos a luchar? ¿No secamos junto a la Tierra?”

Una mujer productora y tejedora campesina, al preguntarle sobre su visión del desarrollo contesta: “la vivienda en primer lugar, tendría que haber mucho más desarrollo en las cosas más importantes más necesarias”. Para los campesines, el vínculo de la agricultura con el agua es esencial. “La conciencia de que toda el agua está relacionada y que conecta los pueblos, puedo decir que sí está, por qué los productores y la gente que habita los territorios, así lo ve.”

Para las agricultoras, “tenemos que pensar en un desarrollo inclusivo en un desarrollo en relación, un desarrollo integral, un desarrollo mirado desde las comunidades, que quizás ya lo estamos haciendo… Es lo que se ve, es lo que está”.

En Los Andes se habla de comunitarismo, y las comunidades se aglutinan en torno al agua.

“No se puede poseer ese algo sin dueño” dice la poesía de la Reina Mora qué leyó Rosa, integrante de la Asamblea el Algarrobo, en el primer Encuentro Latinoamericano por el Agua realizado en la ciudad de Catamarca en 2018.  Miles son las guardianas del agua, y no se encuentran sólo en la montaña: la “madre de todas las batallas”,  Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo,  a los 87 años  viajó a Catamarca y se dirigió a la multitud que asistió al Encuentro con estas palabras: “Toda la lucha nuestra es puro compromiso, si no sale de adentro, no vale (…) hoy venimos a defender el agua (…) primero vinieron por nuestros hijos e hijas ahora vienen por el agua” “A la protesta hay que transformarla en propuesta. Que nadie diga estoy cansado” dice una luchadora incansable;  y con su ejemplo contagia todes les demás, porque el agua no se vende ¡se defiende!

 

*Texto realizado por Natalia Salvático para www.capiremov.org 

[i] https://noalamina.org/argentina/san-juan/item/44832-san-juan-denuncian-falta-de-agua-potable-en-jachal-y-contaminacion-por-la-megamineria

[ii] https://www.youtube.com/watch?v=sZEb6T_A7zs&t=1494s

 

21 de marzo: Día Internacional de los Bosques. Es hora de cambios estructurales.

En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de los Bosques, siendo 2013 el primer año en celebrarlo oficialmente.

Esto a la luz de la acelerada perdida de bosques en todo el mundo. La organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha determino que desde 1990 se han perdido 420 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo. Una superficie cercana al doble del territorio continental de la Argentina.

Entre los 10 países que más han destruido sus bosques en este periodo se encuentra la Argentina. Aunque los desmontes han sido intensos durante casi todo el siglo 20, en su última década y en las primeras del siglo XXI, la trasformación de bosques en cultivos y pasturas se aceleró.

El paquete tecnológico, integrado por cultivos transgénicos (principalmente soja) agrotóxicos, y una mayor tecnificación basada en combustibles fósiles, ha protagonizado este proceso de perdida de bosques.

Luego de un fuerte activismo socio ambiental, protagonizado por las organizaciones campesinas e indígenas, se sancionaron las leyes de Bosques (N⁰26331) y de territorios indígenas (N⁰26160). Si bien ambas muy importantes para poner coto a el acaparamiento y destrucción intensiva por parte de sector agroindustrial, han sido totalmente insuficientes para asegurar la continuidad de las grandes masas de bosques nativos y los derechos de los pueblos que en el viven.

Luego de 15 años de recorrido de ambas leyes, el paradigma debe cambiar. Una década y media es tiempo suficiente para obtener lecciones importantes. Desde Amigos de la Tierra entendemos que es momento de prohibir totalmente los desmontes y dar carácter permanente a las salvaguardas temporales declaradas en la ley 26160 para los territorios indígenas.

Debemos pasar de un enfoque de discusión del ordenamiento territorial que pretende establecer la convivencia del modelo extractivista con áreas de conservación, a uno basado en objetivos de transición hacia la agroecología de los establecimientos dedicados a monocultivos, a la vez que se priorizan zonas de restauración y se fortalece la gestión comunitaria de los bosques de las comunidades indígenas y campesinas.

Los impactos sociales de la perdida de los servicios ecosistémicos que los bosques brindan, están a la vista de toda la sociedad; sequias e inundaciones más frecuentes e intensas, pandemias, desplazamientos de poblaciones humanas, perdida de productos forestales no madereros y posibilidades de desarrollo a escala local.

Es hora de asegurar los derechos de quien habitan en los bosques y salvaguardar los servicios ecosistémicos que los bosques brindan a toda la sociedad, es hora de parar totalmente los desmontes, fortalecer la gestión comunitaria y comenzar la restauración de los bosques destruidos y degradados.

Es hora de cambios estructurales para salvar los bosques nativos de la Argentina.

 

Análisis del proceso de construcción de las propuestas nacionales para la lucha contra el cambio climático

El informe “Análisis y panorama de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional en Argentina” es un documento de análisis del proceso de construcción de las propuestas nacionales para la lucha contra el cambio climático, en el marco de los acuerdos internacionales de reducción de emisiones. Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional son un conjunto de medidas cuantificables para alcanzar el objetivo meta de Argentina, que al año 2030 pretende no exceder un total de emisiones de 483 millones de toneladas de CO2eq (huella de carbono).

 

 

En su primer parte el documento realiza una descripción sobre el proceso de conformación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, el estado de situación de cada sector económico y productivo en la generación de emisiones, las propuestas sectoriales en metas de reducción de CO2eq. En la segunda parte, el documento realiza una evaluación y análisis crítico de la evolución de los compromisos de reducción, y un análisis sobre los procesos participativos y la incidencia de las voces de las organizaciones ecologistas y la sociedad civil.

 

Resumen del documento:
Capítulo 1. Recorrido por el proceso de elaboración de las contribuciones determinadas a nivel nacional en Argentina.
Capítulo 2. Estado de situación y emisión por sectores. Metas de reducción de emisiones de acuerdo a los planes de acción sectoriales (Energía, Bosques, Transporte, Industria, Agricultura y ganadería, Infraestructura y territorio).
Capítulo 3. Evaluación por sector del cumplimiento de las metas de reducción y mitigación. Análisis de procesos en marcha y falsas soluciones.
Capítulo 4. Análisis de los procesos de participación ciudadana y alternativas desde los pueblos.

Lee aquí el Informe NDC

Acuerdo UE -MERCOSUR: la voz de los sindicatos

por María Mercedes Gould. 

El acuerdo UE – Mercosur se negoció durante largos 20 años. Sin embargo, bajo el gobierno de Mauricio Macri se cerró un preacuerdo en 6 meses bajo negociaciones poco transparentes, sin estudios de impacto oficiales y con una gran falta de información pública. Este acuerdo de esencia colonial, debilitaría a los estados del Mercosur y sus democracias desde lo económico, laboral, comercial,  social y ambiental.
En las últimas conversaciones que mantuvieron Alberto Fernandez (actual presidente pro tempore del Mercosur) con el Primer Ministro de Portugal Antonio Costa se visibilizan intenciones de apresurar la ratificación de este acuerdo y la situación se torna cada vez más preocupante para nuestra región
En esta ocasión, analizaremos las consecuencias que esto conlleva en el mundo laboral y para eso dialogamos con Gonzalo Manzullo, Director de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma Nacional y Delegado titular por la CTA Autónoma en el Foro Consultivo Económico y Social (FCES) del MERCOSUR, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y la Red Sindical del Sur Global (SIGTUR)

 -Según la cláusula de bilateralidad cuyo consenso fue firmado en la cumbre del Mercosur del 2019 si el parlamento europeo aprueba el acuerdo, solo necesitaría que un país del Mercosur lo apruebe sin la necesidad de lograr primero la ratificación parlamentaria de los restantes países del bloque para que entre en vigor provisionalmente… ¿Esto incluye sólo el pilar comercial? ¿Los países que no hayan firmado tienen herramientas legales para no participar de un acuerdo sin sus procesos democráticos correspondientes?

Este es uno de los puntos más preocupantes. Hay que recordar que la idea de esta cláusula de bilateralidad aparece casi inmediatamente luego del anuncio con bombos y platillos de la supuesta firma del acuerdo durante la presidencia de Mauricio Macri. La verdad es que todavía no podemos decir que esa idea fue desestimada. En su momento se anunció y nos fue comunicado por parte del gobierno argentino como un acuerdo sostenido por los países del bloque Mercosur para justamente poner en marcha el acuerdo con la sola aprobación de uno de los países del bloque. Pensemos por un segundo lo que significa esto: primero que nada dinamita el propio bloque Mercosur porque esto va en contra de sus normas firmantes y de su propio espíritu y de lo que busca construir desde hace tantos años. Pero además generaría una competencia. Por ejemplo, suponiendo que Brasil firma, todo los demás países del bloque deben firmar porque sino quedan en inferioridad de condiciones y empieza una disputa específicamente con lo que tiene que ver con lo comercial. Sólo por mencionar un aspecto, que es realmente muy claro: las cuotas de exportación de carnes del bloque Mercosur no habían sido acordadas cuando se anunció la firma del acuerdo. Es decir, no estaba claro cómo se distribuirían esas cuotas. En esta línea, imaginemos qué pasaría si un sólo país del bloque firma el acuerdo y  lo pone en marcha mientras que los otros no. Esa competencia a la baja destruiría el Mercosur, además de los impactos que ya pone el propio acuerdo inicialmente. 

Hay una idea que viene circulando el último año por parte de la Unión Europea sobre el hecho de que se firme un acuerdo comercial dividiéndolo de los pilares político y de cooperación. No se sabe si va a ser una propuesta que tenga acuerdo para ser llevada adelante pero permitiría un trámite más veloz del bloque de la Unión Europea aprobando solamente el pilar comercial y dejando de lado los otros dos.

La verdad es que todavía no podemos decir que esto sea una voluntad manifiesta pero sí aparecen signos desde la Presidencia del Consejo Europeo en manos del gobierno portugués de avanzar fuertemente con la ratificación de una vez por todas del acuerdo. Así se ha visto, por ejemplo, producto de la comunicación oficial que el gobierno argentino mantuvo con el gobierno portugués hace unas pocas horas donde se reafirma la voluntad de avanzar a fondo con la ratificación del acuerdo. 

Específicamente sobre las herramientas legales que tendrían los países que no lo hayan firmado para participar son muy pocas, dejando un delgado margen de acción. El acuerdo si bien en algunos puntos técnicos específicos no está terminado, pone sobre las espaldas de los países del bloque Mercosur un nivel de obligatoriedad del cual es muy difícil salir. Únicamente queda la posibilidad de no aprobar en el momento en que eso se tramite a través de los Congresos nacionales. Pero sabemos que incluso los gobiernos de corte progresista y popular han quedado aprisionados por este texto ya alcanzado y no se ven grandes perspectivas de una coalición dentro de los congresos nacionales del bloque Mercosur que pueda echar por la borda este acuerdo. 

– Si bien el acuerdo aún no está firmado, las relaciones asimétricas en torno a lo comercial se manifestaron fuertemente en estos últimos 20 años. El Mercosur se ha especializado en la producción y exportación de productos agrícolas mientras que la Unión Europea exportó hacia Mercosur principalmente productos con contenido tecnológico medio y alto repitiendo el esquema colonial. Si el acuerdo finalmente se aprobara… ¿Se profundizarían esas asimetrías o habría más regulación? 

Hay a las claras una asimetría entre ambos bloques porque hay diferencias en las estructuras económicas y productivas; una diferente inserción en las cadenas globales de valor: mientras que del lado del bloque europeo vemos una mayor especialización de bienes de alto valor agregado, industriales y con complementariedades productivas al interior del bloque del lado del Mercosur esto no se ha alcanzado. Vemos más bien una especialización en materias primas y no hay tanto desarrollo del comercio interbloque, salvando algunas industrias particulares. La capacidad productiva de la Unión Europea si no se hubiera firmado ningún acuerdo al día de hoy ya es, de todas maneras, cuatro veces mayor que la del Mercosur. Estos son números y apreciaciones desde antes de que se produjera la pandemia, imaginemos cómo puede llegar a ser hoy con los retrocesos en el crecimiento de las economías a nivel global. 

La Unión Europea ya es uno de los principales socios del bloque Mercosur pero el acuerdo que se propone por la desregulación que implica en algunos ámbitos como en el sector de servicios, o las reglas sumamente flexibles de origen que se proponen que permitirían triangulación de productos, fomentan una competencia totalmente desequilibrada donde principalmente el Mercosur va a perder muchos de los puestos de trabajo industriales que tiene que ya son incipientes y se va a profundizar esta especialización productiva de la que intentamos desembarazarnos que es la especialización en materias primas y commodities. Es decir, lo único que va a fomentar este acuerdo es la reprimarización y la profundización del modelo que ya existe.

Este es un acuerdo a la medida del bloque de la Unión Europea pero a su vez, si lo ponemos en perspectiva, también lo es de las grandes compañías transnacionales que hace mucho tiempo vienen incidiendo en los nuevos acuerdos comerciales y en las agendas de inversión para aumentar sus ganancias y su incidencia. Recordemos que el acuerdo UE – Mercosur no ofrece tampoco cláusulas de protección a la industria naciente, no garantiza procesos de transferencia tecnológica o ayuda a las pymes del Mercosur, y tampoco y esto es muy importante, como lo hemos remarcado en una declaración que salió hace algunas horas de parte de la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur y la Confederación Europea de Sindicatos en torno al acuerdo que no garantiza ningún tipo de medida concreta para el respeto de las normas internacionales del trabajo. Por eso decía que está hecho a la medida de un mundo tallado por arquitectura de la impunidad empresarial.

– Siguiendo los análisis de impacto realizados por colectivos de especialistas, la aprobación de este acuerdo para nuestra región implicaría una reprimarización de la economía que llevaría a una gran desindustrialización. En este sentido, sabiendo que no hay estudios de impacto oficiales por parte de los bloques negociadores… ¿Hay estadísticas o tendencias de cuáles sectores se verán más perjudicados y de qué manera? 

Por supuesto que la ausencia de estudios de impacto exhaustivos profundos es uno de los principales problemas que hemos marcado, porque no hay por ninguno de los dos bloques estudios de este tipo. Sin embargo, en base a lo que conocemos del acuerdo y lo que sabemos de las estructuras productivas de ambos bloques, podemos ver sectores que se verán particularmente afectados como, por ejemplo, el sector de autopartes y automotriz por la liberación que se prevé en el comercio de esos bienes. Es decir, nos veremos inundados de esos bienes relacionados con la industria automotriz provenientes de la Unión Europea que destruirán a  su vez cadenas de valor regionales que fueron construidas con mucho trabajo y a lo largo de mucho tiempo a nivel del Mercosur afectando principalmente a Brasil y a Argentina.

En el caso de los bienes agrícolas podemos decir que se pueden prever dos escenarios: Por un lado que la liberalización para el ingreso de estos productos desde el Mercosur hacia el mercado de la Unión Europea es uno de los pocos aspectos positivos del acuerdo en términos de intercambio comercial, aunque profundizará, como decíamos antes, la primarización de nuestras economías. Pero por otro lado, no debemos descartar que como lo viene haciendo desde hace tanto tiempo la Unión Europea, mantenga barreras arancelarias y fitosanitarias que dificulten el ingreso en el único sector que podría verse mínimamente beneficiado por el acuerdo.

También podemos mencionar que a través de las reglas de origen y de certificación de los productos que circulan en el texto del acuerdo (que conocemos debido al amplio secretismo que ha reinado y a la falta de consulta de los actores productivos, principalmente los sindicatos a ambos lados del océano) podemos decir que las reglas de origen son bastante flexibles, lo que permite la triangulación de productos desde otras regiones para luego ser comercializadas desde la Unión Europea hacia el bloque Mercosur. Incluso, hay cláusulas desde la Unión Europea que permiten la autocertificación, es decir, un exportador es quien certifica el origen de su propio producto exportado; digamos algo que parece visto una locura de este lado porque las reglas de origen que mantiene el Mercosur son bastante más rígidas y elevadas.

En cuanto al tema servicios se propone una liberalización que no es claro, por lo menos al día de hoy, el impacto que tendrá en sectores específicos pero podemos pensar en las telecomunicaciones, en principio, y en ningún caso la experiencia nos demuestra que la desregulación y la liberalización que se proponen en estos acuerdos haya sido beneficiosa para los consumidores y en particular para los pueblos.

Otro de los puntos que aún genera ciertas dudas es lo negociado en torno al tema propiedad intelectual y patentes que podría ser importante y perjudicial desde las industrias farmacéuticas, por ejemplo, de este lado del océano y también, me parece importante resaltar el problema de la liberalización que se propone en las compras públicas en todos los niveles, erosionando el poder de compra de los estados y permitiendo que empresas de la Unión Europea participen en las licitaciones de las compras públicas del Mercosur

Luego, como decía antes, tampoco hay cláusulas de transferencia tecnológica ni de protección para las industrias nacientes del Mercosur ni apoyo para las pymes que son motor del empleo, por lo menos, en nuestro país. 

– Teniendo en cuenta que las estructuras de construcción política en el Mercosur se encuentran debilitadas y con poco contenido… ¿De qué manera se articulan los sindicatos de trabajadores en el Mercosur para hacer frente a este acuerdo?

Bueno, creo que durante los últimos años se ha evidenciado no solo de parte del gobierno argentino con la presidencia de Mauricio Macri, sino también con un clima de época que azotó a la región con el ascenso de varios gobiernos neoliberales pero también de derecha, una desaceleración del Mercosur como instancia de articulación y verdadera integración no sólo en términos económicos y comerciales, sino también político, cultural y social. Hay órganos e instancias de participación social que se han construido gracias a la presión de organizaciones sindicales y actores de la sociedad civil que lamentablemente se han visto vaciados de contenido, pero a su vez, son presa de las intenciones de reforma institucional del Mercosur que buscan achicar la estructura del Mercosur y con el pretexto de “darle una mayor agilidad y un mejor funcionamiento” buscan quitar presupuesto o directamente eliminar algunas instancias de participación y de consulta con la sociedad. Desde el sector sindical, nuestra CTA – Autónoma participa del Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur que es un órgano institucional, parte de Mercosur, donde está nucleada la sociedad civil de cada uno de los estados, incluyendo el sector empresarial, el sindical y el tercer sector de cooperativas y organizaciones en general de la sociedad civil. También participamos fuertemente de lo que son los organismos socio-laborales del Mercosur. Desde todos estos ámbitos hemos visto como paulatinamente han intentado vaciar el contenido del Mercosur en la medida de que al mismo tiempo se ha desacelerado

Es necesario, recuperar el Mercosur no solamente como un mercado sino en el sentido de una integración regional profunda, verdadera, que es lo que puede garantizar un bienestar para nuestros pueblos. En este sentido, esta es una más de las instancias y bloques regionales que debemos recuperar. En un momento en que no hay dudas de que nadie se salva solo y a la luz de los impactos de la pandemia en un mundo totalmente globalizado e interconectado no podemos vivir aislados. Se trata en todo caso de mantener nuestra autonomía estratégica siempre desde una perspectiva de integración. 

Desde ese lugar es que los sindicatos nucleados en la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur venimos empujando por fortalecer el Mercosur, por vitalizarlo,  por no abandonar los espacios y por fomentar una integración sustantiva a nivel regional. Creo que en esta etapa es  donde está clara la voluntad, así como algunos  estados de la Unión Europea en principio se habían opuesto al texto tal cual como está (aunque están abiertos a tramitarlo rápidamente con algunos protocolos), hay otros, como la presidencia portuguesa, que buscan acelerar rápidamente la ratificación porque sino sería también una derrota diplomática luego del anuncio con bombos y platillos de la firma del mismo. Creo que es una etapa de fortalecer nuestras alianzas, no sólo entre sindicatos de la región, sino también con las organizaciones de la sociedad civil en general, con los actores productivos, a ambos lados del atlántico, para dejar en claro que este acuerdo tal como está en el mundo en el que vivimos y dadas las asimetrías entre ambos bloques lo rechazamos

No es posible un acuerdo sin la consulta de los actores productivos. No es posible un acuerdo basado en el secretismo.  No es posible un acuerdo donde sindicatos y actores productivos no participen del monitoreo de la implementación de aquello que se firme. No es posible un acuerdo que no respete el desarrollo sostenible, sustentable y las normas internacionales del trabajo.

Creemos que no se trata de oponerse a todo tipo de acuerdo sino de dejar en claro que queremos un modelo productivo que sea sustentable y que sea en beneficio de las grandes mayorías y que para eso cualquier acuerdo de asociación no puede ser un mero acuerdo de libre comercio y desregulación. Debe ser ante todo, producto de un debate abierto, democrático donde todos los actores productivos y todas las organizaciones de la sociedad civil tengamos voz y seamos consultados. 

El Aborto Legal se convierte en Ley en Argentina, garantizando el derecho a decidir y la autonomía de las mujeres y disidencias

Somos partícipes de una enorme revolución. La llaman la revolución de las hijas, pero sabemos que se construyó generación tras generación de lucha de  mujeres que pusieron sus cuerpos, sus ideas y sus convicciones para construir un mundo más justo para todes.  Desde ayer en Argentina estamos más cerca del ejercicio pleno de la autonomía de nuestros cuerpos. Desde ayer estamos en un país un poco más justo, que ha saldado una de las deudas históricas de la democracia, especialmente con las personas con  capacidad de gestar.

Desde ayer, el aborto es un derecho en nuestro país y somos conscientes que no sólo es una cuestión de salud pública sino también de justicia social. Hemos ganado una de las batallas contra el patriarcado, que nos impedía decidir y planificar nuestras vidas, ubicándonos a las mujeres en un rol social de meras reproductoras de vida y encargadas de los cuidados. El Estado no nos empujará más a la clandestinidad, ni nos penalizará por decidir sobre nuestros cuerpos sometidos a la violencia estructural e histórica. 

Como mujeres ecologistas, entendemos que defender la vida no consiste en obligar a maternidades forzadas, sino que todas y todos puedan desarrollar una vida plena en dignidad, habitando un territorio propio y sano.  Para desarrollar esta vida plena y en dignidad, es necesario abolir la matriz de la opresión que sufrimos al mismo tiempo que la naturaleza, la cual es profundamente patriarcal. 

Con el poder de decidir que estamos conquistando las mujeres en el sur del Sur, a través de la  organización popular, de la construcción de otras formas de hacer política y de la lucha incansable, el patriarcado se resquebraja un poco, para que podamos derribarlo y construir otros mundos posibles, donde la violencia y la injusticia no tengan lugar.

El movimiento feminista ha inundado todos los espacios. La marea verde nos hace sentirnos acompañadas y poderosas, nos hace florecer el compañerismo.  Verde es un color que amamos de doble manera.  Este día es bisagra en Argentina y sabemos que el pañuelo verde ya recorre todo el continente, dando esperanza a más mujeres que siempre contarán con la sororidad internacionalista de sus hermanas. Como resuenan las voces de los cantares populares, esos que se escuchan en las calles, en la lucha y en el movimiento: América Latina va a ser toda feminista!

 

 

Acuerdo UNIÓN EUROPEA – MERCOSUR. Impactos en los derechos colectivos de los pueblos

La ratificación del acuerdo entre la UE y el MERCOSUR conllevaría graves consecuencias ambientales, sociales y económicas para nuestra región. En eso coincidieron los oradores del conversatorio “Acuerdo UE – MERCOSUR. Impactos en los derechos colectivos de los pueblos” organizado por Amigxs de la Tierra en el marco de la semana de acción de la Jornada Continental por la Democracia y en contra del Neoliberalismo.

Gonzalo Manzullo es desde el 2015 director de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores Autónoma de la Argentina (CTA-A) y Delegado titular por la misma central en el Foro Consultivo Económico y Social (FCES) del MERCOSUR, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y la Red Sindical del Sur Global (SIGTUR). En su exposición hizo eje en los aspectos laborales que la ratificación del acuerdo implicaría para la región: “No sólo estamos hablando de algunos impactos negativos en la industria sino que podríamos hablar de poner en riesgo la supervivencia de muchos sectores industriales, empleos industriales, la destrucción de de puestos de trabajo. No tenemos mecanismos de protección para pymes, que en países como el nuestro son los principales creadores de puestos de trabajo”.

En cuanto a las incidencias ambientales del acuerdo, Natalia Salvático, educadora ambiental, Presidenta de la Fundación Amigxs de la Tierra Argentina y coordinadora del programa de Agua comentó: “No deja de ser llamativo que la cuestión ambiental sea la mayor objeción a un acuerdo netamente comercial, y que a primera vista, por el cumplimiento de las metas de la Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático y el escándalo de las quemas en el Amazonas, que eso sería lo que los medios hegemónicos y los gobiernos nos muestran como problema. Pero lo que decimos es, a no engañarnos, porque no es un acuerdo de protección del ambiente, sino que es claramente contradictorio con el cuidado de los territorios y fomenta el daño ambiental”.

Por último, Beverly Keene economista, coordinadora de Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina, y docente de la Cátedra Cultura de Paz y DDHH de la Facultad de Ciencias  Sociales de la Universidad de Buenos Aires llamó la atención sobre la cosificación de los pueblos en función de los intereses corporativos: “Estos acuerdos nos convierten a todos en consumidores, no somos más que eso, somos consumidores, somos objetos de las prácticas de las empresas transnacionales que van a operar bajo ese marco. Este acuerdo ha sido muy celebrado remarcando un comercio basado en normas, pero esas no son  las normativas del derecho humano, de protección de derechos laborales, de derechos ambientales… son las normas que protegen al capital”.

La inminente presidencia pro tempore de Argentina en Mercosur abre una posibilidad para que las organizaciones y movimientos sociales locales puedan lograr una mayor incidencia en el rechazo al acuerdo, “tenemos la necesidad, la obligación y la posibilidad de incidir con mayor fuerza” manifestó Beverly Keene. 

Podés ver el webinario completo haciendo clic aquí: https://youtu.be/5fHIOqkD5iw

UE-Mercosur: un acuerdo sobre la desigualdad

El acuerdo Unión Europea – Mercosur se negoció por 20 años. Sin embargo, bajo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri se cerró un preacuerdo en 6 meses, a través de negociaciones poco transparentes y con una enorme falta de información. Este tratado, tal como se encuentra actualmente, propicia las políticas extractivistas en América Latina, y por ende debilita las democracias que ya se encuentran bajo ataque en nuestro continente.

En Argentina, la tercera economía del cono sur, no sólo fue ratificado, sino impulsado fuertemente, sin existir estudios de impacto ni información pública. Los beneficiarios son sectores minoritarios que participan del comercio exterior, no las mayorías trabajadoras.

La asimetría entre el Mercosur y la Unión Europea es evidente. El presente acuerdo sólo profundiza las desigualdades entre ambos bloques, y no incentiva ni la industria nacional ni la del Mercosur. La gestión del gobierno actual, bajo la presidencia de Alberto Fernández  no ve con buenos ojos este tratado, debido justamente a su disparidad. La posición argentina en este escenario es clave, ya que el signo político de los demás miembros del Mercosur  ha virado a la derecha, lo que propicia las políticas neoliberales, entre las que se encuentra este tratado.

Es necesaria asimismo una articulación internacional con marcada solidaridad internacionalista, ya que estas asimetrías y doble estándar en materias como protección ambiental y DDHH entre los pueblos de Europa y América Latina no pueden ser validadas bajo la forma de un tratado comercial.

El 28 de junio de 2019, se anunció la conclusión de las negociaciones luego de dos décadas de idas, venidas, tensiones y negociaciones entre los dos bloques económicos. En la actualidad, uno de los ámbitos más destacados del debate sobre el tratado es el ambiental. Nunca antes el cuidado del ambiente había tenido un perfil tan alto en las negociaciones internacionales para tratados de libre comercio. Esto se materializó el miércoles 7 de octubre,  cuando los eurodiputados impugnaron el acuerdo presentado,  en una votación que presenta por primera vez cuál es la opinión mayoritaria en ese organismo, sin cuyo visto bueno no puede formalizarse el convenio comercial. El rechazo de los eurodiputados al acuerdo comercial no significa un veto al tratado, que aún no fue oficialmente sometido al Parlamento, pero sí muestra por primera vez que la mayoría de los legisladores europeos se resiste a la idea de aprobarlo. El eje de la impugnación al acuerdo fue la preocupación por el cambio climático, un tema que se ha vuelto central en el debate político europeo de los últimos años y que es una bandera levantada en alto por varios partidos[1]. Sin embargo, este no es su único lado oscuro.

El rechazo actual se centra en el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pero lo que se impugna es el mismo problema que tiene Argentina: los incendios forestales para la extensión de la frontera agroexportadora. El acuerdo,  es de por sí contradictorio con las políticas climáticas acordadas en París por los líderes mundiales y ratificada por nuestro país, y este cumplimiento es una condición del acuerdo comercial. Sin embargo,  no incluye mecanismos exigibles o sanciones por incumplimiento a la protección del monte nativo.

Además, la deforestación y el incumplimiento de las metas de reducción de emisiones,  no serían el único impacto ambiental: la liberalización del comercio en el clima implica múltiples efectos negativos, incluidas emisiones de gas metano, aumento del transporte y contaminación marítima, aumento de uso de agrotóxicos, etc.

A estos impactos se sumarían los económicos, laborales e industriales, dado que el acuerdo implica la reducción de la matriz productiva interna a favor de la apertura de importaciones en rubros clave para el sector productivo nacional.

Si bien la firma del acuerdo implica un grado de avance significativo hacia su concreción, aún es necesario dar el debate en el Congreso, y la dirigencia política del gobierno actual se ha pronunciado en contra antes de asumir sus funciones en 2019.

Por otro lado, el gobierno nacional ha impulsado, durante el contexto actual de crisis pandémica, una serie de medidas para la recuperación económica vinculadas a la protección al mercado interno, la promoción de la industria nacional y el control de retenciones, medidas que se contraponen a la lógica intervencionista del acuerdo por sobre la soberanía de las naciones del Mercosur.

La posición de Argentina en el contexto político regional es fundamental para frenar la ratificación de este acuerdo claramente dañino para nuestra región, dado que el resto de los países que componen el Mercosur ya han dado claras intenciones de acompañar la iniciativa europea. Organizaciones socioambientales de ambos bloques nos organizamos en contra de un acuerdo que no respete la integridad de nuestros territorios ni nuestros derechos democráticos a una vida digna.

[1]https://www.tiempoar.com.ar/nota/bolsonaro-eje-del-rechazo-europeo-al-acuerdo-ue-mercosur (consultada el 10/10/2020)