Andalgalá contra la megaminería: una lucha de tod@s

Recorremos la lucha de la Asamblea El Algarrobo contra la contaminación minera.

Cuando Urbano y Raúl tenían 61 y 63 años, empezaron a oír de la llegada del yacimiento minero Agua Rica a las cercanías de su apacible pueblo de Andalgalá. Si se imaginaban 18 años en el futuro, difícilmente hubiesen podido imaginar que, por ese yacimiento iban a quedar detenidos, unirían a su pueblo bajo un árbol, y serían artífices colaborativos de un fallo judicial histórico para la defensa del territorio argentino.

A pesar de su nombre hispánico, el proyecto minero Agua Rica pertenece a la empresa transnacional canadiense Yamana Gold, que hoy controla ya minas en Salta, Chubut y San Juan. Pero incluso las trasnacionales como estas pueden ser frenadas, al menos por ahora, como sucedió con el fallo de la Corte Suprema logrado en 2010 por la Asamblea el Algarrobo, formada por los vecinos de Andalgalá, Catamarca. Esto, sin embargo, no significa que la compañía haya dejado de accionar en la provincia. Los andalgalenses continúan denunciando a los camiones que ilegalmente siguen trabajando en las sombras, con la vista gorda (y hasta buena) de las autoridades provinciales.

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Los vecinos de la ciudad catamarqueña tenían buenas razones para oponerse. Aunque en su momento no se los reconocieran, ellos sabían ya que la mina Bajo la Alumbrera había asentado ya en la región un precedente de contaminación y enfermedad.  Tal es así que en 2017 fue penada por la justicia por su impacto ambiental en un fallo histórico y necesario.

 “Andalgalá es uno de los lugares de la República Argentina donde estudios hechos ha demostrado que el porcentaje de enfermos de cáncer es enorme”, nos contaba Raúl en septiembre de este año, con motivo de celebrarse la Primera Cumbre Latinoamericana del Agua  “Nada más que las autoridades sanitarias, porque tienen órdenes de arriba, llámese gobiernos de la provincia o de la nación, les prohíben dar la información real y lo cambian todo”. Ante la falta de estadísticas oficiales, la ONG ambientalista Pro-Eco afirma que el 80% de los casos de cáncer de la ciudad son producto de la megaminería. Por si fuera poco, a pocos kilómetros se ubica también el proyecto Farallón Negro, responsable de derrames de cianuro y explotada por una Unión Transitoria con Alumbrera Ltd. 12,5% de las acciones de La Alumbrera pertenecen a Yamana Gold.

Pero la lucha de los andalgalenses por Agua Rica no fue fácil. Desde aquella primera represión policial sufrida en la puerta de la escuela del Distrito de Malli les esperarían muchas, tan sólo por reclamar por un ambiente sano. “Cuando a mí me detuvieron porque con Aldo Flores paramos los camiones, y la fiscal cuando yo le dije ‘doctora, yo estoy defendiendo el art 41 de la constitución y no tengo nada más que decir”, nos contaba Urbano. Inclaudicante y a tres años de la primera represión, nacería formalmente la Asamblea El Algarrobo, así llamada en honor al árbol bajo el cual se reunían los vecinos para organizarse. En esas juntadas nacieron las Caminatas por la Vida. Así nos las describió Raúl: “consisten en dos vueltas a la plaza así llueva, truene, corra viento, este cayendo nieve, haga muchísimo frío, muchísimo calor, nada ni nadie nos  pudo detener en el tiempo”.

Desde entonces también tuvieron que caminar los tribunales. Desde para contrarrestar la negligente aprobación del plan de impacto ambiental de la transnacional, hasta viajar 1.600 kilómetros hacia Buenos Aires y dormir en las afueras de la Corte Suprema de la Nación, en dos Acampes por la Vida que precedieron el fallo que abriría muchas puertas a la defensa del territorio y el buen vivir. Tras años de lucha, la máxima autoridad de justicia nacional se expide a favor de los andalgalenses y exige un nuevo informe de impacto ambiental.

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EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN[1]

En su resolución, el máximo Tribunal de justicia argentino sostiene que:

  • la autorización de explotación al yacimiento minero Agua Rica, dictada por el Estado Provincial, reconoce que puede producirse un agravio al medioambiente, que por su magnitud y circunstancias puede ser de insuficiente o imposible reparación;
  • tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro, cuando se persigue la protección del bien colectivo en las cuestiones de medio ambiente;
  • la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca no aplicó el derecho vigente de una manera lógica y razonada; tampoco escuchó a los vecinos, ni analizó las normas aplicables a sus reclamos;
  • el rechazo de la acción de amparo por parte de los tribunales provinciales no puede fundarse en una interpretación ritual e insuficiente de las alegaciones, ya que el amparo existe justamente para proteger los derechos fundamentales y no el resguardo de competencias;
  • la realización de un Informe de Impacto Ambiental, previo al inicio de las actividades, no implica una decisión prohibitiva de la actividad sino más bien una instancia de análisis reflexivo que debe ser realizado sobre bases científicas y la participación ciudadana.

Mientras tanto, allá por el 2010 y mientras la justicia actuaba, las cortes intermedias ya habían ordenado la suspensión de toda actividad minera. Pero los camiones con maquinaria siguieron llegando y la policía excusó “no tener medios” para controlar que no se realizara explotación ilegal en el yacimiento. Esa misma policía no tuvo problemas en reprimir el mayo pasado a los vecinos en la protesta de Pucará, mientras se manifestaban contra el incumplimiento de la ley por parte de la minera y la inacción política.

Sin embargo, quienes luchan por el aire que respiran y el agua que beben, no tienen más opción que  no rendirse.  Hace tan sólo unos meses,  los vecinos de Andalgalá, junto a más asambleas catamarqueñas y tucumanas, convocaron a la Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos, con apoyo de activistas medioambientales y sociales  de todas partes.

Hoy, Yamana Gold continúa su lobby, exigiendo a las autoridades provinciales la derogación de la ordenanza municipal que, desde 2016, prohíbe la explotación minera en el cordón montañoso Nevado del Aconquija, como forma de cumplimiento de la Ley de Glaciares. Los andalgalenses saben que no pueden fiarse de las autoridades catamarqueñas, que harto demostraron de qué lado estaban cuando negaron la posibilidad de realizar un plebiscito, como se pedía desde la Asamblea el Algarrobo y como hubiese implicado respetar la voluntad de los pueblos.

Por eso, nuestro apoyo es tan importante. El Algarrobo nos trajo, con sudor, un fallo que sienta una jurisprudencia valiosa para todxs los que aspiramos a respirar sin enfermarnos, a fiarnos de un vaso de agua, a vivir sanos, a cuidar el mundo que habitamos. Es nuestro deber retribuírle. No será la primera ni la última vez que la lucha de los pueblos haga retroceder a los explotadores de las multinacionales.

Con la misma fuerza que lo dijo Raúl: “La gran preocupación nuestra como personas mayores, es la gente que viene por atrás nuestro, llámense hijos, nietos, parientes, amigos, hijos de amigos… Tenemos la obligación de dejarles nuestro pueblo en paz, libre de contaminación, que respiren un aire puro, y que no se dejen llevar por las mentiras de los extranjeros que nos vienen a quitar los bienes de nuestra tierra”.

MÁS INFO: Para consultar el informe "El agua es vida, el oro es un metal"de Radio Mundo Real, seguí el siguiente enlace
https://rmr.fm/informes-especiales/el-agua-es-vida-el-oro-es-un-metal/?fbclid=IwAR2MnhSKgOWUYdtMrpSwUBV_Hu2DskMaZqyBXhlTiUp38q4iKjykQH0DoyI

 [1] CSJ 1314/2012 (48-M) /CS1 RECURSO DE HECHO Martínez, Sergio Raúl c/ Agua Rica LLC Suco Argentina y su propietaria Yamana Gold Inc. y otros 5/ acción de amparo, 2 de marzo de 2016.http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7285524&cache=1533340014974; http://www.cij.gov.ar/nota-20151-Megaminer-a–la-Corte-Suprema-hizo-lugar-al-recurso-de-los-vecinos-de-Andalgal-.html