El Poder de las Empresas Transnacionales vs la Soberanía de los Pueblos

¿Quiénes son las “Empresas Transnacionales” (ETNs)? Son empresas que operan en más de un país, generalmente en varios, y en la mayoría de los casos tienen sus casas matrices en países ricos del Norte (Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia o Japón). Existen también empresas de esa naturaleza cuyo origen está en países emergentes, como Brasil, India, China, México o Rusia. Hay empresas que abarcan varios ramos de actividad, otras que poseen toda una cadena productiva (producción, elaboración, distribución y comercialización).

banner-cuadrado-web

Su carácter transnacional les ha permitido movilidad y flexibilidad que les permite aprovechar las distintas ventajas para obtener sus ganancias. Salvo excepciones, se aprovechan de los bajos salarios o las normas laborales bajas para instalar sus plantas productoras, de estándares ambientales menos exigentes o bien de lugares donde es más fácil “comprar” a los gobernantes, a los legisladores o a la justicia.

Las empresas transnacionales poseen un poder político y económico que supera a los de muchos países del mundo. Este poder las transforma en actores políticos que presionan a los poderes públicos para que estos generen reglas, normas y otras concesiones que los beneficien.

Alta concentración de riquezas, alta concentración de empresas. A medida que las ETNs son más grandes económicamente, ejercen mayor poder político sobre las instituciones públicas y los gobiernos, que por esa razón comienzan a generar leyes, normas y decisiones públicas que las beneficia.

El mito de las inversiones de las empresas extranjeras. Debemos pensar que las empresas extranjeras vienen por ventajas que no tienen en otro lugar del planeta: 1- menores salarios, 2- derechos sociales y laborales bajos, 3- impuestos y obligaciones tributarias bajas o nulas, 4 – acceso fácil y barato a recursos naturales y energía, 5- normas ambientales, laborales y financieras permisivas o inexistentes, y 6- estados – y sobre todo su sistema judicial – débiles y vulnerables.

El resultado del ingreso de las empresas extranjeras no resulta generalmente en grandes beneficios para los países anfitriones. Los casos más extremos reportan explotación intensa de los patrimonios naturales con conflictos ambientales para las comunidades locales. Los servicios públicos son otro ejemplo. Se empeora el servicio cuando los gobiernos los entregan a las transnacionales sea a través de las asociaciones público privadas o la privatización.

La “Arquitectura de la impunidad” versus el Acceso a la justicia para los afectados por la operación de las ETNs. La asimetría de poder entre las empresas y las personas o comunidades afectadas por su operación redundan en una aplicación de la justicia “asimétrica” en la cual los derechos de los poderosos valen más que la de los afectados. La concentración de riqueza y poder resulta en una creciente impunidad corporativa en materia de violaciones a diversos derechos humanos, laborales, ambientales.

Una de las principales razones sistémicas para la impunidad corporativa generalizada es  la “arquitectura de la impunidad”: el marco normativo asimétrico que proporciona a las transnacionales “super derechos” y mina todas las normas jurídicas diseñadas para proteger los derechos humanos y padrones ambientales

La construcción de la “arquitectura de la impunidad” les ha dado más derechos a los inversionistas que a las personas: leyes de patentes farmacéuticas y de semillas, normas de flexibilización laboral, desregulación y privatización de servicios que mercantilizan.

Violaciones a los derechos humanos y la acción de las empresas. Son situaciones casos específicos, o sistémicas a nivel global, como la responsabilidad de las ETN por el cambio climático o del capital financiero mundial concentrado en los bancos, por la crisis financiera mundial y sus secuelas.

ETNs y Estados aliados se han opuesto de forma sistemática a la adopción de normas vinculantes a nivel internacional, que las obliguen a pagar por los crímenes cometidos por los diversos actores involucrados en su operación. Afortunadamente, la movilización social continúa y la sensibilidad de algunos gobiernos produjo una novedad en este cuadro. En junio de 2014, una votación apretada en la ONU abrió mediante una resolución la negociación entre Estados de un Tratado vinculante internacional en materia de derechos humanos y empresas.

Los pueblos se movilizan y reivindican la vigencia de sus derechos y su soberanía.

De todas formas, resistencias puntuales o localizadas a la instalación de empresas, o a la privatización de servicios públicos, u otros tipos de intervención de las ETNs quedaron en su especificidad local o contribuyeron con la oposición sistémica al neoliberalismo junto con otros movimientos. El agravamiento de los impactos, sin embargo, fue aglutinando nuevas alianzas en la resistencia, de particular importancia han sido la resistencia a los proyectos mineros, el extractivismo y los llamados megaproyectos de infraestructura que en nuestro continente se fueron articulando a lo largo de los últimos diez años. Campesinos actuando contra las empresas de transgénicos y los pesticidas, mujeres contra la explotación en las maquilas, indígenas por la defensa de sus territorios, trabajadores y trabajadoras en la defensa del trabajo decente, entre otros grupos y organizaciones de afectados comenzaron a focalizar su acción sobre aquellos que están por detrás de las violaciones: las empresas transnacionales.

Las articulaciones de afectados, movimientos y organizaciones de Europa y América Latina, construyeron a través de Tribunales Permanentes de los Pueblos, sesiones que dejaron en claro el problema derivado por la intervención de las empresas sobre los territorios de nuestra Región, y de la que derivara luego la “Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Corporaciones, y detener la Impunidad”, hoy un espacio de alcance mundial que actúa como un lugar de articulación de campesinos, ambientalistas, mujeres, indígenas, jóvenes, sindicalistas y activistas de todos los continentes movilizados o afectados por los abusos del poder de las corporaciones transnacionales.