EL CIADI  beneficia una vez más a las trasnacionales: ¿Agua pública o privada? ¿Derecho o mercancía?

En 1993, la concesión de Obras Sanitarias fue aprobada por un decreto del ex Presidente Carlos S. Menem y se cedieron todos los derechos por 30 años a la empresa Aguas Argentinas Sociedad Anónima. El pasivo y las deudas de Obras Sanitarias no fueron asumidos por la empresa privatizadora, quedando éstos a cargo del Estado.

Aguas “Argentinas” tenía como socios mayoritarios a la francesa Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez y al grupo nacional Soldati. Asimismo, participaban otras tres empresas extranjeras (la española Sociedad general de Aguas de Barcelona-Agbar, controlada por la Suez, la francesa Compagnie Generale des Eaux y la inglesa Anglian Water Plc.) y otras dos de capitales locales (Grupo Meller y el Banco Galicia de Buenos Aires). Gracias a su agresiva estrategia de expansión, veinte de las treinta mayores ciudades que concesionaron el servicio de agua potable en el mundo entre 1995 y 2000 lo hicieron con Suez. Buenos Aires, una de las primeras adquisiciones de la corporación, constituyó el sistema de saneamiento más grande del mundo dado en concesión, ya que la población total superaba los 8,6 millones de habitantes, de los cuales 6 millones eran usuarios.

Luego de sucesivas revisiones y con el paso del tiempo, el aumento para usuarios con servicio medido llegó al 475% respecto de la última factura pagada a Obras Sanitarias de la Nación. Para usuarios sin servicio medido el aumento fue del 175%, a pesar de que el propio contrato de concesión prohibía toda revisión tarifaria.

La rentabilidad de Aguas Argentinas durante 1999 fue superior a la de algunas de las mayores empresas de la Argentina. Sin embargo, la desinversión realizada durante su gestión es evidente y ha dejado consecuencias sanitarias graves en todo el conurbano bonaerense: la empresa fue responsable por el desbalance hídrico que afecta a su área de prestación, que ha elevado las napas freáticas, anegando desagües cloacales que desbordan numerosos barrios, como Lomas de Zamora y Lanús.

Se detectaron altos niveles de nitratos en pozos de agua, que generan casos de graves enfermedades (como por ejemplo, la hemoglobobinemia, que puede tener consecuencias fatales en niños menores de 6 meses) con zonas críticas en los partidos de Morón, La Matanza, Tres de Febrero, Tigre, Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown y Esteban Echeverría, y presencia de coliformes totales (es decir, materia fecal). Las enfermedades prevenibles relacionadas con el agua, matan 5 millones de personas cada año, 4 millones de éstas son niños.

La expansión de la cobertura se evitó en los barrios que no poseían capacidad de pago, excluyendo amplios segmentos de la población del servicio público, con el agravante que el agua, a diferencia de otros servicios resulta indispensable para la vida. Los usuarios de agua potable no son simples clientes, sin embargo la empresa efectuó cortes de aguas y cloacas y a la vez continuó cobrando el servicio, incumpliendo disposiciones legales existentes mientras que embargaba judicialmente las viviendas de los usuarios por deudas impagas.

Al revisarse los contratos de concesión de servicios públicos, Aguas Argentinas protagonizó varias disputas con el poder ejecutivo. Finalmente en marzo de 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner anuló por decreto la concesión, aduciendo que no se habían cumplido los niveles prometidos de inversiones y de calidad del servicio. Se reveló que 43 de las 151 fuentes de agua potable contenían un nivel de nitratos superior al permitido.

La cantidad total de multas impuestas a la privatizada, en 2006 ascendió a más de 25 millones de pesos, pero la empresa demandó al estado argentino por 1800 millones de dólares en el CIADI (Centro internacional de Arreglo de las Diferencias relativas a las Inversiones), alegando una supuesta vulneración de la seguridad jurídica a raíz de la devaluación.

El 2 de agosto de 2010, 4 años después de la reestatización de la empresa  y apenas 5 días después que la ONU declarara “el derecho al agua potable segura y al saneamiento como un derecho humano que es esencial para el goce pleno de la vida y de todos los derechos humanos”, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal del Banco Mundial, falló contra Argentina en la demanda interpuesta por la firma francesa Suez y la española Aguas de Barcelona (Agbar).

Ahora los argentinos deberemos indemnizar a la trasnacional, una de las más grandes corporaciones que negocian con el agua, por no haber permitido que continúen sus ganancias extraordinarias sin importar la emergencia sanitaria que provocaron en una de las ciudades más grandes de Latinoamérica.

El agua es un bien común cuya valorización excede lo económico y no se reduce a valores y precios de mercado. El agua es fundamental para la vida, por eso es un derecho humano fundamental. Así se logró que lo reconocieran 124 países en la votación de Naciones Unidas del memorable 28 de julio de 2010. Este derecho no tiene precio y no genera ganancia. Su gestión comunitaria necesita un cambio de paradigma. Si los conflictos se dirimen con las reglas de la globalización, los pueblos pierden. Este es el caso testigo.