Los plazos se vencen y el tiempo sigue transcurriendo

En junio de 2006 el diputado Miguel Bonasso presentó el Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Entre idas y vueltas, y con el apoyo de más de un millón y medio de firmas recolectadas por diversas organizaciones sociales, por suerte para la mayoría y para disgusto de algunos pocos, la ley fue sancionada en noviembre de 2007. Poco más de un año después, en febrero de 2009, es cuando se reglamenta este proyecto de ley como la Ley 26.331. Demorar catorce meses en reglamentar una ley es algo preocupante y, a la vez, muy peligroso.

Esta normativa establece que, en un plazo máximo de 1 año, cada provincia deberá realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) a través de un proceso participativo. Durante su realización, no se podrán autorizar desmontes. Una vez cumplido el plazo, las provincias que no lo hayan concretado no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques. Este ordenamiento consiste en zonificar la superficie en tres categorías. Rojo: sectores de alto valor de conservación, no se pueden desmontar. Amarillo: sectores de mediano valor de conservación que de mantenerse pueden llegar a ser de alto valor. Verde: sectores de bajo valor de conservación que pueden verse sujetos a transformaciones parciales o totales.

Otro ítem de la ley puntualiza sobre la creación de un fondo destinado a las provincias que aprueben por ley su OTBN, con el fin de fomentar la conservación de bosques nativos y detener el avance de desmontes y de la tala ilegal.

Actualmente, en la Argentina, sólo Santiago del Estero, Salta, San Luis y Chaco tienen aprobado su ordenamiento territorial por ley provincial. Otras provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Santa Fe y Neuquén lo hicieron mediante un decreto, por lo que se ven impedidas de gozar del fondo estipulado por la ley nacional.

Acotando un poco el territorio analizado y yendo a la Cuenca del Río Uruguay (cuyas provincias sufren más del 50% de la deforestación total del país), encontramos a Entre Ríos, donde el OTBN todavía no fue concluido en todas las regiones, y donde el Poder Ejecutivo no ha presentado aún un proyecto para que posteriormente puedan realizarse las audiencias públicas correspondientes.

En el caso de Corrientes sucedió algo particular, ya que fue una de las primeras provincias en terminar el OTBN y realizar las audiencias públicas. A partir de éstas, debido a la cantidad de “zonas verdes” que se establecían y porque la provincia pretendía sacarlo mediante un decreto, es que diversas organizaciones ambientales acuden a un recurso de amparo, y es así que la Justicia falla a favor de rehacer el ordenamiento. Luego de modificaciones imperceptibles, el Senado provincial ya le dio media sanción y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados. Las organizaciones pelean por un cambio real del OTBN.

Por último, tenemos a Misiones (región boscosa por excelencia), otra provincia más que para evitar la participación plural de la sociedad, apoyó la normativa con un decreto. Organizaciones sociales se encuentran peleando contra esto, presentando recursos para que la situación cambie.

El contexto es penoso, a 27 meses de la sanción de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sólo cuatro provincias argentinas tienen aprobado su OTBN mediante ley provincial, y otras pocas apoyándose en decretos y escapando a la participación masiva. Pareciera que, a los gobernantes, la participación popular para la construcción de nuestro país no es algo que les importe en demasía, que el tiempo es algo que consideran relativo y que nada hay que los apresure.