La Ley de Bosques fue reglamentada

Demorar catorce meses para reglamentar una ley es algo preocupante y a la vez muy peligroso. Hacerlo en el plazo que establece la norma no es mérito alguno, sino que es el deber de quienes tuvieron esa responsabilidad a su cargo.

O sea que al analizar este acontecimiento debemos ser muy críticos con quienes ejercen funciones públicas y no lo hacen de manera eficiente. Las actuales autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación echaron culpas sobre sus antecesores en la demora y toman esta reglamentación como un logro de gestión al poco tiempo de asumir sus funciones.

Unos días antes de haber sido reglamentada la ley, la ciudad de Tartagal era nuevamente arrasada por barro y agua y las vinculaciones de este “fenómeno natural” con las autorizaciones de desmonte en la provincia de Salta podemos decir que son muchas y determinantes. Con lo cual la reglamentación de la ley puede haber sido acelerada porque las evidencias de que su sanción fue necesaria y su reglamentación imprescindible son cada vez más frecuentes.

El Secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni manifestó que ni la desgracia de Tartagal aceleró la reglamentación, ni los desmontes fueron causas del alud salteño, quitando cualquier vínculo entre este hecho y su gestión y dejando sin responsabilidad de lo sucedido en Salta a los que autorizaron los desmontes en la provincia.

En el 2006 se desmontaron 300 mil hectáreas en todo el país y en 2007 el ex gobernador Romero otorgó permisos para desmotar 478 mil hectáreas solamente en Salta. Contar con una ley que ponga límites a la actividad agropecuaria, evitando nuevos avances sobre el bosque nativo, es fundamental para frenar la destrucción del ambiente y evitar así nuevos perjuicios para las personas y los ecosistemas que habitamos.

Los desequilibrios provocados sobre el normal funcionamiento de los ecosistemas de los cuales nos valemos para vivir, tarde o temprano se manifiestan. Un informe elaborado por ingenieros de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) y publicado en 2006 alertaba sobre los riesgos de que ocurrieran nuevas catástrofes en Tartagal. La investigación que lleva por título “Diagnóstico y Evaluación de la cuenca del Río Tartagal y área de influencia” y que fue elaborada por Claudio Cabral y Gloria Plaza, aseguraba que en la cuenca alta del Río Tartagal “la cobertura vegetal ha sido alterada y modificada”, lo que significa que en zonas de fuertes lluvias y fuertes pendientes es muy probable que se produzcan aludes. Seguramente este informe y sus recomendaciones no fueron atendidos o tenidos en cuenta como hubiese correspondido, tal vez porque la necesidad de continuar con los negocios forestales de unos pocos pudo más que el bienestar de muchos.

Varias organizaciones de la sociedad civil nos manifestamos a favor de la sanción de la ley y durante los últimos meses enviamos cartas a las autoridades de la Secretaría de Ambiente y el COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) ambos organismos responsables de la reglamentación de la ley, advirtiendo entre otra cosas, sobre los perjuicios que estaba generando la falta de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de cada provincia. Obtuvimos como respuesta la descalificación pública de Homero Bibiloni y algunas instituciones recibieron llamados telefónicos y notas electrónicas o postales, de parte de la Secretaría a su cargo, intimándolas a que ratifiquen o rectifiquen la carta a la cual habían suscripto en forma conjunta.

Todas las instituciones ratificamos nuestro mensaje y redoblamos esfuerzos para hacer pública nuestra visión y nuestro apoyo a la protección del ambiente, los bienes comunes que lo componen y a velar por el cumplimiento, sanción y reglamentación de las leyes que lo protegen. Sabemos que la tarea a realizar es compleja, ya que cada provincia debe cumplir con el ordenamiento territorial teniendo como fecha límite julio de 2009, mediante un proceso de consulta pública y participativa y esta práctica democrática es para muchos difícil de cumplir y de sostener.

Mientras tanto un nuevo peligro se pone de manifiesto: el veto presidencial a la Ley de Glaciares, con lo cual parece que la lección que algunos deberían haber aprendido a partir de las reacciones del ambiente a las malas prácticas humanas, no ha sido suficiente.