Saneamiento de la Cuenca Riachuelo: Evaluación del cumplimiento de ACUMAR

El jueves 15 de julio, en la Universidad de Lanús, se llevó a cabo una charla en donde el Cuerpo Colegiado recibió a un grupo de organizaciones que monitorean el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la remediación ambiental de esta Cuenca habitada por millones de bonaerenses y porteños.

Asistieron al encuentro representantes de varias decenas de organizaciones barriales que trabajan problemáticas ambientales en los 14 municipios de la Cuenca, ansiosos por intercambiar experiencias e informar al Cuerpo Colegiado sobre la realidad ambiental de sus lugares de procedencia.

La evaluación general con respecto al desempeño de la Autoridad de Cuenca fue mala, no constatándose avances significativos en el cumplimiento de la sentencia del Juzgado.

Se ansían posibilidades reales de participación, ya que el Consejo de Participación Social está desactivado en la actualidad. Se plantearon muchas dudas sobre el presupuesto de la institución y la subejecución del presupuesto de obras en curso.

Según participantes del Foro Hídrico de Lomas de Zamora, esa zona está afectada por la contaminación y la gran elevación de napas freáticas: “Se combaten las causas y no las consecuencias”, denuncian. Desde el Foro Hídrico de Lanús, se evaluó que, más allá de los incumplimientos al fallo, la instancia de participación de ese día se debía a la lucha de las organizaciones presentes, y muchas otras que faltaban.

Asimismo, se realizaron informes sobre el relevamiento de humedales urbanos como Santa Catalina y Laguna de Rocha, y se notificó la existencia de basurales en ellos, entre otras amenazas, como la venta de parte de la laguna de Santa Catalina a la empresa Covelia, o las dudas sobre el impacto ambiental de la planta depuradora El Jagüel en la zona de Rocha.

En La Matanza, las organizaciones afirman sentirse desplazadas por el Municipio, que toma algunas tareas de ACUMAR como propias. Se comentó que muchos de los basurales notificados como remediados sólo recibieron un tratamiento superficial, que hay graves dudas por los pozos de agua habilitados para consumo, que existen muchos problemas de ordenamiento territorial, y principalmente que se mantiene una extensa zona afectada por inundaciones que, en Laferrere, provocaron la muerte de un chico.

Desde el Cuerpo Colegiado, se informaron las siguientes conclusiones, “a dos años del histórico, trascendente y comprometido fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (…) se registran escasos avances en el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los gobiernos de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representados por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR):

  1. La obligación de información pública está parcialmente incumplida.
  2. El control de la contaminación industrial es escaso o inexistente.
  3. No se ha modificado la situación del Polo Petroquímico de Dock Sud.
  4. No se realizan los informes sobre el estado ambiental de la Cuenca.
  5. El saneamiento de basurales es limitado.
  6. Los indicadores de avance del plan no existen.
  7. La urbanización de villas y asentamientos se encuentra parcialmente incumplida.
  8. Las grandes obras de infraestructura y servicios sanitarios registran avances significativos, al igual que el plan sanitario de emergencia.
  9. El ordenamiento ambiental del territorio no ha sido abordado adecuadamente

No obstante ello, no debe primar la frustración, sino que por el contrario las demoras de los gobiernos nos llevan a redoblar los esfuerzos y a ratificar el compromiso para lograr la recomposición ambiental de la Cuenca (…) en coincidencia total con el fallo emitido por el máximo tribunal de la nación, el que debe ser cumplido en su totalidad.

Este Cuerpo Colegiado ha puntualizado en diversas ocasiones las inconsistencias en el accionar gubernamental, que nos llevan a sostener inevitablemente una valoración negativa de lo actuado hasta la fecha (…). Por lo tanto estimamos necesario concluir que este es el momento en que la Autoridad Judicial debe hacer efectivas, en forma plena, las herramientas sancionatarias previstas por el Tribunal Supremo en dicho fallo, a efectos de evitar nuevas dilaciones y retrocesos en el desarrollo de las acciones de los gobiernos obligados a dar cumplimiento de la sentencia; y, por otro lado, se debe avanzar en la determinación de las responsabilidades de quienes, por omisión o negligencia, permitieron llegar a esta situación de incumplimiento”.