Quieren desaparecer los derechos indígenas. No lo van a lograr.

Reclamamos la prórroga urgente de la ley 26.160 que protege a las comunidades indígenas de ser privadas de sus tierras.

corpachada

En noviembre de este año, vencerá la ley 26.160 que protege a los pueblos originarios de ser desalojados de sus territorios y que exige sean reconocidos a través de un relevamiento. En un contexto de atropellos y ataques violentos hacia estas comunidades por parte del Estado y de los intereses empresariales, la prórroga urgente de esta ley es fundamental para defender tanto los derechos humanos y territoriales indígenas, como la biodiversidad de los territorios que habitan.

 Un proyecto de prórroga ya fue presentado por los senadores nacionales Pino Solanas (Proyecto Sur) y Magdalena Odarda (CC-ARI). Pero el senado votó, como si hubiese tiempo, postergar el asunto. Este jueves 21 de septiembre se realizó un debate abierto en el que se hizo entrega de la “Carta Pública por los Derechos Indígenas” (firmada por centenares de organizaciones y referentes sociales, políticos e intelectuales) que solicita al Congreso Nacional la urgente prórroga de la legislación y el respeto de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas.

La ley

Hace ya 11 años, en 2006, fue sancionada la ley 26.160 para “operativizar los derechos indígenas tan declamados como desconocidos en la práctica”. La misma declara la “emergencia en cuanto a  la propiedad y posesión” del territorio por pueblos originarios, suspende por cuatro años los desalojos y ordena al  Instituto Nacional de Asuntos Indígenas relevar las tierras por ellos habitadas. Este registro es particularmente importante porque compone un conciso acercamiento, amparado en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, hacia el  acceso de los títulos de propiedad que legítimamente les corresponden.

De aplicación lenta -hasta hoy sólo se han relevado el 49% de las 1.532 comunidades identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (Reteci)-, la legislación requirió prórrogas, las cuales fueron reglamentadas por la ley 26.554 hasta el 2013  y la ley 26.894 hasta el 23 de noviembre de 2017.  Sin un nuevo plazo, las comunidades indígenas

La situación nacional

El problema de esta ley no es, por supuesto, aislado. El caso de Santiago Maldonado -el joven desaparecido, según apuntan todos los testigos, por gendarmería el 1° de agosto durante un allanamiento ilegal a la comunidad Mapuche Pu Lof- sacude el país y visibiliza la desprotección y el ataque a los cuales el Estado y los intereses empresariales someten a los pueblos indígenas. “Te vamos a hacer desaparecer como a Maldonado”, tuvo que escuchar el cacique del pueblo ocloya, Néstor Jerez, de la boca de dos privados que intentaron asesinarlo el pasado agosto . El nieto del cacique Qom Felix Díaz, cuyo sobrino ya había sido asesinado, sigue desaparecido.

El gobierno y los medios hegemónicos responden demonizando a las poblaciones indígenas: la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (y cabeza de la fuerza que habría desaparecido a Maldonado) ha llamado a los mapuches terroristas y los ha acusado de estar financiados por una organización inglesa. Aún en vigencia de la ley, los desalojos ilegales siguen ocurriendo; sólo en Misiones se produjeron al menos nueve[1] desde que la ley fue sancionada.  En Neuquén, seis miembros de la comunidad Campo Maripe fueron capturados por “rebeldía”, acusados de haber usurpado la tierra en la que vivieron desde siempre. En Formosa, al joven Wichí Agustín Santillán que reclamó por tierras, agua y educación, se le fue negada la excarcelación, a pesar de que se declararon nulos los procesos legales en su contra. Amnistía Internacional Argentina, lleva contados desde 2015 al menos 200 casos de incumplimiento de los derechos indígenas por parte de autoridades gubernamentales y/o empresas privadas nacionales e internacionales.

Son estas mismas entidades las que, en medio de la represión, se afilan los dientes. Las topadoras no frenan su avance sobre el monte nativo que las comunidades indígenas cuidan desde tiempos ancestrales, como en el caso de la comunidad Chapa’í, en San ignacio, Misiones.

Las consecuencias

 

Si se vence la suspensión de los desalojos, la crisis será grave y múltiple. Por un lado, significaría dar piedra libre a la violencia que ya se ha desatado -hasta ahora ilegalmente y más solapada- sobre las comunidades, aumentando el atropello sobre sus derechos humanos. Por otro lado, para muchas podría significar el despojo completo de sus tierras, en contradicción con los pactos internacionales, la Constitución Nacional, y el derecho histórico. Sería también privarlos de sí mismos: “Nuestra identidad y nuestro motivo en el mundo es ser parte de este entramado de vida y defender a nuestra Madre Tierra”, sostuvo la cacique comechingona Mariela Tulián, de la Comunidad Tulián, en dialogo con Amigos de la Tierra. Y agregó que: “Vamos a seguir luchando por lo que para nosotros es el refugio de nuestra cultura. Eso es el monte nativo. Sin monte nativo, no tenemos identidad”.

De hecho, el  impacto ambiental también sería enorme. Las comunidades indígenas son un fiel ejemplo del manejo comunitario y ecológicamente responsable del territorio. Sus saberes ancestrales y su cosmovisión los convierten en fieles guardianes de la tierra que habitan y sus recursos. Las topadoras, las sojeras y las mineras que esperan con ansias los desalojos, no. Incluso las reservas conservacionistas -muchas veces monedas cedidas por las empresas a cambio de los permisos para destruir otros territorios mayores- no hacen más que alejarnos de la idea de que es posible convivir con la naturaleza, y no separados de ella por un alambrado.

 

Apenas a dos meses del vencimiento de la ley, el Senado continúa postergando, sino evitando, la prórroga. Por eso, las comunidades indígenas se movilizan y el apoyo de todas y todos es fundamental para lograr presionar al poder legislativo sobre el asunto.

[1] Hubo 9 desalojos de comunidades mbya, en plena vigencia de la ley 26.160. (16 de septiembre de 2017. Misionescuatro.com. Recuperable en: http://www.radiocataratas.com/noticia_33404.htm